Gobierno del Estado acepta recomendaciones del organismo internacional
La oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos en México se pronunció en contra del proceder del Gobierno de Jalisco por la desaparición forzada de personas que el viernes último pretendían manifestarse a las afueras de la sede de la Fiscalía General por la muerte del joven Giovanni López y la detención de 28 personas tras la violenta manifestación del jueves en Palacio de Gobierno.
El organismo internacional llamó la atención de las autoridades estatales luego de que agentes de la Policía Ministerial Investigadora detuviera extrajudicialmente a los manifestantes que apenas iban en tránsito hacia la Fiscalía y posteriormente les liberaron en sitios lejanos de la zona metropolitana de Guadalajara.
A través de redes sociales, la ONU-DH México aclaró que la desaparición forzada la puede cometer una autoridad o un civil con permiso de una autoridad y puede durar, horas, días, semanas, meses o años, que se trata de un delito continuado que no cesa hasta que el paradero de la persona es determinado sin lugar a dudas.
La oficina del Alto Comisionado garante de derechos humanos, en su capítulo México, expresó que la desaparición forzada y la desaparición por particulares son delitos en la legislación nacional lo que llamó a las autoridades jaliscienses a prevenir esta práctica que tendría una grave violación a los derechos fundamentales.
Al enterarse del pronunciamiento del organismo, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, acepto las recomendaciones emitidas y afirmó que se dará respuesta formal a cada uno de los puntos del documento en un plazo no mayor a 24 horas.
Alfaro Ramírez reitera su compromiso de investigar y llegar al fondo de los hechos ocurridos por las manifestaciones realizadas los días 4 y 5 de Junio en la ciudad de Guadalajara; primero con una expresión violenta de los manifestantes y policías, y en el segundo evento, en el que policías investigadores de la Fiscalía, armados con palos, tubos y bates de beisbol detuvieron a jóvenes extrajudiciales.
El mandatario jalisciense aseguró que ya se dieron los primeros pasos en la investigación de las desapariciones de las personas a las que se les impidió manifestarse mediante el uso de la fuerza y que por este caso ya fueron detenidos el comandante Salvador Perea y el agentes ministerial Raúl Gómez, aunque se estima que participaron por lo menos otros 15 elementos de la Policía Investigadora.
Familiares de los policías detenidos también se manifestaron en las últimas horas para reclamar la liberación de sus seres queridos, quienes solo obedecieron órdenes superiores para dirigir el operativo por el que se encuentran privados de la libertad, según el dicho de los reclamantes.
En el caso de la muerte de Giovanni López, ya se encuentran detenidos tres elementos de la Policía Municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes presuntamente participaron en el homicidio del joven la noche del 4 de mayo último. Entre los aprehendidos se encuentran el comisario municipal, un mando medio y un policía raso.
A la fecha siguen detenidos siete manifestantes que en una protesta realizada el pasado sábado 6 de junio habrían causado nuevos daños al Palacio de Gobierno, lo que mantiene inconforme a organizaciones civiles que volverían a manifestarse en caso de que las autoridades sigan negando información sistemáticamente o no les liberen.
