Para el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Salvador Juan Ortiz Morales, la desaparición del Consejo de la Judicatura -contemplada como reforma al Poder Judicial- es preocupante, pues pudiera repercutir en la oferta de magistrados competentes en caso de que su designación por parte del gobernador y el Poder Legislativo, careciera de filtros. Sobre la posibilidad de impugnar la modificación, manifestó que “se analizará”
Con el proyecto para desaparecer el Consejo de la Judicatura de Baja California se corre el riesgo de que las ternas para formar parte de la magistratura se definan sin un examen de por medio, con el cual pudiera probarse la capacidad de los aspirantes, al contemplar que sea facultad exclusiva del gobernador integrarlas.
Tal es la opinión del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Juan Ortiz Morales, sobre el planteamiento de que el Poder Judicial deje de proponer quiénes ocupen plazas de magistrados, y en cambio la administración estatal haga las propuestas respectivas y legislatura local dé visto bueno.
“Vemos con preocupación y nosotros entendemos que debe ser el Congreso la última instancia de decisión porque representa a toda la población del Estado, pero igualmente nosotros ponemos sobre la mesa y que es muy importante la intervención de los Poderes en esta tarea tan delicada como es la de revisar a jueces; por lo tanto, consideramos que para garantizar estos principios de carrera judicial, lógicamente necesitamos magistrados que reúnan un perfil idóneo para su desempeño”, manifestó el magistrado en entrevista con ZETA.
Argumentó que por principios constitucionales debe prevalecer la coordinación entre los Poderes del Estado e insistió en la conveniencia de “que haya algún tipo de filtro” para designar a los integrantes del Tribunal en razón de “la materia tan especializada que manejan”.
Respecto a evaluaciones de esa naturaleza, reiteró: “Consideramos que cuando hay este tipo de exámenes permiten este concurso de voluntades entre los poderes e igualmente la coordinación, y por otra parte, que las personas que al final salen de esta lista pues ante la ciudadanía queda plenamente probada no solo su honorabilidad, que la tienen, sino lógicamente sus conocimientos para esta difícil tarea de juzgar a otros”.
En la sesión en que se dictaminó la iniciativa el 7 de julio, Ortiz Morales intervino para expresar que el proyecto de reforma requería de “un profundo análisis” en el marco del cual se contara con la opinión del Poder Judicial.
Sin embargo, el presidente de la comisión dictaminadora, Juan Manuel Molina García, de la fracción de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), decidió que se sometiera directamente a consideración del pleno y el tema quedó incluido en el Orden del Día del miércoles 15, fecha en que la reunión de diputados locales finalmente quedó suspendida.
En el dictamen aprobado a partir de una propuesta enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, se estableció como argumento para reformar el Poder Judicial que “la eficiente administración de justicia es
Molina cede a petición de magistrado: votación de dictamen se postergó
Habiendo sido suspendida la sesión del 15 de julio en la que el Congreso local votaría el dictamen para desaparecer el Consejo de la Judicatura, los trabajos legislativos se reanudaron el jueves 16, con el pormenor de que en este caso, el tema fue excluido del Orden del Día por disposición de Juan Manuel Molina García, presidente de la comisión dictaminadora (Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales).
El diputado de Movimiento Regeneración Nacional argumentó que la exclusión obedeció a que el Poder Judicial, en el cual Salvador Juan Ortiz Morales funge como presidente del Tribunal Superior de Justicia y del propio órgano administrativo, solicitó considerar la posibilidad de definir un plazo para la entrada en vigor de la reforma siempre y cuando sea aprobada.
El legislador del partido en el poder precisó que para la definición de ese plazo la comisión a su cargo se reuniría con Ortiz Morales y los demás magistrados, en aras de “darle esa consideración” al presidente del Tribunal, pues según explicó, el Poder Judicial solicita “tiempo” en el caso de que procediera implementar una modificación de esa naturaleza, máxime cuando prevalece la pandemia por coronavirus.
En resumen, Molina García mencionó sobre la consabida petición: “Pudiera así considerarse una vacatio legis (periodo que transcurre entre la publicación de una norma y su entrada en vigor) para que la reforma de pasar el pleno, tuviera un espacio de unos meses a que pudiéramos superar esta situación de salud que estamos viviendo”, de manera que el Dictamen 49 se sometería a consideración de la Legislatura “en una sesión posterior, ordinaria o extraordinaria”. (Eduardo Andrade Uribe)
Magistrado Salvador Juan Ortíz Morales, Presidente del Tribunal Superior de Justicia
un tema prioritario que la ciudadanía está exigiendo a sus gobernantes, puesto que afecta directamente su patrimonio, derechos, seguridad y libertades”.
