Parece que la alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmeda, está nadando de muertito con la reforma constitucional aprobada por el Congreso del Estado para permitir la candidatura a una reelección sin la necesidad de separarse del cargo, que algunos sectores, sobre todo empresariales, han calificado como “Ley Gandalla”. Y es que el Dictamen 37 aprobado por el Congreso del Estado el 11 de mayo y entregado a los ayuntamientos dos días después, ha permanecido en “la congeladora” y está por cumplirse un mes de la misma. El regidor perredista Fernando Rosales se percató de este hecho y presentó un escrito ante la oficina de la Presidencia, con el objetivo de que el tema sea tratado en el Cabildo de Mexicali y así tenga que ser aprobado o rechazado por los ediles, pues de permanecer más de un mes sin respuesta, la reforma se da por aprobada de manera automática y se emite la declaratoria. Todo indica que Marina se sabe beneficiada con esta iniciativa, pues muy probablemente buscará la reelección al cargo, incluso la gubernatura de Baja California -sí el escenario se presenta-, pero tiene claro conocimiento de que aprobar la iniciativa sería muy mal visto por un gran sector de la población. Por ello prefiere voltear para otro lado, no debatirlo ni analizarlo en el seno del Cabildo, para así no comprometerse. Y pensar que en el pasado proceso electoral -donde resultó ganadora- se quejaba de la exposición de la imagen de su antecesor, Gustavo Sánchez…
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