Jaime Bonilla Valdez ha tenido algunos problemas para convencer a todos los diputados morenistas para apoyarlo en su intento por reformar la Constitución de Baja California, para que el periodo de la próxima gubernatura sea por tres y no por seis años, como lo establece el Artículo Octavo Transitorio que dejó firme la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas en mayo y estableció que el actual mandato de Bonilla sería de dos años, y el próximo de cinco años diez meses.
Como se vio en la sesión de la Comisión de Gobernación del 5 de junio, la diputada Rosina del Villar, de Movimiento Regeneración Nacional, se abstuvo de votar sobre la iniciativa de su compañera de bancada, Montserrat Caballero, para reducir el próximo periodo de gobierno, argumentando no tener los elementos suficientes para votar a favor, debido a que considera podría ser violatorio a la resolución de la SCJN, por lo que pidió la opinión de expertos en la materia.
Así como Rosina, varios diputados de Morena no están convencidos de esta iniciativa, de hecho, el Partido del Trabajo -hasta el momento- no pretende respaldar el movimiento DE Bonilla y su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, lo que les podría complicar un poco el escenario, al requerir la mayoría calificada para sacar adelante el proyecto.
Sin embargo, parece que ya encontraron la solución: de continuar con este nuevo capricho de actual mandatario estatal, los legisladores Miguel Ángel Bujanda y Trinidad Vaca Chacón, ambos ex integrantes de la bancada del PAN, darían esa gobernabilidad a Bonilla, pues como ha quedado claro, sus perspectivas y opiniones -además de sus votaciones- siempre se comprometen al mejor postor.
Tanto Bujanda como Vaca, han votado al gobernador todo lo que se les pide, salvo lo que no negocian con ellos, por lo que, en caso de emergencia, los sufragios de ambos serían la solución para cualquier inconveniente. Nadie sabe para quién trabaja.
Bonilla y la censura
Hablando del gobernador y su rústico comportamiento, agrupaciones de periodistas locales, nacionales e internacionales, se manifestaron en contra de las acusaciones de Bonilla contra la reportera Aline Corpus, de Grupo Reforma.
Al más puro estilo de Andrés Manuel López Obrador, el ingeniero descalificó cínicamente el trabajo de la periodista que exhibió un intento de restringir información pública a través de un documento, y aprovechó su transmisión en vivo respaldado por sus secretarios Amador Rodríguez Lozano y Alonso Pérez Rico para arremeter contra la corresponsal, a la que descalificaron e intentaron desprestigiar de varias maneras.
Y pensar que Rodríguez Lozano -quien no bajó a Corpus de “mentirosa” y tendenciosa- es el encargado del Mecanismo de Protección de Periodistas de Baja California… El chiste se cuenta solo.
Contra el acceso a la información
Nada le interesa al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) garantizar el derecho a la información para los ciudadanos, el cual fue totalmente suspendido durante el periodo de pandemia, pese a que este derecho adquiere rango constitucional.
Por tercera ocasión, los órganos garantes a nivel nacional ampliaron la suspensión de las operaciones de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) en todo el país hasta el 15 de junio, pero se solicitó que cada entidad federativa definiera mecanismos para garantizar el acceso a la información referente al tema de COVID-19.
Pero los consejeros de Baja California, Lucía Ariana Miranda Gómez, Jesús Alberto Sandoval Franco y Cynthia Denisse Gómez Castañeda, prefirieron buscar cómo no cumplir con esta medida, por lo que las atenciones de ITAIP se mantienen suspendidas, paralizando más de 190 solicitudes ciudadanas a las unidades concentradoras de transparencia del Estado.
