Se aplica a la persona que se aprovecha de alguien o se apropia de algo de manera artera, como adjetivo o como sustantivo, de acuerdo a lo que establece la Academia Mexicana de la Lengua Española. Me parece muy adecuado, por tanto, el mote de “Ley Gandalla”, con el que popularmente se bautizó a la serie de reformas constitucionales a los artículos 16, 78 y 80, aprobada por el Congreso del Estado de Baja California (la H. está cada día más en duda), que permiten a diputados, regidores y alcaldes, buscar la reelección inmediata al cargo, sin la necesidad de dejar su puesto.
Los diputados que votaron esta ley, los presidentes con sus respectivos cabildos que la aprobaron (como el de Rosarito), y los que por omisión la avalaron (como es el caso de Tijuana, Mexicali y Rosarito), no cabe duda de que se aprovechan de manera artera de su posición para favorecer sus posibles postulaciones en los próximos comicios. En esa misma intentona de gandallismo legislativo, los diputados federales de Morena aprobaron la posibilidad de reelegirse en el cargo hasta por cuatro períodos consecutivos, lo que, sin embargo, no se convirtió en ley debido al rechazo que generó en la opinión pública, por lo que la intentona fue frenada por el Senado.
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Otro morenista montado en la cresta de la política gandalla de la “cuatroté” es el gobernador poblano, Miguel Barbosa, el mismo que en 2015 escribió “la soberbia de AMLO parece infinita. Morena no es un partido nuevo, cómo lo va a ser con rostros como el de López Obrador”. Aprovechándose de su poder, el poblano -que aparece en todas las encuestas como uno de los peores mandatarios estatales- anunció intempestivamente un recorte del 60% para los ayuntamientos de su estado en este mes de julio: más de 400 millones de pesos menos, con lo que los munícipes no podrían cubrir servicios esenciales como la seguridad pública y el servicio de limpia; en muchos casos ni siquiera la nómina.
Ello motivó la inmediata protesta de varios alcaldes, destacadamente de los emanados de las filas del Movimiento Antorchista que acudieron a Casa Aguayo, sede el gobernador, a exigir el cese de tamaña arbitrariedad. Pero el abuso de poder también se ha manifestado en la descalificación y persecución de los que se atrevan a disentir de las políticas, deseos, caprichos u ocurrencias de los gobernantes en funciones:
Desde el ataque a periodistas que opinan diferente al gobierno o que se atreven a cuestionar la información emitida desde sus conferencias o boletines, al publicar datos que difieren de las oficiales, a los que se tacha de “prensa vendida”, hasta la descalificación de todo tipo de organizaciones sociales, feministas, campesinas, de intelectuales, científicos y movimientos sociales como el Antorchista, a los que se ha tildado de intermediarios, prevaricadores de los programas sociales, intermediarios, etc.
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Que nadie tenga voz, más que la de la autoridad morenista. ¡Vea, escuche, calle y obedezca!; tal es el mandato que, desde las alturas del poder, se quiere imponer a todos los mexicanos. Para los que se atrevan a desafiarlo, se tiene destinada una inmensa batería de insultos para descalificarlos mediante bots en las redes y desde las declaraciones oficiales. Si no basta, se pasa a la persecución judicial arbitraria, como la que ha emprendido Barbosa en contra de Rosario Sánchez Hernández, líder de la zona norte de la capital poblana.
Vivimos en la era del gandallismo oficial, que lo mismo nos receta nuevos impuestos al transporte, a las plataformas para distribuir alimentos (en plena pandemia), nuevos impuestos a la gasolina (como ocurrió en Baja California), recortes a programas esenciales -incluyendo la salud- que se niega a apoyar a las familias afectadas por la pandemia o a los empresarios que ya no pueden sostener sus negocios.
“Si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el empresario el que asuma la responsabilidad, o los socios, o los accionistas”, dijo el Presidente López, como si la mayoría de los empleos los generaran los empresarios “pachuchones”, como él los llama; esos que, por cierto, lo acompañaron a cenar con Trump, y no las Pymes, que son las que generan alrededor del 72% del empleo. Su gandallismo está hundiendo al país y no debemos permitir que nos distraigan con los shows mañaneros que se verán reforzados con los procesos contra Duarte y Lozoya, para ocultar la falta de acciones para rescatar al país; en primer lugar, a su fuerza productora, el pueblo trabajador.
La CEPAL (Comisión Económica Para América Latina y el Caribe) estima que, de no aplicarse en México un ingreso básico universal de emergencia que se pague al menos durante seis meses, la pobreza crecerá en casi 10% y nuestro país será el cuarto más pobre del continente, apenas superado por los centroamericanos Nicaragua, Guatemala y Honduras.
Ignacio Acosta Montes.
Dirigente del Movimiento Antorchista en Baja California.
