De un estado de fuerza de 2 mil policías municipales, cinco han fallecido a causa de la enfermedad, más de 350 han sido retirados de las calles por contagio o incapacidad, y 100 más son considerados sospechosos en la Dirección de Seguridad Pública Municipal, según registros de la Fraternidad Policiaca de Mexicali. El deceso de uno de los oficiales pudo evitarse, su hija culpa a la directora María Elena Andrade, al ex comandante José Fernando Funes López y al ex subcomandante Alejandro Carrillo de orillarlo a su muerte, por lo que anunció acciones legales por la vía civil y penal contra los presuntos implicados
Foto: Cristian Torres.- Alejandro Monreal
Sí la primera línea de batalla contra el novel coronavirus es la de los profesionales de la salud, podría considerarse que gran parte de la segunda es la fuerza policial. En Mexicali, el saldo de agentes contagiados ya resulta preocupante, pues cinco de ellos fallecieron, 350 han sido retirados de la actividad por padecimientos de salud o por contagio, y más de 100 entran en calidad de pacientes sospechosos.
Sin embargo, el caso de René Moore Gómez, un agente con 24 años de servicio activo, será la evidencia clara de la indolencia de las autoridades para proteger a un policía y cómo las omisiones acabaron con la vida de una persona.
Kimberly Zamudio conoció a los 9 años a quien fuera su padre: René Moore Gómez. Aunque no comparten apellido, sí compartieron toda una vida juntos, de la mano de una numerosa familia.
La ofendida no titubeó en exhibir su rabia contra la directora de la corporación, María Elena Andrade Ramírez, y contra el hoy ex comandante Fernando Funes y el ex subcomandante Alejandro Carrillo, a quienes responsabiliza de la muerte de su padre, por obligarlo a trabajar durante el periodo de contingencia, cuando padecía diabetes e hipertensión.
El fallecimiento de Moore Gómez es consecuencia de un abandono del gobierno, pues según Alejandro Monreal Noriega, representante de una de las agrupaciones mutualistas de la Policía Municipal, denunció que el Ayuntamiento de Mexicali los ha dejado en indefensión, no solo porque han ignorado la creación del reglamento de seguridad social para los guardianes del orden, sino porque los contagios de coronavirus no los consideran riesgo de trabajo, por lo que cuando contraen la enfermedad y son enviados a casa, se les paga únicamente el 60% de su sueldo.
Esto vuelve su situación aún más crítica, porque los gastos de una persona hospitalizada por la enfermedad COVID-19 pueden llegar a 10 mil pesos por un solo medicamento.
Los afectados pueden asegurar que la Policía Municipal fue dejada a su suerte durante gran parte de la pandemia.
RENÉ MOORE, LA MUERTE QUE PUDO EVITARSE
El coronavirus ha terminado con la vida de cinco agentes:
– Miguel Ángel Ceseña Gómez, de 51 años de edad y 22 de servicio.
– Alfonso Rodríguez Ledesma, de 31 y 2 de servicio.
– Santos González Ramírez, de 42 y 16 en la corporación.
– René Moore Gómez, de 48 y 24 laborando en la Policía Municipal.
– Artemio Favela Rodríguez, de 56 y 31 de servicio (formaba parte del plan de contingencia desde el 18 de marzo).
En algunos de estos casos se ha sospechado de negligencia por parte de los jefes policíacos e incluso de las instituciones hospitalarias, pero ninguno fue tan claro como el de Moore Gómez.
Kimberly Zamudio habló con ZETA sobre cómo falleció su padre y por qué responsabiliza a los jefes policíacos.
El 20 de abril habló con su padre, quien se encontraba próximo a regresar a trabajar después de un periodo de vacaciones. Se mostró algo preocupado por volver, debido a que padecía hipertensión y diabetes, por lo que en su primer día acudió con su jefe inmediato Alejandro Carrillo, para comentarle sus padecimientos, los cuales fueron respaldados con documentos que confirmaban sus males.
En lo expresado por Kimberly, Carrillo prometió revisar el tema con su jefe, Fernando Funes -entonces comandante-, pero este se burló de su solicitud y lo envió a campo, pese a que en esos meses la COVID-19 ya era un tema grave y había instrucciones por retirar a los enfermos de la calle.
