A pesar de que en su Ley indique lo contrario,
el nuevo Instituto de Movilidad y Transporte
de Baja California ha detenido la recepción de
nuevas concesiones para el transporte público,
alegando que “ya hay más que suficiente” y que
no se contempla otorgar nuevas en los
siguientes 10 años
Un grupo de transportistas denunciaron ser obstaculizados por autoridades municipales y estatales para logra regularizarse, ahora con el recién formado Instituto de Movilidad y Transporte de Baja California, por lo que de seguir así, buscarán la manera de manifestar su descontento.
En entrevista con ZETA, el grupo de transportistas -que decidió no dar detalles de sus empresas por temor a represalias- afirmó que están siendo víctimas de una “cacería de brujas” por parte del Ayuntamiento, pues les están asegurando las unidades sin motivo aparente.
“Nos están quitando las unidades, somos perseguidos. A mí me retuvieron seis unidades, casi 50 mil pesos, pero a un compañero le quitaron 24 unidades. Las personas que están al frente de esto no piensan que están dañando inversiones extranjeras”, dijo uno de los quejosos.
Señalaron que han acudido al Ayuntamiento para hablar con el director de Vialidad y Transporte; sin embargo, este les indicó que ahora era competencia de Rafael Echegoyen, director del Instituto de Movilidad y Transporte de Baja California. Al buscarlo, quien los atendió fue la delegada Lucy Ocaña, quien les dijo que apenas están recibiendo la dependencia, por lo que era asunto del Ayuntamiento.
“Nos dijo ‘todavía no está esto en nuestras manos. Al 100 por ciento el municipio nos está apoyando y es el municipio quien les está quitando a ustedes los camiones’, sería triste que nos quieran traer como borreguitos”, comentó al hacer referencia que los traen en vueltas entre una autoridad y otra sin darles una solución.
El grupo de transportistas solamente pide seguir trabajando y que les den la oportunidad de regularizarse, porque ya tienen una inversión hecha, así como contratos y familias que dependen de ese sustento.
Aseguraron que muchos ya son una empresa constituida, que pagan impuestos al gobierno federal y estatal, unidades en buen estado y tratan de ser competitivos; pero lo único que les hace falta es la concesión, que aseguran no se las quieren dar.
“Hay empresas concesionadas, y nosotros somos la segunda generación de transportistas que aún no estamos concesionados y somos perseguidos por los que sí. Hay una unión de transportistas, que nos siguen y le dicen al gobierno que no nos dejen trabajar, cuando ellos así iniciaron también”, afirmó.
Uno de los afectados tiene alrededor de 40 choferes y sus respectivas familias, más el personal de talleres, mecánicos, carroceros, y administrativos; mientras que otros pueden tener un parque vehicular más amplio.
“Tenemos el temor de que nos dejen sin ‘chamba’, porque entonces las cosas se van a poner al rojo vivo; vamos a luchar, vamos a pelear. Un compañero perdió los estribos, le quitaron 24 camiones, estamos hablando de 10 a 12 mil pesos recuperar cada camión”, relató.
Recalcaron que aunque están en contra de la violencia y a favor de la negociación, entienden que muchos compañeros se desesperen por la situación que están viviendo, y habrá algún momento en que no se puedan controlar.
“Si no nos dejan trabajar, y el gobierno sigue tratándonos igual, vamos a tener que defendernos, no sé, hacer bloqueos; ya pensamos mil veces en hacer un paro en Palacio Municipal, con 200 o 300 camiones, porque fácilmente podemos juntarlos. Estamos en una encrucijada, que al final de cuentas, ni nosotros sabemos cómo vamos a reaccionar”, expresaron.
Destacaron que se sienten perseguidos como “si estuvieran vendiendo droga, matando o extorsionando”, cuando lo único que piden es trabajar en paz, situación que no han podido realizar desde la creación del Instituto de Movilidad y Transporte de Baja California, a pesar de que habían pedido la regularización desde meses atrás.
“No hay ninguna cacería de brujas”: Aboytes
Román Antonio Aboytes, secretario de Movilidad Urbana Sustentable del Ayuntamiento de Tijuana, comentó a ZETA que la entrega de concesiones le corresponde al Estado, desde la creación del Instituto de Movilidad y Transporte de Baja California.
“No existe ninguna cacería de brujas; lo que está sucediendo en este momento es que había muchos transportistas que por años (un año, cinco años, hasta 20 o 25 años) … que estaban trabajando, y a pesar de que había solicitado concesiones, estas no se les habían dado”, señaló.
Admitió que, al llegar a la administración actual (en octubre del año pasado), encontraron a un buen número de transportistas trabajando de manera irregular, por lo que decidieron ser flexibles en lo que se regularizaban; pero se iba a seguir aplicando la ley.
En cuanto a los decomisos de las unidades, destacó que solo se remolcan las que tienen algún faltante en su documentación o que el chofer no cuente con la licencia de conducir necesaria, porque será facultad del municipio vigilar que se aplique la Ley.
“No hay persecución en contra de nadie. Lo que está sucediendo es que esos muchos que estaban circulando sin concesiones, hoy no tienen oportunidad de hacerlo; y para no incurrir en nada ilegal, me limito a decir, que yo no sé cómo le hacían para poder trabajar por años, sin tener concesiones”, declaró el funcionario a este Semanario.
Recalcó que la entrega de concesiones le correspondía a Cabildo, pero precisamente para combatir la corrupción en el transporte, es que se decidió crear el nuevo Instituto que controle es trámite a nivel estatal
No más concesiones durante 10 años: Instituto de Movilidad Estatal
Por su parte, Alejandro Flores, coordinador de delegados del Instituto de Movilidad y Transporte de Baja California, afirmó que no habrá más concesiones para ninguna empresa transportista, hasta dentro de una década.
“Ya no va haber concesiones dentro de los próximos 10 años, ya no se va a otorgar ninguna concesión, eso ya todos lo saben. Las concesiones están detenidas porque ya hay más que suficientes”, recalcó.
El trabajo que están realizando desde que inició operaciones el Instituto, es el de verificar que las 13 concesiones con las que cuenta Tijuana -y que abarcan alrededor de tres mil unidades en Tijuana- cuenten con todos los requisitos, para conservarlas.
En dado caso de que una empresa no cuente con lo reglamentado por la Ley, se le quitaría la concesión; no obstante, eso no determina que otra empresa la vaya a obtener, pues se debe analizar si se puede suplir el faltante de unidades, con las empresas ya existentes.
A pesar de que Flores recalcó que no habrá concesiones hasta dentro de 10 años, la Ley de Movilidad señala en su Artículo 104 que la vigencia de las concesiones será por un periodo mínimo de seis años y máximo de 30, y podrán ser prorrogados por periodos iguales y sucesivos, siempre que se cumplan con los términos establecidos.
Sin embargo, no detalló por cuánto tiempo tienen las concesiones estas empresas, ya que se está revisando una por una que cumpla con todo lo requerido, así como sus choferes y unidades.
