La noche del lunes 1 de junio, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) señalaron, a través de diversos perfiles de Facebook de allegados, que una camioneta en las oficinas de Finanzas del Legislativo estaba sustrayendo cajas y muebles.
Sin embargo, los legisladores nunca hicieron una denuncia o solicitaron la presencia de la fuerza pública.
“Lo que supe es que hubo movimientos extraños a las diez de la noche en las oficinas de la Dirección de Finanzas de este Congreso; es muy raro que a esas horas estén sacando cajas, porque sí tengo fotografías de eso, eso sí me puede constar. Yo no sé si sea saqueo o que sea; sin embargo, sí hay la presunción de que se llevaron cajas del Congreso y algunos muebles al parecer. Ya cuando tengamos nosotros el control de la oficina podremos, conforme a los inventarios que haya, si hay alguna cuestión de robo, si esto sucede, si lo podemos comprobar, denunciaremos a quien corresponda, en este caso es a la licenciada Francisca Covarrubias”, denunció Mercedes Maciel, diputada del Partido del Trabajo.
El enfrentamiento, que comenzó a intensificarse desde marzo, aún no ha terminado y los diputados continúan esperando la resolución del amparo solicitado por la entonces encargada de la Dirección de Finanzas del Congreso del Estado, María Francisca Covarrubias Sánchez.
Y es que dos grupos de diputados, el primero conformado por ocho miembros del PAN, PRI, PRD, PRS, Humanista y Encuentro Social, y el otro grupo más, numeroso integrado por 13 independientes afines a Morena, del propio Morena y una del PT, se disputa el control de las instalaciones y de los recursos públicos.
“El día de hoy estamos esperando la sentencia del Juzgado Primero de Distrito, a las 10:35 se celebra o celebró la audiencia; nosotros esperamos que niegue el amparo a la licenciada Francis, ya que se trata de un asunto meramente laboral, y que respete la autonomía del Congreso al juez. Estos ocho diputados, que están suspendidos de sus funciones, como dicen un día una cosa otro día dicen otra; ahora dicen que nosotros no hemos aceptado el recurso que nos pertenece como salario. Quiero recordarles que ellos -en su lógica- en marzo hicieron asamblea en la madrugada y con una resolución unilateral, la licencia Daniela Rubio nos dio el trato de diputados destituidos, y que nos dicen que nos iban a dejar nuestra liquidación”, finalizó Mercedes Maciel.
Después de haber llamado al gobernador Carlos Mendoza Davis a que compareciera y que publicara toda acción legislativa en el Boletín Oficial del Estado, los 13 diputados que mantienen el control de las instalaciones -y que se ostentan como dirigentes del orden legislativo- recibieron una mala noticia:
El 29 de mayo se notificó que se concede la suspensión de cualquier acto de publicar la actividad legislativa, a fin de no caer en afectaciones a la vida política de Baja California Sur; por ello, a principios de abril dijo que no se publicará leyes ni decretos, hasta que no se esclarezca la situación política del Congreso del Estado, ya sea con la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o mediante acuerdo entre ambos grupos de diputados.
En ese entonces, Carlos Mendoza Davis emitió un mensaje a los ciudadanos, declarando que el Congreso “tiene en este momento dos Mesas Directivas, dos presidentes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, dos Oficiales Mayor, y al mismo tiempo muchos más de los 21 legisladores que fueron electos en el pasado proceso electoral. Hay duplicidad de Comisiones, de cargos y, por tanto, duplicidad de funciones. Y este hecho es a todas luces ilegal y afecta la nulidad de los actos que se desprendan del mismo”, advirtió.
Es por ello que tras el incidente de suspensión de la controversia constitucional 84/2020, el Juez determinó conceder dicha solicitud. La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente.
Para que dicho resolutivo tenga efecto, se notificó el acuerdo a los “dos titulares de la Oficialía Mayor, así como a las dos presidentas de las Mesas Directivas, del Congreso del Estado de Baja California Sur”, afirma el acuerdo.
Así le dieron la razón al gobernador del Estado, confirmando que hay duplicidad de funciones y que eso puede causar problemas en la vida política de Baja California Sur.
El juez hizo un llamado a las dos presidentas de las Mesas Directivas que existen en el interior del Congreso del Estado, para que realicen la contestación a la demanda, envíen copias certificadas de todas las sesiones que han llevado a cabo desde el mes de marzo del año en curso al día de contestación de la demanda, así como los decretos y acuerdos legislativos que se hayan emitido.
El juez finalizó diciendo que de no cumplir con lo solicitado “se les aplicará una multa”.
Se dio vista a la Procuraduría General de la República, a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal, a fin de que manifiesten lo que a su representación corresponda o trasciende a sus funciones.
Es probable que dentro de poco tiempo se defina o se acuerde el retorno de la normalidad del Legislativo; de otra manera, se tienen que llegar a acuerdos y atender lo que solicita el juez.