“Para sorpresa le dicen que se deje de mamadas, que se ponga a trabajar, que él está más fuerte que Carrillo y Funes juntos. Hablando con mi papá llegó muy molesto porque no querían escucharlo, lo que le dijeron es que él estaba más sano que los otros oficiales, y mi mamá nomás le dijo que ya no fuera a trabajar, ‘ya vemos cómo nos arreglamos’”, narró la hija del hoy fallecido.
Pese a ello, René decidió continuar en el trabajo, argumentando que tenía que cumplir con su deber. Regresó a sus labores y tuvo contacto con un compañero que presentaba algunos síntomas como fiebre y dolor de cabeza, y para el 7 de mayo comenzó con algunos problemas de salud que atribuyó a la refrigeración de la patrulla, muy fría.
El último día que Moore Gómez firmó bitácora fue el 9 de mayo; el día 13 tuvo que acudir a la Clínica 30 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a que sus malestares se agravaron.
Kimberly recuerda que los mandos arriba referidos, no le creían que se sentía mal y le pidieron fotografías de él recibiendo una inyección para intentar curar sus malestares; solo así le permitieron ausentarse para revisar su salud.
Por los síntomas se le hizo la prueba y se le mandó a incapacidad, pero Moore prefirió solicitar nuevamente vacaciones, pues no quería una reducción de su sueldo al 60%. Esta práctica ha sido recurrente en varios agentes municipales que son enviados a sus casas por 14 días, pues el contagio de COVID-19 no lo están considerando riesgo de trabajo.
Pese a sus padecimientos, en la Clínica 30 le dijeron que se fuera a casa y solo regresara si tenía complicaciones para respirar.
El 17 de mayo, la situación se complicó. René Moore comenzó a tener muchos problemas para tomar aire, además de delirios -aparentemente por la fiebre-, por lo que sus familiares solicitaron una ambulancia que nunca llegó, lo que causó que uno de ellos acudiera a la casa para trasladarlo al Hospital General.
El nosocomio no lo recibió, pero lo trasladaron -en una burbuja- a la Clínica 30 del IMSS, donde fue hospitalizado e inmediatamente intubado. Para mala fortuna, el hospital no contaba con oxígeno, por lo que pidieron apoyo de los policías para conseguirlo.
El mismo día les entregan los resultados y se confirma que padece COVID-19, por lo que inician un tratamiento sumamente costoso, el cual tuvo que cubrir la familia en su mayoría; algunos medicamentos llegaron a costar hasta 10 mil pesos.
Pese a los esfuerzos de la familia y la férrea lucha que dio René Moore, su luz se apagó el 28 de mayo, a causa de las complicaciones pulmonares que le generó el nuevo coronavirus. Kimberly recuerda que su padre le decía que prefería morir por una bala mientras atendía una emergencia, que por una enfermedad.
La hija de René Moore expuso que cuando el oficial fue internado, la directora de la corporación, María Elena Andrade, les llamó y se puso a sus órdenes para cualquier urgencia. Sin embargo, la única vez que se comunicaron con ella buscando un poco de ayuda para conseguir un costoso medicamento, la funcionaria no contestó.
El martirio para la familia no terminó ahí, pues cuando se encontraban en el proceso de despedir a Moore Gómez, les otorgaron los resultados de seis pruebas de COVID-19 que les practicaron a consanguíneos. Cinco de ellos resultaron positivos, entre quienes se encontraba la esposa del oficial René -quien padece asma-, así como dos nietos, una hija y un cuñado. Por fortuna todos tuvieron síntomas leves.
“Yo los responsabilizo a ellos por la muerte de mi padre, a lo mejor no hubo dolo ni intención de dañarlo, pero hubo falta de pericia, valorar las cosas, hubo muchas cosas que van más allá. Ellos pueden pedir perdón, lo que quieran, pero no regresarán a mi papá. Ellos pueden decir que es un riesgo de trabajo, pero mi papá no debía correr ese riesgo, pidió que lo incluyeran en el plan de contingencia. ¿Qué querían, que les rogara?”, exclamó Kimberly con el llanto contenido.
En próximos días, Zamudio presentará una demanda, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y otra ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que evalúen el actuar de los mandos y, de resultar responsables, resarzan el daño.
Cabe mencionar que el caso de la familia Moore no es el único que tuvo un final lamentable, pues otra agente de la Policía Municipal, Soraya Carrillo Díaz, contrajo COVID-19 durante su labor. Desarrolló síntomas, pero no requirió hospitalización. Sin embargo, sus padres contrajeron la enfermedad, fueron hospitalizados y murieron con escasas horas de diferencia. De hecho, mientras daban sepultura a su madre, recibió la noticia del deceso de su padre.
