El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) firmó un contrato con ONU Habitat por 5 millones 500 mil dólares, para que la agencia internacional proporcione “apoyo sustantivo y técnico” en la definición de los parámetros y estrategias necesarios para el Tren Maya, reveló el portal digital Pie de Página.
Al tipo de cambio del 8 de junio, la cantidad equivale a 118 millones 772 mil 170 pesos mexicanos. El contrato (nombrado Acuerdo de contribución) abarca los cinco estados involucrados en el tren: Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, señala el reportaje firmado por Daliri Oropeza.
Esta semana, Fonatur reconoció que las obras del proyecto de infraestructura emblemático de este sexenio iniciaron sin tener Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), ya que se solicitó y se obtuvo una exención ante la Secretaría de Medio Ambiente bajo el argumento de que se trataba tan sólo de mantenimiento para rehabilitación y mejoramiento del servicio de las vías férreas del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), que son la base de los primeros tres tramos del Tren Maya (van de Palenque a Izamal).
Además, se dio a conocer un análisis de costo-beneficio del Fonatur en el que se determina que el Tren Maya utilizará diésel dado que es 6.8% más barata que la propuesta de que funcionara con energía eléctrica, la cual es más amigable con el ambiente.
El reportaje de Pie de Página señala que el 20 de mayo de 2019 ambas instituciones firmaron el contrato, vigente hasta mayo de 2021. Su objeto es la “Contribución para ejecutar el proyecto denominado ‘Desarrollo integral territorial y urbano de la región sureste de México-corredor regional Tren Maya’”.
En las obligaciones que estipula el contrato de servicios se indica que Fonatur hará el pago como contribución a ONU Habitat en tres momentos. La primera, la hizo en 2019 por 2 millones 330 mil dólares. En 2020 es de 1 millón 966 mil dólares, y el próximo año será de 1 millón 204 mil dólares.
Además, ONU Habitat restringe el uso de su identidad. Detalla: “En ninguna circunstancia se otorgará autorización con fines comerciales o para un uso que en cualquier forma sugiera el respaldo, por parte del ONU-Habitat, al FONATUR (de) sus productos o servicios”. A esto, suma que el emblema de la agencia internacional o su nombre no pueden estar asociados con ninguna causa política ni ser utilizado “de manera inconsistente” por la “neutralidad del ONU-Habitat”.
El reportaje indica que, en una entrevista hecha a la oficina de ONU Habitat sobre el lugar donde reubicarían a las familias que están en el contorno de la vía férrea, o qué tipo de vivienda les ofrecen, la agencia internacional respondió que “está decisión no la tomará ONU-Habitat, sino Fonatur”.
La agencia aseveró que “en todo el mundo, ONU-Habitat opera mediante acuerdos con los gobiernos del país para implementar acciones conjuntas -con el propio Gobierno-, sin obtener ganancias y asegurando que todos los recursos se destinan íntegramente a los proyectos. (…) Desde que se fundó en 1978, ONU-Habitat trabaja en más de 70 países con esquemas similares al que rige su trabajo en México, donde opera desde 2004 con proyectos en la mayoría de los estados”.
Pero ONU Habitat no respondió cuando Pie de Página le consultó si firmar contratos con los gobiernos federales es un mecanismo usual de la ONU y si es la primera vez que firman uno con México.
La nota de Pie de Página señala que en noviembre y diciembre de 2019, el gobierno federal realizó un “ejercicio participativo” con fases temporales de etapas informativas y de consulta en los cinco estados que involucra el proyecto.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que el Fonatur proporcionó información parcial e incompleta. Y sólo expuso los supuestos beneficios del megaproyecto sin evocar potenciales negativos.
También resaltó que el gobierno no cuenta con los estudios sobre los impactos del megaproyecto o no los ha difundido. Dijo que “las personas de las comunidades expresaban su conformidad con el proyecto como un medio para recibir atención a necesidades básicas como agua, salud, educación, trabajo, vivienda, medio ambiente sano y cultura, lógica que afecta el carácter libre de la consulta”.
La falta de información sobre los impactos del proyecto es una denuncia constante en los cinco estados, indica la publicación de Pie de Página.
Según el reportaje, de los tres estados que conforman la península del sureste, tiene registrada actividad de ONU Habitat en Campeche.
Los habitantes de esta ciudad a la orilla del mar acusan que es un atropello que las autoridades federales y estatales aún no les muestran cómo sería el proyecto del Tren Maya completo. Lo solicitaron a la agencia internacional en las diversas citas que han tenido. Sin embargo, narran que en las citas que han sostenido con los representantes, éstos han negado tenerlo.
Integrantes del colectivo Tres Barrios relatan que no les han dicho, ni las autoridades ni ONU Habitat, qué casas o barrios tendrían que ser reubicados. Tampoco les han explicado cuántos metros son de derecho de vía. Actualmente las casas se encuentran a una distancia entre 3 y 7 metros del tendido ferroviario.
Refiere las estimaciones del colectivo Tres Barrios, que indican que por lo menos 300 propiedades están en el paso del tren y están en riesgo de desalojo. Denuncian que integrantes de ONU Habitat sólo pasaron en plena pandemia por sus barrios a censarlos.
Hay familias que viven en esas tierras antes de que pusieran el primer tendido del tren. Estas personas sufrieron el proyecto de extensión ferroviaria durante el periodo de Lázaro Cárdenas (1934-1940) pues les obligaron a ceder los derechos de sus propiedades. Las familias en la ciudad de Campeche lo recuerdan y advierten que no están dispuestos a ceder a la fuerza de nuevo su patrimonio.
El reportaje expone también que luego de la firma del contrato, ONU Habitat visitó la zona y en sus cuentas de redes sociodigitales y en sus comunicados incrementaron las publicaciones sobre el megaproyecto en una página especial. Mapas, recorridos, fotografías del estado de las vías. Incluso, aunque no hay trazo oficial todavía, señaló las partes que serían afectadas en la ciudad de Campeche.
El 30 de marzo, ONU Habitat aseguró que 84 por ciento de las personas con las que ha hablado que viven en los costados de la vía ferroviaria están a favor de una posible relocalización, mientras que el 16 por ciento está disconforme.
Sin embargo, Pie de Página consultó a distintos vecinos, no todos integrantes del colectivo Tres Cruces. La mayoría dijo que se reunió con ONU Habitat y le expresó su negativa a ceder o abandonar su patrimonio por el megaproyecto. Se mostraron preocupados por el suelo poroso o cártico en el que viven y los accidentes del tren que han acontecido. Un grupo de académicos pidió protección ante la CIDH por el acuífero de toda la península.
Uno de los testimonios recabados fue el de Guadalupe Cáceres, quien calificó la situación como algo “inaudito”, ya que todos los vecinos con los que se han organizado desde el colectivo no están dispuestos a dejar sus casas.
“El proyecto se está haciendo en las rodillas de las personas. El señor viene a dar banderazo de inicio en varios tramos. Hay que recordar que en Campeche y Chiapas tenemos dos amparos”, denunció la señora Cáceres.
Pie de Página indicó que ONU Habitat estuvo en el banderazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en el tramo 2 del Tren Maya, que va de Escárcega-Calkiní, cuya licitación fue otorgada a CICSA, SA de CV, empresa de Grupo Carso del millonario Carlos Slim, en convenio de asociación con la empresa española FCC Construcción S.A. de la cual Slim es accionista; la cual estuvo involucrada con corrupción de Odebrecht en Panamá.