En el curso de la conversación con este Semanario, el magistrado presidente afirmó que el Poder Judicial de BC está abierto a recibir propuestas para mejorar la administración de justicia, siempre y cuando contengan “las bases suficientes” para lograr ese cometido. Infirió que, si la actividad jurisdiccional no ha cumplido con ciertas expectativas, en todo caso se debe a falta de presupuesto.
A su modo de ver, para lograr “los estándares que tienen otros estados”, Baja California requiere de mayores Juzgados que permitan la rapidez necesaria de implementación de justicia. Y consideró pertinente que las salas colegiadas se fortalezcan en el ánimo de “revisar el trabajo de un juez” y que además de esta categoría haya la de “unitarias” en Zona Costa, a fin de que “el justiciable tenga más rápida la tramitación de su apelación, etcétera”.
Por lo que respecta a los Juzgados familiares, “que llegan a tener hasta 3 mil asuntos”, es urgente que en Tijuana y Mexicali se abran dos por cada municipio, planteó.
Según sostuvo, en ambas localidades igualmente es necesario “jueces civiles especializados en materia mercantil, porque es una materia muy recurrente”.
Y agregó: “Si (en ese rubro) duplicáramos el número”, sería favorable; en tanto que en el ámbito de lo civil “siempre es bueno” expandir, en vista de que tan solo en Tijuana “llegan casi a los 2 mil asuntos y lo deseable es que se mantengan en mil”.
Tratándose de lo penal “necesitamos reforzar: yo creo que tres jueces del nuevo sistema en Mexicali ayudaría”, mientras que en Zona Costa “me atrevería a decir que por lo menos seis jueces para Tijuana es el gran reto, y aumentar mínimo dos jueces en Ensenada y uno más para Playas de Rosarito”, manifestó.
Tampoco desestimó la conveniencia de incrementar la infraestructura para la operación de tribunales electrónicos.
En cuanto al hecho de que para 2020 el Poder Judicial recibió un presupuesto de mil millones de pesos, cuando la solicitud original había sido de mil 400 millones, reveló que el Poder Judicial insistirá “respetuosamente” con el Ejecutivo para que se otorgue a la institución 100 millones de pesos adicionales.
“Cien millones adicionales y lógicamente la ampliaremos en su momento a quien le corresponda, pues las necesidades de atender centros de convivencia familiar, el tema de los Juzgados familiares, en la inteligencia de que nosotros haremos esfuerzos de ahorro para en un momento dado también nombrar jueces penales y ver la posibilidad de apertura en la Zona Costa de algunas magistraturas unitarias, siempre y cuando estemos muy pendientes de cómo va desenvolviéndose el presupuesto. Entendemos que la organización depende de nosotros, pero igualmente para algunas cosas necesitas forzosamente plazas”, añadió.
Juzgados en Tecate, Rosarito y San Quintín reabren el próximo lunes
El Consejo de la Judicatura del Estado autorizó la reapertura del Juzgado Familiar, Civil y Mercantil de Tecate, así como de los juzgados mixtos de Rosarito y San Quintín, cuyas instalaciones han permanecido cerradas por acuerdo emitido el 17 de marzo ante la propagación del coronavirus.
La reactivación en esos recintos tendrá lugar el lunes 20 de julio y procederá con apego a “protocolos de higiene establecidos” para efectos de “fortalecer todas las medidas de protección para los usuarios”, dio a conocer el Poder Judicial de Baja California.
Los Juzgados estarán operando en su horario habitual, de 8:00 am a 3:00 pm.
De acuerdo con información difundida, la apertura permitirá a los justiciables “continuar con el trámite en la substanciación de sus juicios” como parte de un “reinicio ordenado, cauto y gradual de actividades”.
Cabe mencionar que el Poder Judicial se mantendrá en actividad durante su primer periodo vacacional de 2020, el cual inició el 13 de julio y concluirá el día 31 del mismo mes.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Salvador Juan Ortiz Morales, expresó que prácticamente la mitad de quienes trabajan en el Poder Judicial, incluidos magistrados, consejeros y jueces, continuarán laborando; mientras que la otra parte, sobre todo las personas con alto riesgo de contagio de la enfermedad respiratoria, tomarán descanso.
El magistrado aseguró que en el sistema judicial no existen asuntos acumulados en vista de que los meses de abril, mayo y junio, la actividad correspondiente no se interrumpió, pues la plantilla laboral trabajó desde casa, de manera que “ya están listos los acuerdos y ya están listas las audiencias”.
