Sin prestaciones sociales y con un sueldo inferior al que percibe el personal de base, laboran trabajadores de salud de contrato y cubre-incidencias en Hospitales y clínicas de fiebre que atienden a pacientes contagiados de coronavirus. Aun cuando comparten la misma carga de trabajo y se exponen al mismo riesgo, la remuneración a su esfuerzo no es la misma; por ejemplo, mientras una enfermera de base percibe un sueldo quincenal que fluctúa entre 10 mil 200 y 11 mil 200, a una eventual la Secretaría de Salud le paga 4 mil 749 pesos. A decir por Alonso Pérez Rico, titular de esa dependencia, resolver la precaria situación laboral de personal médico de contrato no está en sus manos
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Sin prestación social alguna, más de 500 trabajadores de la salud laboran directamente en la atención de pacientes COVID-19 en Baja California.
Se trata de personal de enfermería, camilleros e incluso médicos contratados de manera informal en las unidades del Sector Salud de Baja California reconvertidas a hospitales COVID.
La mayoría ingresó en 2018 y 2019, mediante contratos que les son renovados cada 30 días, “cada mes nos hacen firmar un contrato nuevo para evitar que generemos antigüedad”, afirmaron a ZETA un grupo de trabajadores del Hospital General de Tijuana, quienes pidieron reservar su identidad por temor a represalias.
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En esa condición laboran alrededor de cien trabajadores de la salud mediante el rubro de contrato o cubre-incidencias, modalidades con las que ingresan a trabajar en unidades médicas del sistema de salud de Baja California.
Mientras que en el Hospital General de Mexicali y Ensenada, alrededor de 120 y 80 trabajadores, respectivamente, están empleados en esas condiciones; cantidad a la que hay que sumar alrededor de 200 trabajadores que laboran en circunstancias similares en las clínicas de fiebre dispuestas en las jurisdicciones de salud de todo Baja California.
Estos empleados no perciben más prestación que el sueldo quincenal que, en el caso del personal de enfermería de contrato, es de solo 4 mil 749 pesos quincenales, contra los 11 mil 200 que percibe en promedio una enfermera general de base, o los 10 mil 200 pesos que se le pagan a una enfermera auxiliar con contrato permanente.
Sin seguridad social ni un aumento salarial durante la pandemia por coronavirus, el personal sin prestación laboral es asignado a áreas en las que se atiende de manera directa a pacientes COVID, con el riesgo que ello conlleva.
Al igual que los trabajadores de la salud de base, han tenido de desembolsar de su sueldo para poder contar con Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado, ya que el hospital no siempre les provee de los insumos de cuidado necesarios.
Y si enferman, recurren al favor de una consulta con uno de sus compañeros médicos, pero en cuanto a medicamentos, también los deben adquirir de sus propios recursos.
Esta situación de inseguridad social la plantearon al secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, al inicio de la pandemia de SARS-CoV-2; entonces se les prometió que serían contratados mediante el decreto federal que abriría una bolsa de trabajo para personal de médico durante la contingencia de salud.
Sin embargo, las reglas impuestas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) establecieron que solo el personal que con título y cédula profesional podría ser ingresado como trabajador de base durante un periodo de seis meses.
Tal cláusula dejo fuera del programa a la mayoría de los empleados que egresaron de sus carreras de 2018 a la fecha, cuyo proceso de titulación se encuentra en proceso, quienes al manifestar su inconformidad a las autoridades de la Secretaría de Salud y al propio Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), ambas instancias “nos dijeron que a partir de junio nos iban a contratar, el secretario de Salud -Alonso Pérez Rico- nos dijo que el personal de incidencias será contratado y, al igual que al contratado por Insabi, no se iba a perder la antigüedad, que iba a seguir; pero al parecer solo nos dijeron eso para tranquilizarnos”, aseguran.
