La diputada Montserrat Caballero propuso reducir la siguiente administración estatal a tres años, para que en 2024 se empaten las elecciones de gobernador y Presidente de la República. El abogado constitucionalista José Hans Zamorano Dueñas argumenta que ello derivaría en una ilegalidad, pues con la excepción de la actual gubernatura, los periodos deben ser sexenales. Opositores atribuyen la propuesta al mandatario Jaime Bonilla, quien dicen, quiere vengarse por no haber logrado la ampliación de su mandato y pretende seguir controlando. Senadora habla de posibles expulsiones de Morena, mientras que legisladora inicialista niega responder a intereses ajenos
Foto: Alejandro Gutiérrez Mora.- El Gobernador del Estado, Jaime Bonilla.
Diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) suponen que la iniciativa para recortar a tres años la siguiente gubernatura en Baja California no redundaría en fraude a la Constitución en caso de ser aprobada, porque aún están en tiempos de votarla, toda vez que el arranque del proceso electoral, ellos mismos lo recorrieron de septiembre a diciembre, con lo que pueden sufragarla con noventa días de anticipación, como marca la Ley.
Sin embargo, pudieran proceder recursos contra la modificación, dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que solo el gobierno electo en 2019 procederá en la modalidad de bianual, de forma que las administraciones subsiguientes serán sexenales. La siguiente administración deberá correr de 2021 a 2027 y modificar ese plazo sería “ilegal”.
Así lo estableció el delegado de la Coordinadora Nacional de Abogados de México (Conamex), José Hans Zamorano Dueñas, quien, en entrevista con ZETA, recordó que el Congreso local incurrió en un fraude a la Constitución al decretar que el mandato del actual gobernador, Jaime Bonilla Valdez, se ampliaría a cinco años, pese a que el tijuanense ya había sido electo mandatario estatal para un periodo de dos años. Tal fue el posicionamiento del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, emitido para invalidar la reforma con que se pretendía extender el periodo.
El representante de la Conamex en Baja California recalcó que, tratándose del nuevo proyecto, los legisladores locales podrán elevarlo al nivel de reforma, pero esa enmienda conllevaría una ilegalidad que pudiera combatirse jurídicamente.
“Pueden reformar porque está dentro de sus facultades, pero de eso a que sea correcta esa modificación, es una cosa distinta y se lo van a hacer valer porque las gubernaturas son para seis años, salvo esta que se modificó para empatarla con las elecciones federales (intermedias)”, dijo.
La iniciativa presentada por la diputada Montserrat Caballero Ramírez el lunes 1 de junio ante Oficialía de Partes de la XXIII Legislatura, está encaminada a que la elección de gobernador se empate con la de Presidente de la República, en aras de que el electorado cuente con “una administración vigorosa” que trabaje de la mano con la Federación desde un primer momento “para cumplir los compromisos para con la ciudadanía”.
Ello implicaría “que, por única vez, el gobernador del Estado que entrará en funciones el 1 de noviembre de 2021, termine su gestión el 31 de octubre de 2024, para que a partir de ese año todos los gobernadores subsecuentes se elijan en la misma fecha que el Presidente de la República”, da cuenta el proyecto legislativo.
Zamorano Dueñas observó que para fines de concurrencia con comicios federales ya se dio un ajuste a la duración del gobierno estatal en BC, a partir de la reforma de 2014 referente a que la actual gubernatura será de dos años. Esa disposición, que posee carácter de única, prevaleció en vista de que la Corte invalidó la denominada Ley Bonilla, con la que se intentó que la presente administración se extendiera por un
Vía rápida a gubernatura de tres años en BC, “procedente” de acuerdo a dictamen ya elaborado, pero aún no votado en Comisiones
Hoy viernes 5 de junio se someterá a votación de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el dictamen relativo al empate de elecciones en Baja California, del cual ZETA tiene una copia en su poder.
El documento que corresponde a la iniciativa presentada apenas el lunes 1 de junio por la diputada morenista Montserrat Caballero Ramírez, en aras de que en 2024 la elección a gobernador concurra con la de Presidente de la República. Esto implicaría que el mandatario estatal que se elija en 2021, estuviera tres años en el cargo y no seis como marca la Ley.
