Iván Nolasco, dirigente de la cámara en Ensenada, calculó que el 35% de alrededor de mil 200 restaurantes de la ciudad y el Valle de Guadalupe ya no abrirán
ENSENADA.- Alrededor de 10 mil empleos del sector restaurantero se podrían perder en Ensenada debido al pago de la Licencia Sanitaria aprobada por el Congreso del Estado sin tomar en cuenta que la mayoría de los negocios afectados -incluidos los restaurantes- son micro y pequeñas empresas.
Iván Nolasco Cruz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), dijo que la industria gastronómica se suma a la inconformidad de otros sectores como el hotelero, funerarias, peluquerías, estéticas y transportistas, bares, entre otros, por los efectos nocivos que el nuevo derecho impuesto por los diputados locales.
De por sí, debido a la crisis generada por el Covid-19, el 35% de alrededor de mil 200 restaurantes de la ciudad y el Valle de Guadalupe ya no abrirán, con esta medida altamente perniciosa y se podrían perder otros tantos centros de trabajo, señaló el dirigente.
Nolasco Cruz lamentó que los legisladores –supuestos representantes de la ciudadanía- no tomaron en cuenta que los restauranteros representan el 70% de los empleos que genera el sector servicios y que hoy más que nunca, requieren del apoyo del gobierno, no de medidas regresivas que les impactarán negativamente.
En ese sentido, apuntó, se buscará el apoyo del gobernador Jaime Bonilla Valdez para evitar que interceda ante los diputados de Morena y se evite este golpe demoledor a la economía de las micros y pequeñas empresas que conforman la mayoría de las que pudieran ser afectadas.
PROMOVERÁN AMPARO
Ante la aprobación del Decreto 68, por parte de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, con lo cual cada negocio pagaría alrededor de 20 mil pesos, según datos extraoficiales, la Canirac estatal en conjunto con otros organismos y sectores involucrados interpondrán un amparo colectivo en contra de que se concrete el nuevo cobro, advirtió el presidente de Canirac.
Subrayó que al ser ya un derecho aprobado por los diputados y no haber consensado o consultado previamente a los sectores involucrados, como lo establece la Ley de Cámaras en su Artículo Cuarto, se tomarán todas las acciones legales necesarias para combatir ese exceso legislativo.
Dijo que los restauranteros recibieron con asombro las manifestaciones de la diputada Montserrat Caballero, presidente de la Comisión de Salud en el Congreso, en el sentido de que ella no iba a estar pidiendo permiso a los empresarios, sin embargo “no se manda sola”, se debe a la sociedad.
Se trata de una sobre regulación a todas luces recaudatoria e inconstitucionalidad, ya que los restauranteros ya son supervisados y regulados por la Cofepris y sujeto al cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, además de cumplir con una serie de regulaciones municipales para poder operar, aseveró Nolasco Cruz.
Criticó durante a los legisladores porque en plena pandemia por el Coronavirus cuando los restaurantes y demás giros comerciales luchan por sobrevivir, es inadmisible que se creen nuevos impuestos y derechos en lugar de crear incentivos para facilitar su recuperación y el sostenimiento de los empleos.
El presidente de la Canirac hizo un llamado a todos los giros comerciales involucrados para que se acerquen a sus cámaras empresariales para que se les informe de los requisitos para sumarse al amparo colectivo que será gratuito y que se busca interponer a la mayor brevedad posible.