Al respecto, Pérez Rico declaró no estar en posibilidades de ingresar a ningún trabajador bajo criterios distintos a los determinados por el Insabi, “los de contrato son los que no cumplen con los requisitos de contrato, si no tienen título, cédula de que son licenciados en enfermería, no tienen título especialista médico; yo puedo contratar siempre y cuando tengan un título y cédula, ese es un lineamiento federal, yo no lo controlo aquí, tengo que subir título y cédula a la plataforma”, justificó.
Mientras que el personal de contrato que sí cumple con los requisitos no se han interesado en la convocatoria de Insabi porque perderían su lugar en el escalafón, “tienen miedo, no quieren perder su antigüedad”, toda vez que estos contratos tienen un tabulador salarial aún menor, por ser temporales.
Para Elia Cabañas Aparicio, actual representante en Tijuana de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), esos argumentos son solo un pretexto para no otorgar seguridad social al personal médico de contrato, “al admitir y dar un contrato en esas condiciones, es porque ya valoró y calificó al trabajador, no hay razón para no otorgarle los beneficios de Ley, esto es una situación de justicia”.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / ZETA
EN ÁREAS CRÍTICAS, SIN PRESTACIONES Y CON MENOS SUELDO
El personal de cubre-incidencias es asignado en cada turno a laboral en el área que más ocupe apoyo, siendo en las de atención a pacientes graves contagiados por COVID-19 donde más se les ha requerido en los últimos tres meses.
Es en estas áreas críticas hospitalarias donde las jornadas de trabajo son extenuantes, por la cantidad de pacientes a atender y lo limitado del personal médico disponible.
Desde hace dos años, la enfermera María -pidió llamarla así para reservar su identidad- labora en el turno nocturno, el cual es de doce horas y se dividió en dos tiempos durante la pandemia por coronavirus: seis horas en el área negra -atendiendo directamente a pacientes COVID- y seis horas en el área blanca -preparando medicamento y cuestiones administrativas-.
Con solo una compañera, María ha tenido que atender a 22 pacientes intubados en un solo turno, “es una carga de trabajo excesiva, salimos estresados, hasta enojados porque no podemos hacer el trabajo como se debe”.
Y explicó el porqué de su frustración, más allá del agotamiento físico: “Con tan poco personal, los enfermos no son atendidos como se requiere, sobre todo en medicina interna, en el que todos los pacientes son intubados, se requiere preparar muchas infusiones para darles su tratamiento”.
En segundo piso hay pacientes intubados y otros con oxigenación que ocupan asistencia para ingerir sus alimentos, ahí le tocó, junto con otra compañera, atender a veinte pacientes, “en una ocasión nos tuvimos que quedar casi las doce horas porque no había personal que nos relevara”, anotó.
Pero eso no fue lo peor, “lo más lamentable es que con tanta carga de trabajo no alcanzamos a darle de comer a todos los pacientes que ocupaban asistencia”.
Tan solo el mover a un paciente intubado requiere del esfuerzo físico de por lo menos cinco personas, “hacerlo entre dos es mayor esfuerzo y nos lleva más tiempo”, explicó.
El hecho que María perciba menos de la mitad del sueldo de sus compañeros de base, no es considerado en su desempeño de trabajo al cubrir turno enfrenta la misma carga de trabajo y riesgos que sus demás compañeros, aunque ella carezca de prestaciones laborales que la respalden.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / ZETA
INCAPACIDAD SOLO POR COVID, NO POR SECUELAS
Sin el EPP adecuado, al principio de la contingencia de salud por coronavirus personal de incidencia se contagió de COVID, por lo que fueron enviados a cuarentena, pero sin el pago de una incapacidad al no tener derecho a esa prestación, de acuerdo al contrato quincenal que las autoridades de la Secretaría de Salud de Baja California les hacen firmar.
Ante el incremento en el número de contagiados en el Hospital General de Tijuana -alrededor de veinte trabajadores de incidencia- y el reclamo del personal de contrato, las autoridades de salud tuvieron que adecuar sus criterios y cubrir el pago de incapacidad a quienes fueran infectados por el virus. Solo eso.