Conforme a datos del Poder Judicial, en ese periodo “se ha logrado concluir en Juzgados de primera instancia en materia civil, mercantil y familiar 5 mil 858 asuntos”; igualmente “se contabilizaron 3 mil 922 inicios, 13 mil 212 promociones recibidas, se emitieron mil 167 sentencias definitivas y se alcanzaron 33 mil 769 acuerdos”, recalcó Ortiz Morales. Mientras que tratándose del Sistema de Justicia Penal Oral, “se cuentan más de 4 mil 500 audiencias en toda la entidad del 18 de marzo a la fecha”.
Los Juzgados de primera instancia en Ensenada, civiles, familiares y mercantiles, reabrieron desde el 6 de julio, en tanto que las salas de segunda instancia (ubicadas en Mexicali) lo hicieron el miércoles 15.
A decir de Ortiz Morales, una vez concretada la reapertura en Tecate, Rosarito y San Quintín, “se estará monitoreando” en el ánimo de abrir los Juzgados (de lo Civil, Familiar, Mercantil) en Tijuana y Mexicali a la brevedad posible.
A decir de un litigante consultado por ZETA, la reanudación en estos dos últimos municipios podría darse el 27 de julio. Eduardo Andrade Uribe
A decir del entrevistado, como está planteada la enmienda constitucional, no concurriría a ahorrar recursos de manera significativa, toda vez que “los compañeros que se encuentran ahorita laborando (en el Consejo de la Judicatura), pasan a la llamada Junta Administrativa”, de modo tal que tan sólo sería reasignarlos “a otro espacio”.
En el dictamen correspondiente (el número 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales) quedó establecido que con la creación del Consejo de la Judicatura, decretada el 25 de septiembre de 1995, no se ha optimizado “la administración del recurso del Poder Judicial, al duplicar las estructuras administrativas del personal” adscrito a ese órgano, así como al Tribunal Superior.
El magistrado presidente aseguró que sí se ha adelgazado el aparato administrativo y se pudiera seguir desengrosando. De cualquier manera, no es factible “desaparecer un área como servicios generales, porque siempre vamos a tener que estar atendiendo las necesidades de mantenimiento y de recursos en general que tienen los Juzgados”; tampoco se podría adelgazar “áreas como la de recursos humanos”, siendo que existe una nómina “de prácticamente 2 mil personas” (mil 913, según precisó).
En ese contexto reiteró: “Nosotros no hemos crecido desproporcionadamente en el área administrativa. Donde tenemos nuestra preocupación y siempre hemos de crecer porque esa es nuestra vocación es en el área jurisdiccional, Juzgados y Tribunal Superior”.
En otro orden de ideas, observó que en lo concerniente a la pretendida reforma, tendría que verse cómo manejar la situación de los magistrados supernumerarios (suplentes) que ya están designados y cuya figura está contemplada para desaparecer. En su opinión, habría que revisarse “estructuras” para que esa modificación procediera.
También alertó sobre la posibilidad de que haya “un impasse” de mes y medio en términos de que con la enmienda se tendría que elaborar un reglamento para el funcionamiento de la Junta Administrativa, lo que implicaría que en el tiempo destinado a ello ni esta ni el Consejo de la Judicatura estarían operando, lo cual “en estos momentos sí es una gran preocupación”, en vista de que la propagación del coronavirus prevalece y ello ha generado repercusiones a la actividad jurisdiccional.
Agregó que la Ley orgánica del Poder Judicial habla del Consejo de la Judicatura, por lo que habrá de interpretarse que, de proceder el ajuste, “ahora serían las facultades de la Junta”. Frente a esa circunstancia, tendría que proponerse una normatividad que permita desempeñarse con apego al nuevo modelo administrativo: “Tendríamos que vernos en el trabajo de estar proponiendo una Ley orgánica que nos permita a nosotros trabajar”.
Ante la posibilidad de impugnar la reforma en caso de ser aprobada, Ortiz Morales se limitó a decir que “se analizará”.
Finalmente, el magistrado presidente profirió: “(La modificación) Es un tema que lógicamente vemos con preocupación. Agradeceríamos mucho que como lo es cuando los congresos son abiertos permitan la continuidad de ideas, que respetuosamente los Poderes vayamos juntos y se escuchen académicos, a colegios de abogados, a la mayoría de la población a la que servimos y que sea una propuesta de todos. El Judicial es un Poder muy importante para la ciudadanía, y agradeceríamos mucho el que vayamos juntos en cualquier situación deseable sobre el gobierno del mismo”..
