Un total de 129 funcionarios, desde directores hasta lecturistas, de los organismos operadores de agua de Baja California han sido involucrados en el desvío de mil 999 millones de pesos, irregularidad que ha sido documentada en 30 denuncias penales presentadas ante la Fiscalía General del Estado por la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, a cargo de Vicenta Espinosa Martínez.
Precisó que el monto es la suma de contratación de medidores irregulares, consumos y cargos de conexión no cobrados a 833 empresas ubicadas en el Estado, cantidad de la cual se ha logrado recuperar 675 millones de pesos, restando por cobrar mil 323 millones de pesos.
Es Tijuana el municipio que aglutina la mayor cantidad de empresas incumplidas, con un total de 797 detectadas hasta el momento, las cuales en conjunto adeudan mil 774 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), de los cuales se ha recuperado un total de 618 millones de pesos, faltando por recuperar mil 155 millones de pesos.
En Mexicali se han revisado 30 empresas con anomalías, sumando un total de 171 millones 728 mil la deuda a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM); de esa cantidad se han recuperado 56 millones y queda por recuperar 115 millones de pesos.
De la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tecate (CESPTE) se han revisado dos cuentas, por un monto total de 41 millones, de los cuales no se ha recuperado nada.
De Ensenada tampoco se han recuperado los 10 millones de pesos no cobrados a cuatro empresas.
Entre los funcionarios denunciados se encuentran directores, subdirectores, supervisores y lecturistas, quienes tendrán que afrontar una responsabilidad penal, toda vez que el no haber desarrollado bien su trabajo, por omisión, incurrieron en un delito, subrayó Vicenta Espinosa.
Derivado de la revisión que se lleva a cabo a todas las paraestatales encargadas de servicio de agua potable y drenaje, el gobierno del estado ha abierto 35 carpetas de investigación, de las cuales tres se encuentran en procedimiento, detalló la funcionaria.
Siete de esas carpetas se encuentran en una etapa de calificación por falta administrativa, “esto significa que ya se va a empezar a hacer un Informe de Presunta Responsabilidad, con ese documento ya se podrá iniciar con las denuncias o las vistas al Ministerio Público”, advirtió.
Explicó que al dar vista al Ministerio Público ya hay un hecho penal, por lo que, de ser una carpeta de investigación solamente administrativa, se puede trasladar a un asunto penal.
Entre los delitos denunciados ubicó abuso de autoridad, cohecho y conflicto de interés, toda vez que contratistas, amigos y proveedores, eran favorecidos con licitaciones o alguna adjudicación a modo.
En la contratación de medidores se detectó que no se requirió la documentación adecuada, mientras que en algunos distritos de riego no se localizó material perteneciente a la CESPT.
