La iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Baja California ha sido cuestionada por diputados de la oposición, quienes se quejan de que las comisiones ordinarias pudieran desaparecer una vez que entre en vigor la nueva normatividad, en el ánimo de que se integrarán las que la Junta de Coordinación Política considerase acordes a “las necesidades del Congreso”. La propuesta del diputado Juan Manuel Molina privilegia solo a las comisiones con facultad de dictaminar. Entre estos órganos legislativos figura el de Reforma del Estado y Jurisdiccional, que por lo visto, no está satisfaciendo los requerimientos del Poder Legislativo, con todo y que de acuerdo con el proyecto de reforma, figura entre las comisiones que deben prevalecer. Encabezada por Claudia Josefina Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo (aliado de Morena), la Comisión raya en el extremo de que no ha sesionado una sola vez en lo que lleva en funciones la XXIII Legislatura (prácticamente un año). Según se dice, negligencias de esa índole pueden repercutir en que “haya juicios políticos que ya hayan caducado por la inacción de la Comisión”. De hecho a los integrantes de ese órgano legislativo se les citó para instalarse, pero el acto se canceló. En situación similar se encuentra la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Conurbación e Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, igualmente contemplada como dictaminadora y presidida por el diputado morenista Ramón Vázquez Valadez. Por lo que respecta a ambas comisiones, en el registro videográfico de sesiones no hay indicio de su operatividad. He ahí la productividad de dos órganos en manos de la Cuarta Transformación, cuya función se estima prioritaria.
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