El mandatario estatal pide al Gobierno de México retirar concesión a Grupo Aeroportuario del Pacífico, y advierte que “no se merecen menos, han abusado de los bajacalifornianos”. En tanto que el director del GAP sostiene: “Si hay cualquier tipo de diferencia de mediciones, con mucho gusto lo pagamos, siempre y cuando nos muestren un soporte técnico de por qué tenemos estos adeudos de agua”
Foto: Ramón T. Blanco Villalón
Alrededor de las seis de la tarde del miércoles 17 de junio, Vladimir Jasso, inspector de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), ingresó a la puerta de acceso a la plataforma donde se encuentran los aviones del Aeropuerto Internacional “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana, área restringida solo para personal autorizado que trabaja en ese sitio.
“Esta persona entró con violencia, empujando a los vigilantes. Se metió a la fuerza y corriendo directo a la plataforma. Eso se conoce en la aviación del mundo como un acto de interferencia ilícita y es una violación a los procedimientos de seguridad”, señaló a ZETA el administrador del Aeropuerto, Eduardo González Pérez.
En esa área fue detenido Jasso primeramente por seguridad privada, quien lo entregó a elementos de la Guardia Nacional. Posteriormente, fue remitido ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Institución que recibió el Informe Policial Homologado y abrió la carpeta de investigación número 1502/2020, en la que se le acusa de atentar contra las vías federales de comunicación.
Señalamiento que aún no contempla la modalidad de terrorismo (como señalara el titular de la Coepris, David Gutiérrez Inzunza), dado que apenas se están iniciando las indagatorias para determinar si se cometió el delito, con lo que Jasso fue puesto en libertad tras tomarle sus datos generales.
El Artículo 170 del Código Penal Federal establece que “se impondrán de tres a veinte años de prisión y de 100 a 400 días multa, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos que cometa, al que mediante violencia, amenazas o engaño, se apodere o ejerza el control de una plataforma fija, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil (…)”.
Aunque el titular de la Coepris y el propio Vladimir Jasso aceptaron que este último pasó a un área restringida, la versión del verificador discrepa de la dada por la empresa en cuanto a cómo sucedió su detención, ya que el funcionario afirma que se dio casi media hora después de haber entrado a la llamada zona estéril del aeropuerto.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón
2200Por el incidente, la administración del Aeropuerto informó del hecho a la Agencia Federal de Aviación Civil e implementó protocolos de seguridad establecidos por la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, el Programa Nacional de Seguridad en la Aviación Civil, así como el Anexo 17 y Documento 8973 de la Organización de Aviación Civil Internacional.
De no proceder así -explicó González Pérez-, la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, con presencia las 24 horas del día en todos los aeropuertos del país, hubiese sancionado a la terminal aérea, dado que fue una interferencia ilícita flagrante que representa la pérdida la seguridad de las instalaciones, y es la autoridad aeronáutica la que determinó el inicio y conclusión del cierre del aeropuerto.
La empresa mexicana con inversión española indicó que el cierre de 24 minutos provocó que cerca de 150 pasajeros, de un avión con destino a Guadalajara que se encontraban en las salas de abordaje, fueran desalojados, para posteriormente regresar a esa área sin que ningún vuelo fuera afectado.
De esta manera, el hecho sin precedente estableció el punto más álgido de la confrontación entre Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y el gobierno de Baja California por los señalamientos del mandatario Jaime Bonilla Valdez, sobre el adeudo del aeropuerto por el servicio de agua y drenaje.
El pleito entre el mandatario estatal y GAP también habría provocado que en un “berrinche”, Bonilla se saliera del chat de seguridad acusando “falta de apoyo”, toda vez que la Fiscalía General de la República no “soltó luego, luego, a Jasso”, confió una fuente municipal.
PIDE BONILLA QUE QUITEN CONCESIÓN; GAP VA POR AMPAROS
El jueves 18 de junio, Jaime Bonilla Valdez pidió al Gobierno de México cancelar la concesión del Aeropuerto de Tijuana a Grupo Aeroportuario del Pacífico.
“No se merecen menos, han abusado de los bajacalifornianos, han infectado a quién sabe cuánta gente a través de sus abusos a los tijuanenses y eso se tiene que acabar”, afirmó el gobernador.
Además, expuso que el GAP “ha intimidado a todos los gobiernos porque ha estado conectado con México. Fueron inmediatamente a la Secretaría de Gobernación a decir que ‘qué injusticia se estaba cometiendo si vienen a generar trabajo’, a salvarnos la vida porque nosotros somos unas personas incompetentes, ellos vienen a enseñarnos”.
Minutos más tarde, en entrevista radiofónica, el director del GAP, Raúl Revuelta Musalem, declaró que en 2019 el Aeropuerto “pagó 9 millones de pesos y este año ha saldado 3 millones de pesos” por servicio de agua.
