Artículo 19 exigió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, “cesar el discurso estigmatizante contra Aline Corpus y cualquier otra persona que ejerza su libertad de prensa y, por el contrario, reconozca la importancia de las y los periodistas en el fortalecimiento de la democracia, así como su rol de brindar información de interés público a la sociedad durante la contingencia sanitaria”.
El pronunciamiento de la organización que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información lo emitió este martes 9 de junio, y derivó de la agresión verbal del gobernador Bonilla hacia la corresponsal del periódico Reforma, a través de su discurso difundido en redes sociales los días 6 y 7 de junio.
El medio evidenció la circular dirigida por orden de Jaime Bonilla a las oficinas de Registro Civil de no proporcionar información respecto a los fallecimientos causados por COVID-19, lo cual causó la molestia del mandatario bajacaliforniano.
Artículo 19 afirmó que “los funcionarios públicos están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público por lo que están obligados a tolerar un nivel de crítica mucho más amplio. Además, el ejercicio de derecho de réplica se debe realizar sobre el mensaje publicado, no atacando a la persona que lo publica.
La brecha informativa en Baja California respecto a la pandemia se ha ido cerrando para las y los periodistas de la entidad, agregó, al hacer referencia a la solicitud firmada por más de 80 periodistas de Baja California el día 30 de abril en la que señaló: “…los reporteros de Baja California han dejado de tener contacto con el Gobernador aproximadamente desde mediados de marzo. En las transmisiones diarias por redes sociales con el Secretario de Salud, Doctor Pérez Rico, no se permiten cuestionamientos de la prensa; y la atención que ofrece a medios de comunicación se ha limitado a Tijuana.”, a la fecha, dicho documento no ha tenido respuesta por ninguna autoridad.
Este mismo martes, el colectivo #YoSíSoyPeriodista hizo un pronunciamiento al Gobierno de Baja California y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en el que señala que con el gobierno que encabeza Jaime Bonilla “la vía de comunicación ha sido unidireccional, de poca apertura y hasta de agresión con un tono de confrontación con la prensa que pregunta”.
Como ejemplo, se expuso que a unos días de celebrarse el Día Nacional de la Libertad de Expresión, el gobierno de Baja California decidió utilizar su posición de poder con al menos cuatro funcionarios -el gobernador Jaime Bonilla Valdez, el Secretario de Salud Alonso Pérez Rico, el Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano y la directora del Registro Civil Paloma Guadalupe Alegría Murrieta- para denostar el trabajo informativo de una periodista.
“Esta no es la primera vez que algún funcionario utiliza el poder que lo abraza al ser una figura de autoridad para cuestionar -mediante argumentos confusos o con información descontextualizada- el trabajo periodístico de quienes cuestionan las acciones de gobierno.
Este ha sido un lamentable patrón que exhibe la política del gobierno estatal hacia la prensa, en la que el hermetismo ha sido la columna que se mantiene en los últimos meses, lo que va en contra del compromiso de informar, rendir cuentas y ser cuestionado, lo que se presume como una violación al derecho a la información”, señaló el colectivo.
Y agregaron los periodistas del colectivo, “el cerrar los canales de comunicación no solo lastima y afecta a los periodistas en su labor de todos los días, sino también es un golpe a la democracia de los ciudadanos que tienen derecho a la información no solo originada desde el poder sino bajo el contexto de quienes trabajamos todos los días en la calle, para la gente y con la gente.
Como gremio exigimos un alto a la agresión verbal contra los periodistas, pues el discurso de denostación y odio es más grave cuando lo promueve desde el poder -como el gobernador y parte de su gabinete- ya que invitan a sus funcionarios a la violencia institucional y se siembra el ánimo de rechazo en la población hacia los comunicadores, cuando se hace uso del descrédito, lo que también conlleva una responsabilidad”.
Finalmente se demandó “abrir los canales de comunicación a través de ruedas de prensa virtuales o presenciales bajo medidas sanitarias -una apertura informativa ante los temas de interés público- para realizar un trabajo que permita informar de la mejor manera a los ciudadanos, que en el caso de los servidores públicos significa facilitar la información que debe ser pública”.
