De enero de 2020 a la fecha, el gobierno de Baja California adeuda 170 millones de pesos por el Fideicomiso Empresarial (Fidem), señaló el presidente Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Gabriel Camarena Salinas, quien consideró que dicho recurso es “necesario” para iniciar la etapa de reactivación económica en la entidad.
En un comunicado, explicó que pese a que las empresas no han tenido ingresos han pagado el Impuesto Sobre Nómina. Parte de esa contribución fiscal constituye el Fidem. Sin embargo, las autoridades no han entregado estos recursos a los empresarios.
Apuntó que los recursos del Fidem se invierten directamente en la realización de proyectos productivos de desarrollo económico, en la promoción y atracción de inversión económica; así como en atracción turística, capacitación, proyectos de infraestructura, educativos y de seguridad.
Camarena Salinas indicó que al estar por iniciar el cuarto mes de confinamiento por la pandemia provocada por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) “la realidad es que no vemos un panorama claro, ni una fecha concreta en la cual podamos salir a la tan sonada ´nueva normalidad´, fuera de ello, lo que si tenemos es una realidad en la que Baja California tiene los índices de pérdida de empleo más grandes desde hace décadas”.
Refirió datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que indican que, entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, se perdieron 26 mil 858 empleos formales en la entidad. Esta cifra es “superior a la que se registró en el periodo de la Gran Recesión”, en la que se perdieron 21 mil 302 puestos de trabajo.
Entre los sectores afectados durante la pérdida de empleos de 2019 a 2020 destacan el comercio, el transporte, las comunicaciones, la construcción, y el agropecuario. “Básicamente el único rubro que ha podido mantener su planta laboral es la industria”.
Si bien, en unos días, iniciará la nueva era en cuestión de comercio internacional mediante el T-MEC, que podría ser “una gran oportunidad” para impulsar la mayoría de los sectores productivos, “la realidad es que desafortunadamente el panorama es de incertidumbre”.
A los organismos encargados de la promoción les resulta complicado atraer inversiones, entre otras cosas, por la falta de certeza jurídica ante cambios constantes de leyes y reglamentos, aumento de impuestos, y presiones fiscales.
Dichas acciones, por el contrario, abonan a la pérdida de fuentes de trabajo y al cierre de empresas que es precisamente lo que se quiere evitar, abundó.
