Regidores de oposición incluidos independientes se pronunciaron contra la reforma encaminada a que diputados, alcaldes, síndicos y regidores en Baja California puedan buscar la reelección sin separarse del cargo. La enmienda constitucional cuenta con la anuencia del cabildo de Rosarito y la renuencia de Tecate; en tanto que en Mexicali, Tijuana y Ensenada se dejó pasar la fecha límite para votarla, de manera que por vencimiento de plazo, quedó aprobada en automático.
Con ello, la enmienda constitucional cumple con el requerimiento de tener cuando menos la aprobación de dos terceras partes de los municipios, en aras de ser publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Fernando Rosales, regidor en Mexicali por el Partido de la Revolución Democrática lamentó que la alcaldesa Marina del Pilar Ávila Olmeda haya “vulnerado el proceso que corresponde a la aprobación de dicha reforma”. A propósito de que la munícipe emanada de Movimiento de Regeneración Nacional no haya convocado a cabildo para discutir el ajuste al artículo 16 de la Ley de Participación Ciudadana, el edil perredista manifestó: “No es posible que esta reforma se haya aprobado tácitamente. Es reprobable que no se haya dado la emisión del voto, a favor o en contra, frente a la ciudadanía”.
Observó que con todo y el término legal para tales efectos ya se venció, “existen instrumentos legales” para proceder en contra. “Cualquier reforma puede ser combatida a través del Referéndum”, aseguró e invitó para que a nivel estatal, la oposición en los distintos cabildos procedan en ese sentido.
El regidor independiente de Tecate, Alfonso Cortés, estuvo de acuerdo y sostuvo que conforme al artículo 112 de la Constitución Política de Baja California, la reforma puede someterse a Referéndum.
“(En el) Congreso, están otra vez violentando, abusando de la ciudadanía, tomando decisiones a favor de ellos. Estoy en la misma sintonía, tomar las medidas jurídicas que se tengan que hacer, a través de nuestro activismo legislativo”, aseveró.
Rosales recordó que para poder dar paso a ese procedimiento tienen que pasar 30 días una vez que la norma se publique en el POE.
La regidora del Ayuntamiento de Rosarito por Movimiento Ciudadano, Norma Angélica Llamas, deploró que baste con que se aplique la mayoría simple para aprobar reformas de esa índole, lo que en el caso de su municipio le da ventaja a la bancada del partido en el poder, arguyó.
“Aun cuando todas las fracciones de oposición nos unamos, ellos (los ediles de Morena) terminan mayoriteando”.
Se pronunció por que los municipios apelen a su propia soberanía de modo tal que los asuntos que procedan del congreso se voten aplicando la mayoría calificada, para evitar que sólo con los votos de Morena los temas puedan sacarse adelante.
Sobre la reforma que permitiría a servidores públicos hacer campaña para reelegirse manteniéndose en sus cargos, expresó: constituye “un síntoma de un grave retroceso, un insulto a la ciudadanía”. A propósito explicó que “sería muy inocente creer que no se van a utilizar los recursos, como la dieta” mientras realicen proselitismo.
Raúl Vera, regidor independiente de Ensenada, condenó que con todo y que el dictamen se votó en contra en comisión de cabildo, el alcalde Armando Ayala Robles, no pusiera el tema a consideración de todas las fracciones edilicias. “Le faltó el valor”, consideró y añadió: “Perdimos la democracia de manera temporal. Trataremos de las vías jurídicas para fincarle responsabilidad al alcalde”.
En el caso de Tijuana, Edna Mireya Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, Miguel Medrano, de MC, y Arnulfo Guerrero, de Acción Nacional, también se pronunciaron por proceder con “recursos de inconstitucionalidad” o con el Referéndum.
Con todo y que el plazo para votar la reforma venció el 13 de junio, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, refirió ayer, domingo 14, que a solicitud de “algunos regidores” el cabildo podría votar la modificación a la ley mañana martes, votación que de cualquier manera no tendría repercusiones, pues ya esa reforma ya cuenta con la aprobación requerida de por lo menos tres Ayuntamientos.
