El 5 de julio, la Procuraduría General de Justicia del Estado logró la ubicación y detención de los dos implicados en el artero asesinato a balazos de policías municipales, ocurrido en 2010 en la colonia La Fuente de La Paz
La mañana del 2 de febrero de 2010, alrededor de las 10:25 am en la colonia La Fuente del municipio de La Paz, los agentes de la Policía Municipal José Manuel Ochoa Pérez, Carlos Jesús Vega Andrade y Luis Felipe González Olave atendieron un reporte de robo a casa habitación.
El incidente se dio en las calles Río, entre Sol y Mar de la colonia La Fuente, adonde los agentes acudieron sin saber que los esperaban hombres armados.
“El reporte que nadie dijo, que escondieron por muchos años, es que los dueños del domicilio fueron quienes llamaron a los agentes de la Comandancia de La Fuente, la reportante supo que no era un robo, más bien se trataba de un cobro de los tres hermanos Murguía García, una deuda por tráfico de drogas que tenía el esposo de la reportante; hubiera sido una historia distinta si la reportante hubiera comentado eso en el reporte, los agentes hubieran pedido apoyo o por lo menos llegar con precaución, pero la historia fue distinta”, explicó a ZETA un agente de la Policía Municipal.
Al ver a los oficiales en el sitio, los hermanos César Edmundo, Jesús alias “El Loco” e Iván “El Negro” no dudaron en utilizar sus armas de fuego dejando sin vida a los agentes Ochoa Pérez, de 41 años de edad, y Vega Andrade, de 21. Además, hirieron de gravedad en el rostro a Luis Felipe González Olave, de 33 años. Los tres, adscritos al Sector 5 y pertenecientes a la comandancia de la zona.
“Espero que este gobernador, Carlos Mendoza, sí haga justicia, que lo que estuvo diciendo de que no tiene compadrazgo y va a hacer cumplir la autoridad ante la ciudadanía, lo haga, es lo que quiero porque si no me voy a tener que ver en la penosa necesidad de estar presente en todos sus actos, porque estoy bastante encabronado de recibir puro atole con el dedo, nada más”, advirtió en el cambio de gobierno Carlos Agustín Vega, padre de uno de los oficiales caídos.
Tras el tiroteo, uno de los agresores huyó a bordo de un automóvil marca Toyota color blanco, mientras que los hermanos lo hicieron a bordo de la unidad de la Policía Municipal SP-34, posteriormente abandonada en las inmediaciones del rastro público municipal.
En aquel tiempo, las corporaciones de seguridad acudieron al sitio, donde había desde policías municipales, la recién creada Policía Estatal, ministeriales, federales y militares. Todos se concentraron en el mismo lugar mientras los maleantes huían a bordo de la patrulla.
Más de 30 minutos después de estar en la zona del doble homicidio, las unidades de emergencia recibieron el reporte de haber visto abandonada la patrulla. Pasadas las once de la mañana, agentes de distintas corporaciones salieron a paso veloz del lugar en busca de la unidad.
Más tarde sería detenido César Edmundo en un domicilio del fraccionamiento Bellavista, al parecer en posesión de arma de fuego y municiones, pero fue liberado en 2015 por el juez Eulogio Verdugo Pérpuli después de dos autos de formal prisión. El juzgador dejó el caso sin detenido “aun habiendo pruebas”, expresó el padre de una de las víctimas.
Lo que quedó muy claro es que los gobiernos en turno, procuradores e investigadores, protegieron a delincuentes tanto en este como en muchos homicidios que, contando con imágenes de cámaras de vigilancia, se extraviaron, incluso con evidencia en mano. Luego determinaron omitir las pruebas y mandar los casos al archivo.
Daniel de la Rosa Anaya, procurador general de Justicia del Estado, reveló a ZETA que algunos de los casos que siguen sin resolver continúan en revisión.
JUSTICIA PARA POLICÍAS
El 5 de julio de 2020, a diez años de impunidad en el doble homicidio de los policías municipales de La Paz en la colonia La Fuente, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) logró la ubicación y detención de los dos implicados en el artero crimen: los hermanos Jesús e Iván Custodio Murguía García, que en los informes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC) se hicieron pasar por otras personas con nuevas identidades, y en sus estados natales “se movían como el agua sin ser detectados, además de ser un Estado muy grande, por ello se solicitó la colaboración de la Fiscalía del Estado de Michoacán con resultados positivos”, informó una fuente de la AEIC.
Los imputados como autores materiales en el doble homicidio, así como en homicidio en grado de tentativa contra los municipales, son Jesús “El Loco”, quien llevaba por nombre Abraham; e Iván Custodio “El Negro”, quien se hacía llamar Víctor Manuel Guerrero Quiroz.
Los hermanos Murguía García se encontraban en la lista de Los Más Buscados por la PGJE.
“Elementos de la Agencia Estatal de Investigación Criminal de la PGJE, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, mediante trabajos de inteligencia e investigación, lograron la ubicación de los hermanos Iván Custodio y Jesús, ambos en un domicilio ubicado en Apatzingán de la Constitución en dicho Estado, a quienes se les ejecutó un mandamiento judicial número 143/2010 por el delito de homicidio calificado con alevosía, lesiones, ultraje y violencia contra funcionarios e instituciones, así como robo agravado cometido en casa habitación en grado de tentativa”, refirió la fuente de investigación.
