La crisis provocada por la epidemia de coronavirus causaría la mayor caída económica en un siglo en América Latina y el Caribe, con lo que aumentaría la pobreza extrema en 16 millones de personas respecto al año anterior.
Así lo advirtió un estudio conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que indica que en la región las personas en pobreza extrema sumarían 83.4 millones de personas.
“El impacto sobre el hambre será también muy significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina”, destacaron los organismos este 16 de junio de 2020.
En un comunicado, señalan que los efectos de la crisis ya son visibles en los sistemas alimentarios dado que la vulnerabilidad de los trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo más que el costo de otros productos de la canasta básica, según el Índice de Precios al Consumidor IPC.
Por el aumento del desempleo y la caída en los ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por víveres más baratos y de menor calidad nutricional.
“La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia (IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)”, dijo la secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.
“En América Latina podemos tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”, explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.
Según el informe, el Bono Contra el Hambre podría materializarse en transferencias monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de pobreza extrema regional (47 dólares de 2010).
Su costo equivaldría al 0.06% del Producto Interno Bruto (PIB) regional si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema mayor de 65 años; y hasta el 0.45% del PIB si se da cobertura a toda la población en pobreza extrema.
“La Cepal y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que tendría un costo estimado de 23 mil 500 millones de dólares”, destacaron.
Para los productores del sistema alimentario se plantea un incremento de al menos 20% de la cartera promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5 mil 500 millones de dólares, para créditos en condiciones favorables que sean financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de desarrollo.