El diagnóstico catalogado como Expediente 191/2020, da cuenta que la comisión dictaminadora (Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales) “advierte de manera clara que la propuesta formulada por la inicialista (Caballero Ramírez), tienen bases y soportes constitucionales previsto en los artículos 39, 40, 41, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación directa a los numerales 4, 5, 11 y 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California”.
Conforme al escrito que la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local presentó ante Oficialía de Partes el 1 de junio, en aras de someterlo a revisión de la consabida comisión, el proyecto se reduce a adicionar un segundo párrafo al Artículo 44 de la Constitución Política de Baja California (alusivo al periodo sexenal de gobierno). El fragmento contemplado para su adhesión establece que la “jornada electoral para elegir al gobernador del Estado se llevará a cabo el mismo día que la elección de Presidente de la República”.
Según el dictamen, “el texto propuesto por la inicialista resulta acorde a derecho, no se contrapone a ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y existe simetría entre el diagnóstico presentado en la exposición de motivos y los valores axiológicos que se pretenden tutelar con la reforma, lo que hace a la misma jurídicamente PROCEDENTE”.
En su mayor parte, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales está conformada por diputados de Morena. Siendo así que como presidente figura Juan Manuel Molina y en calidad de secretaria, Rosina del Villar. En carácter de vocales fungen Julia Andrea González, Víctor Hugo Navarro y Eva Gricelda Rodríguez.
Los únicos dos integrantes que no pertenecen al partido oficial e igualmente ostentan posición de vocal son Gerardo López Montes y Julio César Vázquez Castillo, de los partidos de la Revolución Democrática y del Trabajo, respectivamente, este último afín a Morena.
En lo concerniente a la iniciativa, Caballero Ramírez la presentó “en representación del Grupo Parlamentario de Morena”, lo que da una idea del posicionamiento que al respecto pueda fijar el grueso de la Comisión.
Por lo que respecta a los otros dos diputados, López Montes refirió a ZETA que él en lo particular votaría en contra el dictamen, en vista que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió una postura, una sentencia, donde dice los términos de duración del próximo gobernador”, de manera que “no podemos ir en contra de lo que ya la misma Corte resolvió”.
Ello a propósito de la resolución del 11 de mayo, alusiva a la restitución del Artículo Octavo Transitorio del Decreto 112, el cual apunta a que la administración en curso (encabezada por Jaime Bonilla Valdez) será de dos años, de manera que “el Gobernador del Estado electo en el proceso electoral de 2021, iniciará funciones el primero de noviembre de 2021 y concluirá el 31 de agosto de 2027”.
Sobre los foros contemplados para analizar la propuesta de la diputada Caballero Ramírez, López Montes afirmó que sí se llevarán a cabo, sin embargo, desde su punto de vista “no van a tener ningún sentido”, pues previo a la votación del dictamen debió haberse socializado el tema. Eduardo Andrade Uribe
quinquenio. Por lo tanto, una nueva modificación no aplicaría.
“Ya nos dijeron los ministros, las gubernaturas son para seis años; únicamente ésta era para dos años ocho meses, para empatarla”, reiteró el también ex presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de Tijuana.
De no respetarse el plazo sexenal (estipulado en el Artículo 44 de la Constitución Política de Baja California), la reducción del periodo sería “ilegal”, remató.
“SIMULACIÓN” Y “REVANCHA”
Representantes de la oposición estimaron que el Congreso local debe sujetarse a la resolución de la SCJN. En conferencia virtual celebrada el lunes 1 de junio, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Alcibíades García Lizardi, consideró que los diputados de Morena, que a nombre Montserrat Caballero Ramírez presentaron la iniciativa, “podrían caer en un desacato sobre lo que la Corte determinó”. En lo particular describió el proyecto legislativo como “una simulación”.
A propósito, el representante MC ante el Instituto Estatal Electoral, Salvador Miguel de Loera, refirió a ZETA que en su momento Morena conoció “el decreto por el cual se dispuso que este gobernador solo duraría dos años para que el siguiente electo en 2021 dure los seis años como lo marca la Constitución local”, de manera que “al no haberse recurrido en el momento procesal oportuno”, integrantes del partido oficial, incluido Bonilla Valdez, “consintieron el acto y en consecuencia adoptaron dicha modificación como válida”.
