La construcción de una planta fotovoltaica que proporcione energía eléctrica al Acueducto Río Colorado-Tijuana costaría 160 millones de dólares (3 mil 520 millones de pesos). Inversión a la que tendría que sumarse el costo de operación y financiamiento, señaló el asesor en energía y economía Ramsés Pech.
Ello, a propósito de la iniciativa de decreto que el gobernador de Baja California Jaime Bonilla Valdez envió al Congreso local, para que le autorice hacer un contrato por 30 años con la empresa que resulte ganadora de una licitación para desarrollar una planta fotovoltaica que proporcione energía eléctrica al Acueducto.
El cual -según la propia iniciativa de decreto- tiene una demanda eléctrica de 80 MW (monto que se obtiene sumando los seis Centros de Carga en donde recibe el Suministro Eléctrico) y es operado por la Comisión Estatal del Agua.
En entrevista con ZETA, Pech comentó que la inversión requerida para la planta fotovoltaica podría hacerse mediante una Asociación Público Privada (APP), donde el gobierno proporcionaría el terreno. El cual tendría que tener un área de entre 40 y 50 hectáreas.
“Se tiene que involucrar al municipio. Se tiene que ver cuál es el uso de suelo del terreno o si hay que cambiarlo y hacer los estudios de impacto ambiental. Posteriormente se tendría que hacer un contrato de concesión de derechos porque no lo va a vender, se lo va a concesionar a la compañía que gane”, lo cual también tendría que ser avalado por el Poder Legislativo.
Consideró que el proyecto presentado por el gobierno estatal es viable en cuanto a la generación de electricidad, dado que las celdas fotovoltaicas tendrán la capacidad de generar y almacenar energía, sin embargo, se tendrá que analizar si las líneas de transmisión y distribución de la energía tienen capacidad o cómo las dotarían de ella, ya que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no está invirtiendo en ese rubro.
Sobre si esta planta permitiría disminuir la tarifa de electricidad que actualmente paga la CEA para el Acueducto, Ramsés Pech indicó que “eso va a depender de dónde se va a conectar, la línea de transmisión, si no hay que hacer un reforzamiento”.
Antes de hacer la licitación, el gobierno ya debe saber de dónde va a salir el recurso económico para invertir en el proyecto, así como los permisos y estudios que deben hacerse. Proceso que al menos llevaría un año, por lo que difícilmente la administración de Bonilla Valdez vería terminada la planta aun cuando se firmara el contrato a más tardar el 30 de septiembre de 2020.
El pasado 13 de julio, el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, presentó la iniciativa al Congreso local. Un día después fue avalada en comisiones unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto, y se esperaba su aprobación en el Pleno este 15 de julio; sin embargo, la sesión de hoy fue cancelada y según informaron fuentes a este Semanario habría sido pospuesta para mañana 16 de julio a las 11 horas.
Las fuentes consultadas por ZETA refirieron que, en el dictamen avalado ayer por las comisiones unidas de Energía y Recursos Hidráulicos, Hacienda y Presupuesto no se advierte sobre la estimación del impacto presupuestario que debió hacer la Secretaría de Hacienda del Estado.
Ni la Comisión de Hacienda y Presupuesto, encabezada por la morenista Rosina del Villar, solicitó a la Auditoría Superior del Estado el estudio, análisis y opinión sobre el proyecto, contraviniendo el artículo 117 de la Constitución Federal, así como el 16 de la Ley de Disciplina Financiera. Así como el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
