Tan arrebatados son en la Secretaría General de Gobierno, que estuvieron a nada de derogar el artículo del Código Penal del Estado que sanciona a las empresas que expiden placas, documentación y engomados para vehículos, es decir, a agrupaciones como Anapromex u Onappafa. Y es que el Dictamen 9 de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado que sancionará a choferes de plataformas digitales de servicio de transporte privado –Uber, Didi, Cabify, entre otras-, propuesto por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, contemplaba incluir estas reformas legales dentro de dichos artículos, derogando los anteriores. Es decir, el Artículo 250 Quáter del Código Penal, es el que sanciona a las empresas como Anapromex y Onappafa -iniciativa también propuesta por Bonilla hace meses-, pero en la reforma planteada se sustituía por las sanciones contra los choferes de transportes piratas o no registrados. La reforma fue respaldada por el diputado Víctor Morán Hernández, de Morena, pero de último momento, trabajadores del área de Servicios Parlamentarios se dieron cuenta del tremendo error de la secretaría y del diputado, por lo que lograron frenarla y ajustarla. De haberse concretado, todo el escándalo generado por el “Bonillapromex” y los cateos de la Fiscalía General del Estado habrían quedado sin efecto. Todo por no poner atención en lo que hacen.
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