El Congreso del Estado bajó del orden del día correspondiente a este miércoles 10 de junio la discusión sobre la propuesta para empatar las elecciones de gobernador con las de presidente de la república en 2024, lo cual implicaría reducir a tres años la siguiente gubernatura.
Con todo y que la diputada Montserrat Caballero presentó la iniciativa en representación del Grupo Parlamentario de Morena, desde el viernes pasado quedó claro que no todos los legisladores de ese partido la aprueban, pues en sesión de la comisión dictaminadora, Rosina Del Villar Casas se abstuvo de sufragar, bajo el argumento de que la pretendida modificación se contrapone al plazo de seis años que de acuerdo con una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de proceder.
Aun cuando la lista de asuntos a tratar para la sesión ordinaria de ese miércoles incluía tentativamente el proyecto aprobado como dictamen por la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, el tema quedó fuera.
La propuesta está encaminada a adicionar un párrafo al artículo 44 de la normatividad, en aras de concretar el empate de elecciones.
A decir del abogado Adolfo Solís Farías, quien intervino en conferencia de prensa el día de ayer, la modificación es inviable en vista de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitida el 11 de mayo y relativa a que el actual gobierno del estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, debe ser de dos años en tanto que la siguiente gubernatura correrá del 1 de noviembre de 2021 al 31 de agosto de 2027.
Ello en virtud de que la SCJN ordenó que se restituya el artículo octavo transitorio, donde se establecen esos plazos, tras invalidar la reforma con la que se pretendió ampliar a cinco años la gestión del actual mandatario estatal. La invalidación tuvo lugar en vista de que la denominada “Ley Bonilla” se aprobó el 8 de julio de 2019, una vez que el político tijuanense había sido electo para gobernar por dos años.
De acuerdo con Solís Farías, de prosperar el proyecto de Caballero Ramírez se incurrirá en una manipulación de la Constitución, toda vez que la Corte ya dejó establecido qué duración debe tener la siguiente gubernatura; de modo que incumplir la sentencia abrirá la posibilidad de que los legisladores que en dado caso voten a favor sean destituidos y consignados ante un juez de distrito, con penas de hasta 9 años.