De ahí que García Lizardi y De Loera Guardado vean la nueva tentativa como mero disimulo.
Fotos: Cristian Torres.- Alejandra León Gastélum, virtual senadora de Baja California
El dirigente partidista mencionó que se puso en contacto “con la dirigencia nacional”, encabezada por Clemente Castañeda Hoeflich, en el ánimo de presentar “las denuncias correspondientes” contra lo que definió como “otra trampa jurídica”.
De acuerdo con el líder estatal del Partido de la Revolución Democrática, Abraham Correa Acevedo, “la maniobra para recortar la gubernatura que viene de seis a tres años”, deriva “en una acción que no alcanzamos a comprender (en términos de) alguna bondad político electoral, alguna bondad para los ciudadanos, sino solamente (como) un acto de revancha, un acto de desesperación producto de la paliza que le propinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Jaime Bonilla y al equipo gobernante (al dar reversa a la ampliación de mandato)”.
A pregunta expresa, el ex contrincante perredista de Bonilla Valdez en la búsqueda de la gubernatura, Jaime Martínez Veloz, sostuvo que con la propuesta de Caballero, el mandatario estatal “persigue poner a algún incondicional (como relevo suyo) y promover en el Senado la reelección de los gobernadores”, considerando que el gobernador podría retomar su puesto como senador de la República (con vigencia hasta 2024), al cual pidió licencia para contender por el cargo que hoy ocupa.
A su vez, Correa Acevedo anunció: “Vamos a combatir por los medios jurídicos a nuestro alcance esta pretensión y a denunciar las pretensiones perversas de este gobierno”.
En representación del Partido de Baja California, Mario Favela Díaz manifestó a este medio que a Bonilla le convendría que la siguiente gubernatura finalizara en 2024, de modo que pudiera tener control de la administración en su totalidad, en calidad de legislador o como delegado federal, puesto al que solicitó separarse para buscar la senaduría.
Como parte del posicionamiento público que fijaron los partidos de oposición con la excepción del Revolucionario Institucional, el presidente del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional, Enrique Méndez Juárez, afirmó que el plan de reducir el próximo periodo gubernamental constituye un intento de “disminuir a la oposición”, al igual que las propuestas de Morena enfocadas a recortar el presupuesto de los partidos en 52% y eliminar a los diputados de lista, con los cuales las fuerzas minoritarias pueden tener representación.
Alfredo Ferreiro Velazco, quien está al frente de Encuentro Social de Baja California, expresó en alusión a proyectos de esa índole que a los partidos opositores se les está “metiendo en una dinámica de exclusión, cuando el problema central está en la atención a los ciudadanos”. Desde su punto de vista, los bajacalifornianos carecen de políticas públicas y están enfrentando problemas de salud (más aún cuando el brote de coronavirus sigue generando contagios y cobrando vidas). Agregó que no están activados los motores de la economía y se ha descuidado el tema de seguridad.
MORENA DESAPRUEBA INICIATIVA: SENADORA
Alejandra León Gastélum, senadora por Baja California que fue electa como tal con el cobijo de Morena y actualmente pertenece a la bancada del Partido del Trabajo, indicó que la iniciativa de Montserrat Caballero para modificar el siguiente periodo gubernativo “no está avalada” por Movimiento Regeneración Nacional.
Aseguró que los diputados de ese instituto político en BC no acuerdan con las autoridades partidistas la línea por la cual conducen su trabajo legislativo.
“Soy consejera política estatal de Morena. Estamos en reuniones, estamos en comunicación todo el Consejo Político Estatal y en ningún momento los diputados de Morena le dan la cara al Consejo para hacer lo que están haciendo”, expuso vía telefónica.
“No nos han dado explicaciones de por qué están haciendo este tipo de cosas, de violentar el Estado de Derecho”, subrayó.