“Si hay cualquier tipo de diferencia de mediciones, con mucho gusto lo pagamos, siempre y cuando nos muestren un soporte técnico de por qué tenemos estos adeudos de agua”, y consideró que es una “situación muy penosa y dramática” porque los pasajeros sufren las consecuencias. Por ello, calificó de “grave” que se hayan clausurado los baños en plena pandemia de coronavirus.
“Hoy estamos dando un servicio terrible en el aeropuerto, que es el quinto más importante de México y la entrada a nuestro país”, indicó al referir que se tuvieron que instalar baños portátiles ante la clausura de algunos servicios.
Revuelta adelantó que el GAP está trabajando en la estrategia legal para conseguir amparos.
REPRUEBA GONZÁLEZ CRUZ CIERRE DE AEROPUERTO
A los señalamientos de Bonilla se sumó el reclamo del pago de Impuesto Predial, cuyo monto supera los 700 millones de pesos, expresó el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, cuando se apersonó en el lugar minutos después de conocerse el “cierre” de la terminal aérea.
Ahí, lamentó que el GAP haya recurrido a dicha acción afectando a los pasajeros, calificándola como una medida de presión para no cumplir con sus contribuciones fiscales.
Aclaró que al personal del Ayuntamiento “nunca lo dejaron entrar al área restringida”, negando así lo señalado en un primer momento por el GAP, que en el boletín en el que informó el cierre del recinto aeroportuario, sostuvo: “(…) inspectores del municipio de Tijuana (habían) entrado por la fuerza y sin el proceso de inspección correspondiente a la zona estéril del Aeropuerto”.
Más tarde, mientras el edil hacía declaraciones a los medios, el GAP rectificó que “la persona que ingresó a zona estéril a la fuerza era un trabajador de la Coepris y no del Ayuntamiento de Tijuana, como erróneamente había comunicado”.
En cinco años, GAP debe 28.03 mdp de Predial a Mexicali
Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) tampoco cumple con el pago mínimo de impuestos al Ayuntamiento de Mexicali, pues en cinco años ha omitido erogaciones que superan los 28 millones de pesos en Impuesto Predial.
Cabe recordar que el Gobierno del Estado y GAP sostienen una pelea que se ha hecho pública gracias a las múltiples acusaciones del actual mandatario Jaime Bonilla Valdez, debido a que la empresa incumple con el pago de agua.
La tensión subió de tono cuando inspectores del Ayuntamiento de Tijuana y representantes de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios realizara un operativo en el Aeropuerto de Tijuana, que culminó con el cierre temporal de operaciones.
En Mexicali la situación es parecida, ya que según registros de Catastro municipal facilitados por el Ayuntamiento de Mexicali, se constató que GAP acapara las concesiones de los aeropuertos de Tijuana y de la Capital del Estado y no ha pagado el gravamen en ninguno de los municipios, pero nunca han sido embargados.
Cabe recordar que el Ayuntamiento solo guarda adeudos de los últimos cinco años, ya que son los únicos que por Ley puede cobrar, por lo que en realidad pudieron omitir el pago por mucho más tiempo.
De igual forma, se solicitó información sobre la cuenta de agua de GAP en esta ciudad, pero la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali no le brinda servicios, sino que cuenta con permisos para la adquisición de agua de pozo -de subsuelo-, lo cual es regulado por la Comisión Nacional del Agua.
ZETA buscó una versión de la dependencia federal para determinar si existe un adeudo, pero hasta el cierre de edición, jueves 18 de junio, no emitió declaración al respecto. Eduardo Villa Lugo
El alcalde recriminó: “Hubiéramos querido hacer (la inspección) de la mano con ellos, para efectos de hacer la revisión justa y razonable que se debe tener, pero nos encontramos con un grupo que con tal de no pagar impuestos, está dispuesto a todo”, para luego invitar a la empresa a una mesa de trabajo en la que “de manera coordinada y respetuosa” se llegue a acuerdos en beneficio del GAP y los tijuanenses.
Respecto a si la acción del Ayuntamiento se suma a la del gobierno estatal, González Cruz opinó que el adeudo del agua y el drenaje, así como las inspecciones llevadas a cabo por la autoridad municipal y la Coepris son “cuestiones diferentes”.
MÁS DE 14 ESTABLECIMIENTOS CLAUSURADOS
El 17 de junio, en sendos comunicados, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana informó que personal de la Dirección de Inspección y Verificación efectuó un operativo al interior del Aeropuerto, en el que clausuró diez locales comerciales, algunos por considerarse no esenciales ante la actual contingencia sanitaria, y otros más por no contar con los permisos de operación vigentes.