Si enferman de otro padecimiento no tienen derecho a incapacidad, a pesar que las condiciones de la crisis de salud los obliga a portar un EPP por seis horas o más, lo que les impide hacer sus necesidades fisiológicas.
“Algunos nos hemos enfermado de infección urinaria por no poder ir al baño”, compartió una enfermera de contrato.
Por otro lado, aunque la ocupación del Hospital General de Tijuana bajó en la última semana a un 45%, la portación del EPP sigue siendo necesario básico, lo cual conforme avanza la época de calor, representa un riesgo para el personal que lo porta.
Al hecho de no poder ingerir agua por más de seis horas continuas, se suma la falta de aire acondicionado en todos los pisos de este nosocomio, lo que aumenta el riesgo de deshidratación.
“Solo urgencias y en las Unidades de Cuidados Intensivos 1 y 2, Terapia Intensiva cuenta con aire acondicionado; en los pisos, sin aire acondicionado el calor es excesivo, los lentes se empañan, tenemos un mar dentro, le ponemos jabón para evitar que se empañen, pero se irritan los ojos”, señalaron.
Si algún empleado de contrato informal enferma por algún padecimiento derivado de las condiciones en las que laboran que no sea COVID, no recibirá incapacidad alguna; si bien reciben el apoyo de los doctores que los diagnostican por compañerismo, el tratamiento recetado lo deben adquirir con sus propios recursos.
Contratados entre los años 2018 y 2019, indicaron que no hicieron nada por obtener una base, porque saben que demora más de un año poder obtenerla, pero después de más de dos años y con la situación de pandemia, “sí nos preocupa, porque carecemos de un respaldo laboral y un sueldo suficiente para sustentar cualquier enfermedad”.
“Mi familia me ha pedido que renuncie, que busque trabajo en otra parte, pero esto es parte de la profesión, nos tocó la pandemia. Aquí seguimos con la esperanza de que pronto se nos reconozca con algo”, agregó otra enfermera de incidencia que labora en el turno vespertino.
ESTABILIDAD LABORAL, RECLAMO JUSTO
“Si tu patrón tienes trabajadores que tienen la misma responsabilidad laboral, hacen el mismo esfuerzo, ¿por qué les va a pagar menos? La Secretaría de Salud no puede dejar de lado esa responsabilidad”, asentó Elia Cabaña Aparicio, representante en Tijuana de la FSTSE.
Consideró necesario realizar una gestión en favor de los trabajadores que demandan estabilidad laboral, “es un reclamo justo”, al sostener que la parte sindical gestiona a nivel federal es darle estabilidad laboral al personal de salud rezagado.
Exigió a la Secretaría de Salud poner el ejemplo y a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), revisar de igual manera las condiciones en que laboran los hospitales públicos, así como lo hace con empresas y negocios privados. “Resulta que en casa a veces las cosas no están correctamente y nadie sanciona”, señaló.
Para Cabaña es lamentable que los trabajadores de contrato entren a la Secretaría de Salud sin ninguna prestación de seguridad social, que los obliga a “andar pidiendo el favor o mendingando el servicio médico cuando lo necesitan”.
Peor aún, “si requiere una indemnización o fallece, deja en la indefensión a su familia. Ya está peor, antes se les renovaba los contratos cada seis meses, ahora cada mes, lo hacen para evitar responsabilidad social y laboral”, remató.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / ZETA
DESAIRA PERSONAL MÉDICO CONVOCATORIA DE SECTOR SALUD
En Fase 2 de la pandemia por coronavirus, el 5 de abril de 2020, el Gobierno de México abrió la convocatoria para reclutar personal de salud y así cubrir el déficit de ese sector a nivel nacional, el cual se estimó en la falta de 6 mil 600 médicos y 12 mil 300 enfermeras.
Para el sector Salud de Baja California, la convocatoria liberó en una primera etapa 240 plazas para médicos y enfermeras, ampliándose en las semanas subsecuentes.