“Si la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Baja California lo está haciendo por servilismo al gobernador, pues es por ellos mismos, pero al Consejo Político Estatal de Morena, que somos el órgano máximo de gobierno partidista, no se nos ha mencionado ni notificado, entonces no es algo que respalde el partido Morena”, definió.
Supuso que en su momento “por esas anomalías que están sucediendo” y se solicitará “la expulsión de estos militantes, que más que abonar al proyecto de nación”, están atentando contra “el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Aseguró que “la posición de Bertha Luján (presidenta del Consejo Político Nacional partidista) como de Alfonso Ramírez Cuéllar (dirigente de Morena) es en contra de todo este tipo de prácticas legislativas-políticas”.
A decir de la entrevistada, Caballero Ramírez y los demás legisladores locales del partido en el poder buscaron sus respectivos espacios legislativos solo como producto “del dedazo de candidatos a conveniencia del entonces candidato a gobernador que fue Jaime Bonilla”, lo cual actualmente tiene “en encono a la militancia de base de Morena”.
León Gastélum comentó que el miércoles 3 de junio presentaría un punto de acuerdo para hacer un exhorto en aras de que la XXIII Legislatura acate la resolución de la SCJN relativa a la corroboración de que el siguiente periodo gubernativo debe ser de 2021 a 2027.
“Estamos solicitando, exhortando al Congreso (local), se apegue al Estado de Derecho nuevamente y no trate de estar manipulando nuestra Constitución a diestra y siniestra”, aseveró.
Salvador Miguel de Loera Guardado
BONILLA “NO TIENE NADA QUE VER”: CABALLERO RAMÍREZ
La diputada inicialista Montserrat Caballero dijo no encontrar de qué manera se pudiera beneficiar el gobernador de su proyecto para acortar el siguiente periodo. “Definitivamente el ingeniero Jaime Bonilla termina su mandato en dos años, año y medio más o menos le queda, y se va. Esta iniciativa ve a futuro y no tiene nada que ver el gobernador”, arguyó telefónicamente.
— Algunas iniciativas derivan de propuestas que hace el gobernador a través del secretario de gobierno. ¿Esta iniciativa es de su autoría?, se le preguntó a la legisladora.
“Sí, es de mi autoría. Esa iniciativa es mía”.
— Originalmente suya.
“Original y absolutamente, porque la iniciativa que circulaba en redes (previo a la presentación del proyecto formal ante Oficialía de Partes) no existe como tal. Como presidenta de la Junta de Coordinación Política nunca la tuve en mis manos, entonces, jurídica y oficialmente no existe.
Expresó que la propuesta tiene sustento jurídico con todo y la argumentación de que excepto la actual administración, las subsiguientes serán sexenales.
“Definitivamente, jurídicamente es posible, porque no tiene absolutamente nada que ver con la Ley Bonilla (en cuanto a que esta fue invalidada por su carácter de extemporánea). Al contrario, vamos a reorganizar un precepto constitucional, agregar ahí la situación que por única y exclusivamente esta vez la siguiente gubernatura sea de tres años y con eso ya lograríamos empatar las elecciones, y con esto también combatiríamos el abstencionismo, porque hay una gran diferencia en el número de votos que tienen las elecciones federales a los que tienen las intermedias, en este caso las estatales. Entiendo el miedo de la oposición, porque realmente ya no va a tener cómo figurar y nuestra principal, sobre todo mi principal intención, es que, continúe yo o no en una diputación o en algún encargo, dejar al Estado libre de panistas”.
— Se tendría que restablecer o restituir el Bando Solemne con el que se declaró a Jaime Bonilla gobernador constitucional, para que quede establecido que va por dos años. ¿Considera Usted qué trámites de esa índole deben hacerse antes de que su propuesta proceda?
“Sí, probablemente habría que hacerlos para asegurar lo que se firmó en el Bando Solemne, pero ese trámite no es engorroso. Lo que pasa es que la oposición ya no halla de qué agarrarse, porque no tiene sustento jurídico, no tiene sustento moral, entonces no hay ningún tipo de sustento con el que pueda convencer a la ciudadanía de que su gobierno, Morena, estamos haciendo mal”, concluyó Montserrat Caballero Ramírez.