Foto: Cortesía.- Funcionario que habría incurrido en una violación a los procesos de seguridad, que derivó en el cierre del aeropuerto
Entre los comercios cerrados se encuentran dos casas de cambio, una tienda departamental, otra de venta de accesorios, dos empresas de comida, dos negocios de renta de carros, una tienda de conveniencia y el estacionamiento principal.
En la misma línea, la Coepris clausuró el estacionamiento, las cocinas, los baños y los locales comerciales del recinto aeroportuario, al señalar que había condiciones insalubres debido a la suspensión de agua y drenaje, y por un predio aledaño con acumulación de basura y desperdicios orgánicos.
Sobre las irregularidades en Aerococina, González Pérez dijo que esa empresa brinda servicio de alimentos a las aerolíneas y tendrá que trabajar de la mano con la administración aeroportuaria para solventar las anomalías.
Además, “sobre el predio de basura, eso tiene unos pocos meses porque nosotros acabamos de construir una terminal de autobuses en esa zona y la basura que se encuentra ahí es principalmente cartón que producen los locales comerciales de la zona pública”, aseveró el ejecutivo, quien reconoció que la puerta de malla metálica no estaba cerrada y “lamentablemente se nos han metido vagos a recolectar cartón y han creado mucho desorden. Es una tarea que tendremos que corregir”.
Un día antes, la Coepris clausuró los establecimientos Carl’s Jr, Tacos Frontera, Wings y Subway, ubicados dentro del Aeropuerto, con el argumento de que representaban riesgos para la salud de los consumidores.
No es la primera vez que un gobierno municipal clausura comercios al interior del Aeropuerto Internacional de Tijuana. El 15 de diciembre de 2014, durante la administración del priista Jorge Astiazarán, 22 de 25 locales fueron sancionados y la Procuraduría Federal del Consumidor clausuró el estacionamiento.
En aquella ocasión, ZETA informó que no se permitió el ingreso a las zonas restringidas a los funcionarios locales, por lo que Astiazarán solicitaría a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorización para cobrarles el Impuesto Predial y verificar si contaban con los permisos para operar.
AEROPUERTO DEBE 27.6 MDP POR AGUA Y DRENAJE: FISAMEX
El sábado 13 de junio, Manuel García Soto, director de Fisamex, señaló que el Aeropuerto de Tijuana adeuda 27 millones 611 mil 827 pesos por tres conceptos: agua no contabilizada (16 millones 900 mil 312 pesos), descargas a la red (2 millones 639 mil 840 pesos) y los derechos de conexión de una concesión de la Comisión Nacional del Agua (8 millones 071 mil 674 pesos).
En la transmisión matutina de Bonilla Valdez, García Soto reconoció que la terminal aérea “sí paga mensualmente los recibos” de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), pero presentó un historial en el que destacó el consumo por diversos meses, similar al de una casa de Infonavit habitada por cuatro personas.
Aseguró que el pago mensual “no significa” que paguen lo que deben de pagar, o que no tenga adeudos que la Ley contempla para reclamar aguas no contabilizadas.
Utilizando un mapa, García Soto denunció que el Aeropuerto descarga agua sin procesar, líquido que -dijo- debe estar contaminado con químicos, los cuales van a un arroyo que atraviesa varias colonias hasta conectarse a la canalización del Río Tijuana, cauce que termina vertiéndose al mar de Imperial Beach en California.
Respecto a este punto, el administrador del Aeropuerto, Eduardo González Pérez, aseguró que la terminal trata su agua y ayer jueves hizo un recorrido con diez técnicos de la Comisión del agua para mostrarles “todo lo que ellos quisieron ver, de la barda para adentro, de dónde sale cada litro, por dónde pasa y ellos revisaron todos los registros y la planta de tratamiento”, así como la calidad con la que sale de la planta, que es agua de riego.
Asimismo, advirtió que el personal de la Comisión pudo constatar que el aeropuerto tiene un tubo para conducir el agua desde la planta hasta el drenaje en el primer registro de la calle de Lomas Taurinas, el cual coincide con la zona donde se han presentado dos fugas que ha tenido la CESPT.
En cuanto a los adeudos que reclama el gobierno, “hemos pagado lo que nos han facturado con los medidos que nos instalados, seguimos en el interés de ratificar que todo esté bien y, si en el camino hay algún concepto que sea deuda, no habrá ningún problema para pagarlo, pero lo que no sean adeudos del aeropuerto tendremos que buscar su aclaración”, indicó González.
En días pasados, Manuel García Soto expuso que la terminal aérea tiene una concesión con la Comisión Nacional del Agua por 14 mil metros cúbicos al año, y si bien la empresa había presentado la autorización para la conexión, carecía del contrato de esta y, por tanto, no había pagado el importe mensual por la descarga de los volúmenes de líquido derivados de esa concesión.
