En la realidad, de los 500 federales que el fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, ha anunciado que han sido comisionados para integrar la Guardia Estatal de Baja California, solo hay poco más de 100. La primera ocasión que tanto el gobernado Jaime Bonilla como el fiscal “Titi” Ruiz anunciaron el arribo de 200 federales al Estado, fue el 8 de noviembre de 2019, recibiéndolos como héroes en el Aeropuerto Internacional de Tijuana. Eran integrantes de la extinta Policía Federal, y, se suponía, contaban con una capacitación especial en labores de investigación e inteligencia, por lo que fueron asignados a robustecer y elaborar carpetas que les permitieran judicializar criminales. En diciembre anunciaron que se trasladarían otros 100, pero no fue así, y ya se supo del tema. Para enero de 2020, la Fiscalía General del Estado presumió que el trabajo de los federales comisionados permitió el aumento del 57% en la cumplimentación de órdenes de aprehensión por homicidio. Cuatro meses después, en abril, en plena pandemia por la enfermedad COVID-19, de los 200 elementos quedaban en BC apenas alrededor de 110. Unos se fueron porque extrañaban a sus familias, y otros tantos porque fueron sorprendidos cometiendo actos de corrupción, pero sin elementos suficientes para consignarlos. Aunque en este caso se habla de un número alto, en la Guardia Estatal de Investigación y Seguridad se negaron a informar cuántos de ellos se fueron por esa razón. Ahora, aunque en algunas quincenas les han incumplido en el pago de las ayudantías a estos agentes, de nuevo Ruiz Hernández lleva más de un mes anunciando que la Federación aceptó enviar otros 200 elementos, pero quienes han estado cerca de las negociaciones, aseguran le prometieron no más de 175 uniformados que además serán de diferentes capacidades, porque no tendrán habilidades como investigadores; serán operativos de calle, dijeron. En palabras llanas, si esta vez sí los mandan, serán más patrulleros para hacer presencia y rondines.
Publicidad
