Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, aseguró en una entrevista con la agencia británica Reuters, que el Gobierno Federal podría emitir órdenes de arresto contra presuntos evasores de impuestos en el próximo mes de septiembre u octubre de este año.
Están pendientes varias denuncias penales por violaciones en materia impositiva, dijo el funcionario federal, sin proporcionar detalles sobre la cantidad o las empresas que podrían enfrentar los cargos. “Íbamos a tener las primeras órdenes de aprehensión entre abril y mayo, pero se me atravesó una pandemia. Ahorita espero que entre septiembre y octubre […] Entre 2020 y 2021, va a haber gente en la cárcel”, afirmó Romero Aranda.
“Las tácticas difíciles son posibles debido a una reforma implementada este año que clasifica el fraude fiscal por más de 7.8 millones de pesos como un delito grave. Los sospechosos pueden ser arrestados cuando son acusados y detenidos durante el proceso”, recordó Reuters.
El procurador fiscal de la Federación le dijo a la agencia británica que el momento de los arrestos dependerá de que los tribunales y otras autoridades puedan reabrir luego del confinamiento por la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
Reuters subrayó que la Fiscalía General de la República (FGR) es la responsable de presentar cargos ante un juez y llevar a cabo arrestos basados en quejas presentadas por el procurador fiscal de la Federación.
Si grandes contribuyentes corporativos estuvieran bajo escrutinio, las órdenes de arresto podrían apuntar a varios puestos, incluida la persona a cargo de los pagos de impuestos, miembros de la junta, abogados y contadores, agregó el funcionario federal.
Romero Aranda agregó que este año, la Procuraduría Fiscal de la Federación cerró dos casos criminales “importantes” contra compañías, sin especificar cómo se resolvieron. En una tercera instancia, una empresa llegó a un acuerdo con el Gobierno Federal cuando se le presentó el riesgo de cargos criminales, destacó, aunque no identificó los casos cerrados o la compañía que llegó a un acuerdo.
El pasado 23 de junio,Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que se presentarían siete denuncias penales en la FGR, contra 43 grandes empresas factureras que supuestamente cometieron defraudación fiscal y lavado de dinero, al menos desde el 2010, cuando se comenzaron a detectar.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria federal aseguró que eran alrededor 8 mil 212 empresas y personas vinculadas, que simularon operaciones por 93 mil millones de pesos, las cuales dejaron de pagar al SAT hasta 55 mil 125 millones de pesos, de los cuales 93 mil son por operaciones simulares, que causaron 24 mil 583 millones de ISR y 11 mil 396 millones de IVA.
Buenrostro Sánchez afirmó que estas factureras comparten 244 clientes, personas físicas, y se analizaron 22 millones de facturas, de 2017, es decir, de la anterior administración. Explicó que los impuestos Sobre la Renta (ISR) y el del Valor Agregado (IVA) no se puede recuperar porque las empresas fantasmas no existen y las personas son prestanombres, por lo que intentarán recuperar más de 19 mil millones de pesos.
La titular del SAT dijo que a los que compraron las facturas falsas se les enviarán cartas a su buzón tributario para que regularicen su situación. Asimismo, apuntó que en caso de que no se regularice el contribuyente, entonces se tomarán otros acciones porque se dará vista a la Procuraduría Fiscal. “Se acabó la fiesta y todos debemos pagar impuestos”, indicó.
Buenrostro Sánchez afirmó que las “factureras” son las que facturan operaciones simuladas, inexistentes para aumentar gastos falsos a fin de que paguen menos impuestos. Dijo que también se realizan para pagar actividades ilícitas, ya que se simula el pago de un servicio cuando en realidad se paga una extorsión o de envío de drogas o un soborno a servidores públicos.
La funcionaria federal agregó que estas empresas realizan operaciones para simular pagos ilícitos, por los que recibe una comisión. Asimismo, puntualizó que este tipo de empresas factureras no paga contribuciones, es difícil de ubicar -ya que incluso dan direcciones en lotes baldíos- y no tiene empleados.
La titular del Servicio de Administración Tributaria agregó que aunque antes estas empresas operaban en algunos sectores como comercio y construcción, ahora también emiten facturas de servicio, lo que resulta difícil de comprobar, según indicó.
Por su parte, Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, dijo que se presentarán siete querellas contra los principales grupos de factureras, por defraudación fiscal y lavado de dinero, para equipararlo al de delincuencia organizada.
El funcionario federal anunció que se dará un plazo de tres meses para que se regularicen los que compraron facturas falsas o de lo contrario se presentarán querellas. “Hoy el mensaje que se quiere mandar es que se acabó la fiesta y que las factureras no pueden seguir adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales”, advirtió.
Romero Aranda advirtió respecto a las penas, que estas pueden alcanzar hasta nueve años de prisión por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, además de que explicó que quien compró la factura a falsa tiene prisión preventiva oficiosa y hasta 16 años de cárcel.
“Se va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado por años, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la Hacienda pública mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagar impuestos o no pagar completos sus impuestos; es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol, pero con relación a lo fiscal”, insistió el funcionario federal.
En su turno, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que “de la nada” surgieron empresas factureras para expedir documentos apócrifos, con el fin de lavar recursos, “mediante mecanismos de lavado de recursos los contribuyentes terminaban por no pagar completos los impuestos. Se creó como una especie de SAT paralelo, un sistema de recaudación paralelo”, explicó.