PREDIAL, AÚN EN LITIGIO
Cuestionado sobre los avances del juicio entre el GAP y el Ayuntamiento de Tijuana -que trasciende a más de tres administraciones locales-, Arturo González Cruz señaló que se seguía litigando en los tribunales, sin precisar la fase en que se encuentran.
“Es una empresa muy grande, tiene facilidad de contratar despachos muy grandes en Ciudad de México para continuar el juicio por muchos años y eso es lo que está pasando”, aseveró.
En 2018, el XXII Ayuntamiento de Tijuana -encabezado por Juan Manuel Gastélum- logró que el GAP
Congreso de BC avala extender a 10 años cobro de agua no pagada
El Congreso de Baja California aprobó en lo general, con 19 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, la iniciativa que prevé extender el plazo de cinco a diez años para la estimación del cobro del servicio de agua para usuarios comerciales e industriales.
La iniciativa -enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez- también redujo de tres a un mes la suspensión de agua tratándose de falta de pago, en el caso del servicio comercial e industrial, e incrementó las multas a quienes practiquen o manden hacer derivaciones de las tuberías generales de distribución, que van de 10 a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) diaria vigente en el servicio doméstico, hasta el rango de las 50-500 UMA ($4,344-$8,688) en el servicio comercial e industrial.
También aumentó la sanción económica a quien no permita la lectura del medidor, retire los sellos o dañe los aparatos, para quedar en un rango de 20-200 UMA ($1,737.6-$17,376).
Durante la sesión del miércoles 17 de junio, el diputado priista David Ruvalcaba (uno de los dos legisladores que votaron en contra) argumentó que, si bien compartía el sentido de la iniciativa en cuanto a no permitir el abuso en el servicio público, tampoco se puede permitir que con argumentos de carácter social se vulnere el Estado de Derecho y el desarrollo de las actividades comerciales.
Expuso que la pretensión de cobrar hasta diez años cuando se localice una toma clandestina es ilegal, toda vez que el Código Fiscal de la Federación y el Código Fiscal de BC establecen cinco años como el lapso límite para la prescripción.
“Tampoco puedo estar a favor de que disminuya el periodo de tres a un mes para que se proceda al corte del agua, el comercio necesita estímulos en estos momentos, tales como posponer los pagos y otras cargas obrero-patronales hasta que reinicien sus actividades”, citó Ruvalcaba. En suma, “es el peor momento para exigirle a algunos comercios sus adeudos cuando están a punto de desaparecer”, dijo.
Rodrigo Otáñez y Gerardo López también votaron en contra, pero se reservaron su opinión, mientras que las panistas Loreto Quintero y Eva María Vázquez se abstuvieron.
Vázquez también observó que la iniciativa no estuvo acompañada del dictamen de la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC) sobre el impacto presupuestal, pese a que con la disposición se despedirá a trabajadores de base.
“Debido a que esta administración estatal concluye en un año aproximadamente se estarían heredando las demandas y cargas presupuestales a la siguiente administración estatal e incluso se podría generar una especie de daño patrimonial”, y abundó que la ASEBC no contó con elementos que demuestren en qué se basó el inicialista para incrementar las multas.
DESCAFEINAN RECORTE DE PERSONAL EN LA CESPT
La propuesta de Bonilla Valdez contemplaba un artículo que propone que las Comisiones Estatales de Servicios Públicos tendrán 60 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la reforma para realizar una revisión administrativa, con el fin de eliminar estructura innecesaria “para que esta sea sometida a las respectivas juntas de gobierno, a efecto de disminuirla en un 30%”.
Sin embargo, Montserrat Caballero, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, presentó una reserva para eliminar el porcentaje, de modo que dichas paraestatales dispondrán 60 días para efectuar “una revisión a sus respectivas estructuras administrativas, con el objetivo de analizar y eficientizar su forma de organización que les permita cumplir de la mejor manera, con el objeto social para lo que fueron creadas sometiendo”. Julieta Aragón Domínguez
depositara una fianza por 122 millones 925 mil 975.80 pesos, de un rezago en ese gravamen tasado en 270 millones de pesos, con el que evitó el embargo del recinto aeroportuario.
Una nota de esta casa editorial, firmada por la reportera Isabel Mercado Juárez, consignó el hecho y las declaraciones de Miguel Cravioto, vocero del GAP, quien sostuvo que ni “los comercios, el Aeropuerto o el Gobierno Federal (quien deba pagar el Predial) tienen problema en pagarlo si así lo estipula la Ley, pero mientras no sea así, dudo que alguno de estos entes quiera pagar algo que no debe pagar”.
En aquella oportunidad, Cravioto recordó que ningún aeropuerto en el país paga el Impuesto Predial a los municipios, al estar “sobre un terreno federal”.