A la fecha, la Secretaría de Salud de Baja California solo ha logrado contratar “arriba de 180 personas del Sector Salud entre médicos y enfermeras”, informó el titular de esa dependencia, Alonso Pérez Rico, quien anotó que veinte personas han cancelado los contratos de trabajo al ser asignadas a laborar en áreas COVID.
Del recurso humano contratado, 38 médicos generales y 50 enfermeras fueron remitidos al Hospital General de Tijuana, nosocomio al que esta semana le fue retirado un equipo conformado por 30 trabajadores para ser enviados de apoyo al Hospital General de Mexicali, ciudad en la que en una semana -del 9 al 16 de junio- fallecieron 149 personas por coronavirus y 584 más resultaron contagiadas del patógeno, para un total de 3 mil 826 casos positivos y 664 defunciones durante toda la pandemia, lo que mantiene a ese municipio en el quinto lugar a nivel nacional de casos activos.
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora / ZETA
IMSS BC SUPERA MÁS DE MIL CONTRATOS EN PANDEMIA
A diferencia de la Secretaría de Salud, la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado contratar a mil 092 trabajadores, para ello incluyó en su plantilla de base a aquellos que mantenía por contrato antes de la contingencia de coronavirus.
De la nueva plantilla laboral, 407 es personal de enfermería general, 311 auxiliar de enfermería, 26 médicos familiares, 234 médicos generales y 114 médicos no familiares.
DEMORA SSA ENTREGA DE BONO COVID
Mientras el IMSS inició el reparto del bono COVID desde el 30 de abril, la Secretaría de Salud de Baja California continúa sin definir la entrega del estímulo económico decretado por la Federación en apoyo a personal médico que se encuentra en primera línea en la lucha contra el virus SARS-CoV-2.
Alonso Pérez Rico comentó que siguen a la espera de que el Gobierno de México defina la entrega de ese apoyo, en cuya repartición no habrá discriminación si el personal es de base, confianza, contrato o incidencia, “los bonos son más parejos”, dijo al asegurar que se asignará por igual a todos los trabajadores que se desempeñan en las áreas COVID, lo que incluye a médicos, enfermeras, camilleros y empleados de intendencia, entre otros.
A la fecha, en los nosocomios reconvertidos a COVID-19 del IMSS Delegación Baja California se han repartido 9 mil 903 bonos. Cada incentivo corresponde al 20% del salario del trabajador y es proporcionado cada quincena.
Acta de defunción
Genera confusión causa de muerte asentadas en actas
El domingo 24 de mayo, la señora Rosa María Fuentes Fernández, de 59 años de edad, fue ingresada al Hospital General Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al presentar un cuadro de insuficiencia respiratoria que obligó su traslado en ambulancia a ese nosocomio.
No obstante que en la unidad médica lograron estabilizarla y se mantuvo sin ser intubada, falleció el 2 de junio.
Luis Alfredo López, hijo de Rosa María, indicó a ZETA que el propio personal de enfermería que atendió a su madre no se explica el porqué del fallecimiento, toda vez que se reportaba estable, aunque siempre fue atendida como paciente COVID.
El urólogo Mario Delgadillo Moreno, médico que atendió a Rosa María, les indicó que había fenecido de un paro cardiaco y no por COVID. Más aún, sostuvo que la paciente había dado negativo a coronavirus.
Sin embargo, en el acta de defunción el mismo médico registró como causa de muerte insuficiencia respiratoria aguda, neumonía viral no clasificada en otra parte, sin agregar que el deceso no estaba relacionado a COVID-19.
Con ese diagnóstico, la funeraria se negó a ofrecer un servicio por muerte natural y lo atendió como caso de coronavirus. Entonces la familia López Fuentes pidió al IMSS mostrarles el resultado de la prueba de SARS-CoV-2 que le fue practicada a Rosa María, con el fin de constatar que ella dio negativo al virus, el cual les fue negado.
