El proyecto de reforma fue presentado por la diputada de Morena María Luisa Villalobos Ávila, quien a su vez preside la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la cual se encargó de dictaminar la iniciativa.
Tal como dijo el director de Consultoría Legislativa de la XXIII Legislatura, Francisco Javier Tenorio Andújar, la pretendida ley “comprende la creación de un nuevo marco jurídico para Baja California en materia educativa” y “se distingue por su alto valor jurídico, modernidad y alcances en cuanto al nuevo modelo y concepción de la educación en Baja California”.
Durante la reunión de trabajo legislativo, Tenorio Andújar explicó que a raíz de que se publicó la Nueva Ley General de Educación, el 25 de septiembre de 2019, quedó establecido que en un plazo no mayor a 180 días de que entrara en vigor, “las legislaturas de los estados en el ámbito de sus competencias armonizaran el marco jurídico de conformidad con las nuevas disposiciones rectoras”.
De ahí que la diputada Villalobos propusiera la normativa en cuestión, con base “en un nuevo modelo y valor jurídico de la nueva escuela mexicana”.
La iniciativa salió adelante con todo y que a decir de tres integrantes de la comisión de educación, no se atendieron a cabalidad las observaciones de diversos organismos y asociaciones de escuelas particulares con referencia a la modificación.
“Se hizo un compromiso para que todos sus planteamientos fueran escuchados. Aquí nos está faltando el intercambio, si ya se recibieron las inquietudes una vez que se presenta la iniciativa y estas van a ser consideradas o no, hace falta la retroalimentación”, puesto que de otra manera “pareciera que solamente es unilateral, que nosotros escuchamos y nosotros imponemos”, manifestó la diputada del PAN, Eva María Vázquez Hernández.
Con todo y que en su oportunidad, el director de consultoría legislativa aseguró que “todas y cada una (de las opiniones) fueron atendidas y analizadas” y que “para efectos del resolutivo fueron tomadas en cuenta aquellas que resultaron acordes con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación”.
Sin embargo, Carmen Leticia Hernández Carmona, de Morena, estimó que no se concluyó con un “informe de qué fue tomado en cuenta, qué no y por qué, para que en su momento lo que esté respaldado por nuestra propia legislación o la federal quede claro”.
Igualmente Araceli Geraldo Núñez, del partido oficial, insistió en que se había hecho un acuerdo para que se analizara con representantes educativos las modificaciones que se le pudieran hacer a la nueva ley: de modo que se pronunció por invitar “a que se hiciera un mayor análisis, concientización y que todos quedáramos conformes”.
Previo a la votación del dictamen integrantes de la Coalición para la Participación Social en la Educación (Copase) y representantes de escuelas particulares, hicieron un llamado a los miembros de la comisión dictaminadora en aras de conceder una prórroga para la votación del proyecto de dictamen.
El presidente de Copase, Alfredo Postlethwaite Duhagón, mencionó que hace casi dos meses el organismo entregó un escrito a María Luisa Villalobos, con distintas observaciones y sugerencias para que el proyecto de dictamen se definiera por consenso con organismos y asociaciones.
Agregó que ante la falta de respuesta, la Copase solicitaba una término de “por lo meno tres días”, para revisar con mayor detenimiento el documento, el cual al final de cuentas se sometió a votación.
El vicepresidente de la coalición, Gustavo Fernández de León, se dijo preocupado de que con la reforma se pretendiera aplicar multas a los colegios particulares “de hasta por un millón de pesos” por faltas administrativas e igualmente se intentara regular sus respectivos esquemas de becas.
En el marco de la sesión, la diputada Vázquez Hernández puso de manifiesto las inquietudes externadas por el organismo así como por representantes de escuelas particulares de Tijuana y Mexicali. Del mismo modo, solicitó a la Villalobos Ávila postergar la votación, a lo que la legisladora de Morena se negó.
Villalobos Ávila refirió que “si nunca un compañero de una escuela particular ha infringido la ley, ha retenido documento, se le ha exigido, no tiene por qué tener temor de altas cuotas o multas”.
Por lo que respecta a otros cuestionamientos vertidos por Vázquez Hernández, afirmó que tampoco quedaría prohibido que las escuelas particulare manejaran los libros de apoyo: “se está pidiendo que usen los libros de texto y puedes utilizar los libros de apoyo que tú necesites, jamás se les impone a las escuelas particulares que no utilicen los libros de apoyo”, recalcó.
También dijo que los inmuebles habilitados para impartir clases en el sector privado, “siguen siendo de las escuelas particulares”, pues “nunca la SEP o la secretaría quiere adueñarse de ellos, simplemente deben de regir con las normas de seguridad y tranquilidad” estipuladas.
El proyecto de dictamen contó con los votos a favor de Araceli Geraldo, Víctor Hugo Navarro, Ramón Vázquez Valadez y María Luisa Villalobos, en tanto que Carmen Leticia Hernández votó en abstención y Eva María Vázquez, en contra.
Geraldo Núñez aclaró que votaba a favor siempre y cuando el dictamen se discutiera con organismos y asociaciones previo a que sea sometido a consideración del pleno.
“Tenga por seguro que vamos a mantener la comunicación con los representantes educativos”, aseguró Villalobos. “Antes del pleno nos podemos reunir con representantes educativos”, remató.
