La presión en las finanzas públicas de México y un menor espacio para contratar deuda, impide brindar incentivos fiscales a la población y empresas afectadas por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19), según lo admitió este jueves 25 de junio, Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP).
“Desearíamos haber hecho más, pero es un asunto no sólo de deseo sino del espacio económico”, explicó el funcionario durante el foro ‘Deuda de mercados emergentes: una hoja de ruta más allá de Covid-19’, organizado por el medio estadounidense especializado en finanzas y negocios Bloomberg.
“En retrospectiva, hay una cosa que debimos hacer diferente. Hemos implementado muchas medidas para combatir el Covid-19 y sus efectos en la economía, desde regulación en el sector financiero hasta cuestiones relacionadas a infraestructura pública”, señaló Herrera Gutiérrez.
“Lo que no hicimos fue empaquetar esas medidas. Así que dejamos que la gente supiera conforme íbamos teniendo estas medidas listas a diferencia de otros países que juntaron un gran paquete y mandaron una señal muy fuerte”, afirmó el funcionario federal.
México, dijo Herrera Gutiérrez, es clasificado como un país avanzado de renta media, pero que en términos prácticos, uno de dos mexicanos vive en la pobreza. Además, dijo que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita del estado más rico frente al más pobre es de casi 7 veces. “Tener un discurso común para un país que tiene esta variedad es muy difícil”, afirmó.
“Actualmente países con economías más desarrolladas tienen niveles de tasas de interés negativas, en Reino Unido es de 0.1 por ciento, mientras que en México es de 5.5 por ciento la tasa interbancaria de referencia, esto es 50 veces más caro que en Reino Unido”, agregó el titular de la SCHP.
“Y nos cuesta 20 veces más caro que en Canadá, el espacio que tenemos nosotros por el lado de la deuda es mucho más pequeño”, indicó Herrera Gutiérrez, cuyo superior, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado en varias ocasiones, que no se recurrirá a la deuda por las presiones que representaría para el gasto público el pago de intereses, lo que reduciría el margen para otorgar apoyos sociales.
El titular de la SHCP explicó que el foco y el discurso del presidente López Obrador se concentra en la atención a los sectores más desfavorecidos, pero a la par se busca dar confianza a las empresas, según él, a través del diálogo entre el sector privado y la institución a su cargo.
El funcionario federal detalló que entre las medidas para enfrentar la pandemia se lanzaron programas para el cuidado de la salud de la población y estimular la economía, entre estos, la entrega de “créditos a la palabra” por 25 mil pesos a pequeños empresarios que han conservado su plantilla laboral, a trabajadoras domésticas, meseros y taxistas afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Por otra parte, tanto el Banco de México ha reducido su tasa de interés de referencia, para hacer menos costoso el precio del dinero, dijo Herrera Gutiérrez, quien abundó que en materia fiscal, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pospuso la fecha límite para la entrega de la declaración anual de las personas físicas del 30 de abril al 30 de junio.
SIN AMLO, COPARMEX VA POR ACUERDO NACIONAL PARA SALIR DE LA CRISIS
Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), aseguró que, “ante la falta de comunicación” con Andrés Manuel López Obrador se buscará un acuerdo nacional sin el mandatario nacional, quien los ha ignorado.
“Siempre estamos abiertos a reunirnos con el presidente para buscar soluciones, pero ante la falta de respuesta, ya nos hemos reunido con alcaldes y gobernadores. Lo que vamos a tener que hacer es un acuerdo nacional, sin el presidente”, indicó el dirigente empresarial en un programa radiofónico.
“Lo grave es que desde finales de abril los empresarios no tenemos comunicación con el presidente”, afirmó el líder patronal, quien explicó, además, que es necesario establecer un salario mínimo garantizado, un bono y un seguro de desempleo, con una inversión equivalente a 1 por ciento del PIB, ya que en estos momentos “es más fácil conservar los empleos, que crear nuevos”.