Autoridades del IMSS indicaron a ZETA que los resultados de laboratorio de los test de los pacientes sospechosos de COVID no son enviados en un documento individual -como sucede en los laboratorios particulares-, sino que se entregan en un listado de las pruebas liberadas por día, en el que se determina el nombre los pacientes y si resultaron positivos o negativos.
De la causa de muerte expusieron que sea por coronavirus u otro padecimiento, en general es paro respiratorio o paro cardiaco, aunque lo que produjo tal paro es consecuencia de una enfermedad determinada, lo que también se anota en el acta de defunción, que en este caso fue neumonía viral.
Mexicali, acercándose a 4 mil casos de COVID-19
La Capital del Estado sigue padeciendo los estragos del nuevo coronavirus y la curva ascendente continúa sin “mesetear”. Mientras Tijuana, Ensenada, Rosarito y Tecate, mantienen una conducta favorable, en Mexicali, según el subsecretario Hugo López-Gatell-, padece ya un rebrote.
En lo que el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, regañan diariamente a la sociedad mexicalense desde sus oficinas en Tijuana, las cifras oficiales son desalentadoras, ya que solo en un par de semanas, los decesos por COVID-19 se duplicaron: de los 320 contabilizados hasta el jueves 4 de junio, incrementó a 678 muertes por esa enfermedad, según el último registro proporcionado por el Poder Ejecutivo.
Durante el mismo periodo, la propagación del contagio creció de 2 mil 742 a 3 mil 918, es decir, poco más de mil 100 casos confirmados en los últimos 14 días, acorde con fuentes oficiales. Sin embargo, muchos de estos casos no se contabilizan, pues existen fallecidos que nunca se realizaron la prueba de COVID-19.
En un análisis realizado por este Semanario, en la mayoría de los laboratorios que practican las pruebas COVID-19, el periodo de espera es de una semana, por lo que muchas personas no sobreviven ese tiempo.
También se cotejó que los números de atención COVID-19 que proporciona el Gobierno del Estado diariamente, no funcionan; de hecho, en algunas ocasiones la llamada ni siquiera logra conectarse, mientras que en la atención vía WhatsApp, parece responder un mensaje programado.
Además de médicos y enfermeras que son la línea de batalla, otro sector que se ha visto afectado es el de los socorristas y grupos de rescate. Ayer jueves 18 de junio, un conocido socorrista de 30 años de trayectoria, perdió la batalla contra el coronavirus.
Su nombre era Mario David González Lamadrid, conocido como “Don Mario”, quien mantenía operaciones en Cruz Roja hasta que comenzó con los primeros síntomas; días después falleció.
En los testimoniales, personal de Bomberos aseguró que la complicada situación se ha vuelto algo común. La saturación de hospitales entre el 88 y 90% es un número conservador para la experiencia de socorristas, máxime cuando diariamente realizan hasta quince servicios de traslado a los escasos nosocomios de la ciudad.
Una fuente que pidió a ZETA el anonimato, aseguró que todos los días trasladan enfermos de COVID-19 al Hospital General, a la Clínica 30 del IMSS y al Issstecali, en todos los casos deben esperar de 40 minutos a dos horas con el paciente en la ambulancia en el área de Urgencias, debido a que no hay camas o personal que atienda.
Infortunadamente, ya una persona perdió la vida mientras esperaba por un lugar en el Hospital General; socorristas no pudieron ayudarlo por la incapacidad de insumos y ante la ausencia de médicos o enfermeras que le brindaran atención.
Esa es la realidad de los paramédicos que han llegado al grado de pedir al C4 que les informe si hay camas disponibles en algún nosocomio, de lo contrario, esperan a que un espacio se desocupe para realizar el traslado.
Por su parte, el Servicio Médico Forense registra por lo menos 60 casos sospechosos de COVID-19 que fueron trasladados a sus instalaciones, pero ante la sospecha, no se practican las autopsias correspondientes. Eduardo Villa Lugo
