“Desgraciado del hombre cuando está solo. Mal lo pasará, ninguna batalla ganará, todo el que posea una fuerza mayor será su señor e incluso los débiles si son dos”.
-V. Mayakovski.
“Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición…”. Así inicia el Artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que en el artículo siguiente garantiza a los ciudadanos mexicanos “el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito…”; además, en el Artículo séptimo de la nuestra Carta Magna, se advierte a las autoridades en funciones: “Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.
Muchos de los gobernantes y funcionarios públicos emanados de Morena deben repasar -o cuando menos leer- nuestra Constitución para no atropellar al pueblo en sus derechos de organización, petición y libre manifestación de las ideas. Uno de ellos es, sin duda, el actual delegado de programas federales en Baja California (“súper delegado”, le llaman), Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que el pasado martes 23 de junio despotricó telefónicamente contra una comisión de tijuanenses afiliados al Movimiento Antorchista, que acudieron pacíficamente a las oficinas de la Secretaría de Bienestar en esa ciudad, a la hora fijada por el secretario particular del político mencionado.
Al no encontrarse Ruiz Uribe a la hora fijada por su secretario, éste se acercó, teléfono en mano, a la comisión de colonos; éstos pensaron que escucharían que nuevamente (la del 23 de junio es la quinta cita que les cancela el delegado federal) les daría otra fecha de audiencia y, siendo optimistas, el funcionario se disculparía por no poder atenderlos por “sus múltiples ocupaciones”. Nada de eso.
Ruiz Uribe, hecho un energúmeno, les reclamó airadamente que acudiera a su oficina “tanta gente” (la comisión era escasamente de diez personas) y amenazó con que él no atendería a ninguna comisión; que solo recibiría a “ciudadanos en lo individual” y que no trataría con “intermediarios”. Es decir que, en un breve y grosero telefonazo, negó los derechos ciudadanos arriba señalados, violentando las leyes por las que protestó guiar su conducta en el ejercicio público.
El incidente no es una casualidad producto del carácter turbulento y de la soberbia del “súper delegado” en cuestión, sino la norma de todos los que le niegan al pueblo su participación en los asuntos de la República; queriendo reducir el papel de las masas al de votar cada cierto período para elegir a quienes ejercerán el poder; renunciando a su derecho de reclamar políticas que lo beneficien o protestar contras los actos o leyes que se ejercen y promuevan en su perjuicio.
Una vez elegidos los mandamases, el pueblo debe dejar de interferir en su voluntad; debe bajarse de la palestra pública y abandonar el ágora, pues solo los encaramados en el poder saben y pueden gobernar, y debe dejarles campo libre para que decidan sobre la vida y la hacienda de los mexicanos. Pulverizado el pueblo, atomizado al negársele la posibilidad de agruparse y defenderse colectivamente de los atropellos de los poderosos, tal y como siempre han propugnado las fuerzas más reaccionarias y autoritarias que en el mundo han sido, queda indefenso. Sin posibilidades reales de protestar, de hacerse escuchar, de que sus voces confluyan para unidas resonar potentemente.
Como escribiera Vladimir Mayakovski, “la voz de uno es más débil que el piar del pajarillo”. El sueño de todos déspotas ha sido el gobernar sin contrapesos, sin crítica, sin que se cuestione o se impidan sus decisiones arbitrarias; es decir, sujetas a su capricho y no a la razón.
Pero, para hacer realidad los otros muchos derechos que establece para los mexicanos nuestra la ley fundamental, como los que tenemos “a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”; a “los servicios de salud para la atención integral y gratuita”; “a un medio ambiente sano” para el desarrollo y bienestar; el que tiene toda familia “a disfrutar de vivienda digna y decorosa”; o al trabajo y a contar al menos con salarios “suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”… para que todos ellos no sean papel mojado, es preciso la unidad popular, bien estructurada y consciente.
Es preciso defendernos de los Ruiz Uribe, de los morenos que ultrajan las garantías de los mexicanos.
Ignacio Acosta Montes.
Dirigente estatal del Movimiento Antorchista en Baja California.