El caso de Soraya es otro de los más críticos, pero no se incluye en los registros de la corporación porque no son agentes.
POLICÍAS ARRASTRANDO CARENCIAS
Tanto la presidenta del Comité Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP), Alma Araujo, como los representantes de agrupaciones mutualistas Antonio Navarrete Castillo y Alejandro Monreal Noriega, consideran que es urgente garantizar la atención a los policías que salen a la calle diariamente, con el riesgo de contagiarse.
Araujo Ramos comentó que más de 50 policías han resultado positivos a COVID-19, pero las cifras del presidente de la Fraternidad Policiaca, Antonio Navarrete, alcanzan los 350, entre contagiados y retirados del cargo por algún padecimiento, y 100 más en calidad de sospechosos, de los cuales asegura, el 95% contrajo la enfermedad cuando ejercía su función policial.
La presidenta del CCSP envió un exhorto al secretario estatal de Salud, Alonso Pérez Rico, con la intención de garantizar la seguridad y atención de los policías que resulten contagiados. Sin embargo, la mayoría -por no decir todos- son internados en clínicas del IMSS.
Foto: Cristian Torres.- Traslado del cuerpo de la madre de una mujer policía quien falleció a causa del covid-19
Monreal Noriega va más allá. El ex director de la Policía Municipal en dos periodos, forma parte de una Federación conformada por 13 asociaciones civiles de policías, la cual interpuso una demanda de amparo contra el Ayuntamiento de Mexicali para que sean obligados por la justicia federal y reglamente la seguridad social para los uniformados.
Entre lo que contempla el reglamento propuesto por los policías -además de la jubilación tras 25 años de servicio y 55 de edad-, establece que cuando un agente sea contagiado por una enfermedad durante su ejercicio profesional, sea considerado riesgo de trabajo, lo que permitiría que se hagan acreedores al 100% de su sueldo.
Según Monreal, policías han contraído hepatitis, influenza y hasta VIH durante alguna intervención y no fueron respaldados por sus superiores.
Como le pasó a René Moore, muchos oficiales ven golpeados sus ingresos al ser incapacitados por COVID-19, pese a que cuando la situación se agrava, los gastos son muy altos.
Tuvieron que pasar dos meses de contagios para que el Ayuntamiento de Mexicali -a solicitud de los policías- estableciera una mesa de trabajo para determinar si contraer el nuevo coronavirus debe ser considerado riesgo durante el ejercicio de funciones.
Tras un recorrido realizado por ZETA y una conversación con agentes municipales de diversas zonas, se pudo establecer que existen severas deficiencias y abandono de varios puntos por parte de la corporación, como la Zona Poniente, donde solo una vez habían acudido a la Subcomandancia a desinfectarla, y fue por la atención de una regidora.
Las mismas fuentes aseguraron que a esa área no mandan cubre bocas, guantes ni gel antibacterial, por lo que han tenido que comprar su propio equipo.
Además, solo una vez los ayudaron con pocos insumos médicos, y fue hace menos de dos semanas, por lo que prácticamente los dejaron en indefensión durante gran parte de la pandemia.
En la Zona Poniente, 60 elementos pidieron vacaciones al resultar sospechosos o casos confirmados de COVID-19, lo que ha complicado la operatividad, puesto que antes salían a la calle quince patrullas y ahora solo lo hacen siete u ocho.
La misma fuente agregó que además de la Subcomandancia, la zona Poniente cuenta con seis estaciones: Barcelona, Lucio Blanco, El Pápago, Nacionalista, Patrullas Poniente, Virreyes y Mayos -las últimas dos ya cerraron-, y existe urgencia por cerrar Nacionalista y El Pápago por registrar gran cantidad de casos sospechosos, pero la necedad de los mandos ha mantenido su operación pese a que ya se ha vuelto sumamente peligroso.
También en la zona Valle, tras la muerte de Artemio Favela, policías municipales montaron una protesta el pasado fin de semana, exigiendo que la Subcomandancia de Guadalupe Victoria fuera cerrada, toda vez que hay varios casos confirmados de COVID-19.
Los policías montaron guardia en la entrada y solicitaron la atención de los mandos superiores, puesto que les preocupa su integridad.
