En un hecho histórico, la administración del Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez de Tijuana cerró la terminal aérea poco después de las 18:00 horas (tiempo local), por espacio de 20 minutos aproximadamente este 17 de junio de 2020, para aplicar protocolos de seguridad.
Ello, luego de que un grupo de inspectores municipales ingresaron ilícitamente, “por la fuerza” y sin el proceso de inspección correspondiente a la zona estéril del lugar, según denunció el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP).
Las instalaciones permanecieron cerradas por alrededor de 20 minutos, luego el GAP, rectificó que “tras una revisión exhaustiva de las zonas que estuvieron en contacto con el pasajero, se confirmó que la persona que ingresó a zona estéril a la fuerza era un trabajador de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y no del ayuntamiento de Tijuana como erróneamente se había comunicado”.
Este suceso sin precedente se da en medio de la confrontación entre el gobierno de Baja California, Jaime Bonilla Valdez y la administración del aeropuerto, debido a adeudos por servicio de agua y predial que reclamó el mandatario estatal en días pasados.
Reclamo al que se sumó el presidente municipal, Arturo González Cruz, quien ayer dijo que el aeropuerto adeudaba 700 millones de pesos por predial, y denunció que en días pasados el personal de la Dirección de Verificación e Inspección municipal intentó inspeccionar establecimiento al interior del inmueble sin que se lo permitieran.
En un primer comunicado, el Aeropuerto reprobó los hechos ocurridos y manifestó que el cierre del aeropuerto es en respuesta a la grave violación de la legislación nacional y de las normas internacionales sobre seguridad en la aviación civil.
Abundó que las acciones implementadas por la terminal aérea “fueron realizadas tras la comunicación con la dirección general de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) y siguiendo los protocolos indicados por la Ley de Aeropuertos y su Reglamento, el Programa Nacional de Seguridad en la Aviación Civil, así como el Anexo 17 y Documento 8973 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)”.
Una vez evacuada la zona de embarque del Edificio Terminal y plataformas operacionales, es revisada para asegurar que no se encuentra en su interior ningún objeto que pueda atentar contra la seguridad de la aviación.
“Mientras los protocolos mencionados son aplicados a la zona contaminada, y se garantizan las condiciones de seguridad de nuestros usuarios, el aeropuerto será cerrado, pudiéndose generar importantes afectaciones al itinerario de vuelos”, advirtió.
Finalmente, el Aeropuerto Internacional de Tijuana lamentó las molestias que el cierre de la terminal aérea pueda causar tanto a aerolíneas como a usuarios, y reiteró su total compromiso con la seguridad de sus operaciones y pasajeros.
En sendos comunicados, el XXIII Ayuntamiento de Tijuana -encabezado por Arturo González Cruz- informó que personal de la Dirección de Inspección y Verificación llevó a cabo un operativo al interior del Aeropuerto en el que clausuró 10 locales comerciales, algunos por considerarse establecimientos no esenciales y otros más, por no contar con los permisos de operación vigentes.
El director de Inspección y Verificación, Adolfo García Dworak, señaló que “entre los comercios cerrados, se encuentran dos casas de cambio, una tienda departamental, otra de venta de accesorios, dos empresas de comida, dos negocios de renta de carros, una tienda de conveniencia y el estacionamiento principal”.
Los cuales cuentan con cinco días hábiles para efectuar los trámites y regularizar su situación ante la autoridad municipal, indica el boletín sin hacer mención al ingreso de funcionarios a la zona estéril de la terminal aeroportuaria.
Ayer, 16 de junio, la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) clausuró los establecimientos Carls Jr, Tacos Frontera, Wings y Subway, ubicados dentro del Aeropuerto arguyendo que representaban riesgos para la salud de los consumidores, tras una inspección por parte del personal del área jurídica de la Unidad Regional de Tijuana.
Entre las irregularidades detectadas por la COEPRIS se encontraron alimentos caducos, falta de etiqueta sanitaria, aviso de funcionamiento y falta de curso de buenas prácticas e higiene.
