Este 30 de julio de 2020, Rigoberto Laborín Valdez dejó la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) para ocupar el cargo de subsecretario de Saneamiento en la novel Secretaría para el Saneamiento y Protección del Agua en Baja California.
La designación no causó sorpresa, ya que el propio secretario Salomón Faz Apodaca había hecho el anuncio el 2 de julio pasado, durante una reunión con un grupo político Madrugadores.
Como encargado de despacho de la Dirección General de la Cespt se queda Sergio Antonio Rosete Weben, quien se venía desempeñando como subdirector financiero del organismo.
En la circular A202017056 -emitida hoy por el propio Laborín Valdez- se indica que en su ausencia y hasta que se nombre nuevo titular de la Cespt designó a Rosete Weben como encargado de despacho de la dirección de dicho organismo desde el 1 de noviembre de 2019.
Rosete Weben fue jefe de Servicios de Finanzas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, de mayo de 2014 a febrero de 2015.
Por ocho meses (de marzo a noviembre de 2013) fungió como secretario de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Tijuana, y antes, en 2011 fue tesorero municipal. Según versiones periodísticas en 2016 fue inhabilitado por dos años por irregularidades en la adquisición de luminarias en la administración del priista Carlos Bustamante Anchondo, bajo el expediente EXP/111/2015.
Los cambios en los organismos encargados del agua en el estado suceden en medio de una serie de cobros millonarios que la compañía Fisamex ha reclamado a empresarios arguyendo corrupción tanto de éstos como de funcionarios públicos.
Las irregularidades por derechos de conexión y cobro de agua no contabilizada que ha hecho Fisamex han tenido el aval del gobernador Jaime Bonilla Valdez, pese a que los empresarios han señalado que son injustificados e ilegales.
Por ello, alguna de las empresas señaladas como deudoras interpusieran amparos y lograran la suspensión de los actos de la autoridad para que les fueran reconectado tanto el drenaje como el suministro de agua.
Hasta el 29 de julio de 2020, sumaban 2 mil 477 millones 967 mil 324.37 pesos. A esa fecha, el gobierno había recuperado 686 millones 77 mil 365 pesos, pese a que una de las estrategias del cobro implicó cerrar el agua y drenaje de las empresas acusadas de deber. La cantidad recuperada representó el 27.68 por ciento del total. Por los 686 millones 77 mil 365 pesos Fisamex habría facturado 137 mil 215 millones 473 pesos.