El caso de los matapolicías estuvo envuelto de impunidad y opacidad, la Procuraduría de González Rubio Cerecer y el entonces gobernador Narciso Agúndez Montaño protegieron a los hermanos Murguía García, desde entonces no habían sido localizados, hasta el operativo de ambas procuradurías de Justicia, el cual se ejecutó sin efectuar ninguna detonación, lo que denota la profesionalización y capacitación, aunado al trabajo de inteligencia aplicado en el combate al crimen organizado.
“Afortunadamente la Procuraduría de Justicia encabezada por Daniel de la Rosa, con eficiencia logró la ubicación y detención de esos homicidas de mi hijo, anteriormente los procuradores que estuvieron en su momento no hicieron nada por más que insistí, había muchos argumentos en el caso de mi hijo, pero no había nada positivo”, declaró Carlos Agustín Vega, padre del agente Carlos Jesús.
La justicia llegó retardada tras innumerables manifestaciones, entrevistas, exigencias de justicia y más de cinco procuradores para obtener resultados. Incluso a la llegada de Erasmo Palemón Alamilla Villeda, este prometió a la familia la justicia esperada en su momento, sin embargo, abandonó la investigación y cerró las puertas de atención a los familiares de los policías.
“Transcurrieron pasaditos de diez años para que entonces se pudiera hacer ‘justicia’ entre comillas, porque la Procuraduría obtuvo la detención, ellos los extraditaron a La Paz, ahora todo depende de los magistrados o jueces, que por experiencia propia de años atrás, hubo otro más de los implicados, hermano de estos detenidos y uno de los jueces lo dejó libre. Tengo dudas de la eficiencia capacidad y honestidad de los Juzgados”, expuso Vega Vega.
EL MISTERIO DEL DOBLE HOMICIDIO
A diez años de la muerte de su hijo y recientemente de su esposa, don Carlos está en busca de justicia. Los dos hermanos que faltaban, Jesús y/o Abraham e Iván Custodio, completan el trío que dio muerte a los policías de La Paz.
Hoy por lo menos dos de los autores materiales están tras las rejas, César Edmundo fue puesto en libertad tras seis años de prisión, a pesar de sus confesiones y de la evidencia contundente.
“Lo único que estoy pidiendo es justicia a mi hijo, ya va un avance y le agradezco muchísimo al procurador Daniel de la Rosa, a él y a su equipo, me lo prometió y lo cumplió. Ahora falta que los jueces, juez o jueza los castiguen, los juzguen con todo el peso de la Ley, es lo único que quiero que se cumpla. Agradezco al procurador, porque los anteriores nada, espero en Dios que hagan justicia a los jueces, porque esta -por no decirle una palabra más grave- es una escoria de la sociedad, y si esas personas quedan libres como el otro, ustedes seguirán siendo lo mismo, escoria de ellos”, expresó el padre del agente acribillado.
En 2010, cuando cayó preso el único de los Murguía García, la PGJE intentó liberar al detenido “por falta de pruebas”. Fue el propio padre de la víctima quien se dedicó a reunir pruebas que resultaron insuficientes ante un sistema corrupto y opaco en 2015.
Hubo muchos datos que no fueron expuestos a la luz pública, por ejemplo, la mujer que denunció el robo a casa habitación ese 2 de febrero de 2010, al parecer esposa de un individuo con vínculos con los hermanos Murguía García, quienes cobrarían alrededor de 300 mil dólares por trabajos de tráfico de drogas en Estados Unidos.
De acuerdo con datos brindados por familiares de las víctimas, la mujer expresó a las autoridades “saber” que los Murguía dañarían a su esposo, por ello denunció ante la comandancia de La Fuente el supuesto robo, con el fin de ahuyentar a los sicarios y proteger a su pareja.
En aquel año, don Carlos comentó a ZETA: “Les tuve que dejar un resumen de todo lo que ha acontecido, recordarles lo que está sucediendo y que a los que andan prófugos, que son dos, y que al que dejó libre Eulogio Pérpuli, se investigue más”.
Al momento del asesinato y de que los hermanos huyeran a bordo de la Patrulla Municipal, dos de los Murguía -los ahora detenidos-, uno más huyó en un automóvil Toyota: César Edmundo, de quien existió una doble versión que los dos primeros jueces encargados del caso determinaron como fuertes.
“Los dos primeros jueces lo procesaron, además, al huir del lugar se escondió en unas viviendas que estaban en construcción y había dos personas, trabajadores de la obra que los retuvo armado, lo que es privación ilegal de la libertad y los amenazó de muerte, eso tampoco está en el expediente, y aun con su captura no dieron con sus hermanos, pero porque no quisieron. Los datos que tienen ahí es porque yo mismo, por mi cuenta, investigué y les ayudé a ellos. Tenían nombres, datos de todas las personas, de sus familiares, fotos, todo, y no hicieron nada”, denunció Carlos Vega.
El tercer juez, Eulogio Verdugo Pérpuli, no tomó en cuenta a los albañiles, ni siquiera aparecieron ya en el expediente, lo que permitió a César Edmundo salir libre el 24 de junio de 2015.
Desde entonces el caso dio muchos giros, todos en favor de los delincuentes. Ahora se espera que la detención de Jesús e Iván Custodio pueda llevarlos ante la justicia.