La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) intervino legalmente conversaciones telefónicas que revelan un presunto soborno de millones de pesos a funcionarios del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca.
Ello, según la Fiscalía General de la República (FGR), para liberar a José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, quien ayer abandonó el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), número 1, El Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
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“La SEIDO, dependiente de la FGR, tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel “C””, informó la FGR.
“El Maestro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Ministro Presidente de la SCJN, ha comunicado a esta institución, a través de los conductos procedentes, que ha iniciado una investigación por los hechos de corrupción señalados y la FGR estará atenta a recibir cualquier denuncia al respecto”, agregó la Fiscalía.
María del Socorro Castillo Sánchez, Juez Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, dictó ayer la libertad por falta de elementos a “El Mochomo”, por el caso de delincuencia organizada que le fue imputado, tras la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
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Sin embargo, la FGR indicó este jueves 2 de julio, que el Juzgado le decretó la libertad al presunto narcotraficante, negándole valor a 21 pruebas que se presentaron y fueron admitidas en 2014, mismas que eran válidas en el sistema de justicia vigente en ese momento.
La institución, cuyo titular es Alejandro Gertz Manero, señaló que ante estas inconsistencias en el fallo judicial, la FGR apeló de inmediato la libertad en favor de “El Mochomo”.
El pasado 24 de junio, la Policía Federal Ministerial (PFM) detuvo a Casarrubias Salgado en el municipio de Metepec, Estado de México, donde fue ubicado después de vivir por varios años oculto en distintas zonas serranas del país.
La FGR le cumplimentó una orden de aprehensión librada el 21 de octubre de 2014 por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales de Toluca, por el delito de delincuencia organizada.
De inmediato fue puesto a disposición de la juez Castillo Sánchez, quien una semana más tarde le dictó la libertad por falta de elementos para procesar, aunque volvió a ser detenido cuando se disponía a abandonar el penal de máxima seguridad de El Altiplano, con base en una orden de localización y presentación de la SEIDO.
Esta tarde, la FGR adelantó que la investigación por la que fue arraigado y será imputado judicialmente es ajena a los hechos del caso Iguala. “De acuerdo con la nueva investigación del caso Ayotzinapa, se habrá de solicitar una nueva orden de aprehensión contra esa persona en este asunto, por hechos distintos a la acusación anterior”, dijo la Fiscalía.
Este mismo jueves, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició su propia investigación por posibles actos de corrupción en el juzgado que liberó ayer a “El Mochomo”.
La institución indicó que tuvo conocimiento de informaciones sobre el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, órgano que liberó al presunto narcotraficante, que amerita una investigación exhaustiva sobre la actuación del personal.
Dicho órgano de impartición de justicia está a cargo de la juez María del Socorro Castillo Sánchez y en la sentencia de Casarrubias Salgado participó el secretario de acuerdos Marco Aurelio González Romero.
“Derivado de información reciente en torno al caso de José Ángel C., el CJF ha presentado una denuncia interna para dar inicio a una investigación sobre posibles actos de corrupción y vicios jurídicos en el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México. Se trata de deslindar responsabilidades de manera contundente”, señaló la Judicatura.
“En este caso, información que ha llegado al CJF amerita una revisión exhaustiva. No será tolerada ninguna desviación que se aleje de la justicia, ni cualquier acto de corrupción que incida en las sentencias de la justicia federal”.
El CJF puntualizó que siempre ha velado y respaldado la autonomía e independencia de sus juzgadoras en sus resoluciones, pero, enfatizó, toda decisión debe estar fundada siempre en el derecho y con estricto apego a la ley.
En su cuenta de la red social Twitter, el ministro ñpresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteró la cero tolerancia a la corrupción.
“Apoyaremos siempre a la inmensa mayoría de las y los servidores públicos del #PJF que son honestos y trabajan por el país. Pero cualquier sospecha de corrupción será investigada. Seguiremos con una política de cero tolerancia a la corrupción”, tuiteó.
