A partir de la suspensión provisional otorgada al gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, para que se abstenga de publicar decretos y toda actividad legislativa por el desorden jurídico al interior del Congreso Local, debido a que existen dos mesas directivas, la instrucción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se deje sin efecto toda acción y se reanude la sesión del 17 de marzo.
Pero esto no le quedó claro al diputado Humberto Arce Cordero, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien se apropió de la oficina de Lorenia Lineth Montaño Ruiz, misma que fue a reclamar.
“Fui nombrado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política el 31 de agosto del 2019”, expresó Cordero Arce.
La confrontación entre los diputados Lorenia y Humberto fue de manera personal, la diputada con celular en mano mientras Humberto le limitaba el acceso.
Lorenia Montaño (LM): ¿Con cuántos votos fue electo?
Humberto Arce (HA): Con 13 votos diputada, en cuanto al pleno, 13 votos donde no hay una remoción de la Ley Reglamentaria, ¿verdad? No se hizo el debido procedimiento. Acuda diputada a un juez, un ministro, un magistrado.
LM: Ya tengo las medidas cautelares otorgadas.
HA: Esas medidas cautelares quedaron sin efecto.
LM: Una pregunta bien concreta…
HA: Cuando usted traiga una resolución de un juez, magistrado o ministro, que diga que la asamblea del 26 de marzo quedó sin efectos, yo con mucho gusto y con toda amabilidad le regreso sus oficinas y su Junta de Gobierno.
LM: Entonces nada más la pregunta, ¿me va a regresar mis oficinas o va a seguir aferrado a cosas que no dice en la Ley? ¿No me va a entregar entonces? a lo que veo no me va a entregar las oficinas, valiéndole un poquito la Ley Reglamentaria como así lo establece, lo acabo de constatar.
El intercambio de puntos y posteriormente, Lorenia Montaño emitió un comunicado en sus redes sociales.
“Le agradezco mucho, solo quería saber si me va entregar o no mis oficinas, nada más; pero bueno, sería todo. Nada más aquí, nada más, hacer del conocimiento que todavía veo algunas cosas de su servidora; no todas fueron resguardadas, que no sé dónde aún. No tengo oficinas, que, en este caso, como no regresan al 17 de marzo, tendrían que recibirme en todo. Igualmente, por las medidas cautelares, a esta oficina como tal, seguiremos agotando las instancias correspondientes. Como hemos dicho, una vez más, fraude a la Ley”, cerró la diputada.
Los diputados de Morena celebraron que la autoridad haya fallado a su favor, ya que habían solicitado la remoción de María Francisca Covarrubias Sánchez como directora de Finanzas del Congreso; la determinación fue confirmada.
“Bajo la premisa sustancial relativa a que los actos reclamados por la quejosa, consiste en la remoción del cargo de directora de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Baja California Sur y sus consecuencias que produce, resulta procedente revocar la medida cautelar solicitada y negar la suspensión provisional; se actualiza una evidente imposibilidad jurídica consistente en que, de subsistir indebidamente, se afectarían las potestades soberanas del Congreso Local. Esto es, se causaría un perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones del orden público, pues como se explicó anteriormente, la remoción de la quejosa del cargo público en comento, se realizó por irregularidades graves en su función”, dijo Humberto Arce Cordero.
El martes 9 de junio se reanudó la sesión del 17 de marzo, como ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la supuesta presidenta de mesa directiva fue Mercedes Maciel Ortiz, del Partido del Trabajo.
Por lo cual, ocho diputados protestaron; desde el pase de lista con protesta, retiraron sus participaciones, se abstuvieron de emitir su voto para aprobar la orden del día.
Pero cuando la diputada Petra Juárez Maceda de Morena, leyó su proposición con punto de acuerdo, en ella planteó se continúe el seguimiento del Juicio Político en contra de los diputados minoría del Congreso.
Daniela Rubio, del Partido Humanista respondió:
“En primera, quiero decir que ha mentido en casi todo lo expuesto, en virtud de que una servidora y siete de mis compañeros diputados y diputadas que integramos seis fuerzas políticas, no fuimos emplazados a juicio; no conocemos el expediente, no sabemos qué contiene, pero sí sabemos por medios de comunicación, que fue interpuesto por quien milita o es militante del partido de Morena. Para empezar, entonces este juicio político no tiene probidad, no tiene objetividad y pudiera ser hasta imparcial a su resolución”, inició Daniela Rubio.
Leyó el fallo en la sesión y a más de uno de los diputados morenistas no les pareció; incluso algunos se burlaron mientras se daba lectura.
“De acuerdo con lo antes dicho, que se tiene que la controversia constitucional del poder Ejecutivo del Estado de Baja California Sur, solicita la medida cautelar para los siguientes, se suspenda el término de diez días hábiles que establece el Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que lo faculta para realizar las observaciones -si las hubiere- en los decretos y los demás que se remitan para su publicación que haya aprobado el Congreso del Estado a partir del 17 de marzo del año en curso”, lanzó.
Además, ordenó que se reintegre debidamente dicho congreso con los 21 diputados propietarios, para que se reanude la mencionada sesión hasta el momento en que se ordenó suspensión por la diputada Daniela Viviana Rubio Avilés, quién en ese momento presidía la mesa directiva.
También se ordenó la suspensión de todos los actos que deriven a continuación de la referida sesión, llevados a cabo sin la participación de la totalidad de los diputados que la integran, “es decir, la medida cautelar es para el Poder Ejecutivo, en tanto no nos pongamos de acuerdo; a nosotros la Corte nos obliga a integrarnos”, finalizó.
