Choferes de diversas aplicaciones de transporte privado de Mexicali, realizaron una manifestación en el Centro Cívico de la ciudad, que culminó con un plantón y cierre de las oficinas de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, este miércoles 24 de junio.
Un nutrido grupo de trabajadores del volante de la empresa Uber, Rappi, Didi, entre otras, formaron parte de la manifestación en contra de la reforma aprobada el 17 de junio, que criminaliza a los choferes de plataformas digitales que no cumplan con las nuevas reglas, como la obtención de un permiso para su operación.
Según el dictamen aprobado, toda persona que ofrezca servicios de transporte público, privado o de carga, que no obtenga los nuevos permisos y licencias, recibirá una sanción de 6 meses a 2 años de prisión, además de una multa de 380 UMAS, y el decomiso del vehículo.
Incluso hablan de cárcel: “Se sancionará con pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de setecientos a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, a quien dirija, organice, incite, induzca, compela o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeras o de carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, dicho delito se perseguirá de oficio”.
Foto: Cristian Torres
Una de las representantes de los choferes, Cinthia Aparicio, señaló que son alrededor de 8 mil integrantes de este gremio, los cuales se verían afectados por los costos de la regularización ante el Instituto de Movilidad, además de que les preocupa la amenaza de prisión a los trabajadores del volante que no cuenten con permisos.
Criticó que ya entró en vigor la reforma que restringe su actividad, pero aún no se establece el reglamento municipal, por lo que desconocen si habrá sanciones durante este tiempo.
Agregó que el Estado no ha promovido ningún acercamiento con el gremio del volante, lo que les ha generado gran incertidumbre en su operación, sobre todo porque ellos han buscado plantearles su inconformidad.
El plantón y cierre de las oficinas estatales permanecerá por tiempo indefinido, en caso de que no encuentren un canal de diálogo con el Poder Ejecutivo.
