Si el Congreso de Baja California aprueba este 11 de junio de 2020 la iniciativa que reducirá la próxima gubernatura de 6 a 3 años gana el gobernador Jaime Bonilla y la posibilidad de que pueda poner alguien “a modo”, “chiquito, y que sea manejable y hay tres muy seguros beneficiarios: Amador Rodríguez, el fiscal Guillermo “Titi” Ruiz o Mario Escobedo”.
Así lo dijo, el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Francisco Fiorentini, quien afirmó que “esas son las barajas que se tienen en la mesa y que inclusive producto del ánimo (del secretario de gobierno) Amador Rodríguez ha venido manejando en el Congreso durante los últimos días. Es innegable que perdemos todos, pero también es innegable que se busca preservar el control que la SCJN le negó el pasado 11 de mayo” al mandatario estatal, Jaime Bonilla Valdez.
Durante una conferencia de prensa con abogados, y representantes del sector privado, líderes partidistas del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido de Baja California y Encuentro Social los partidos volvieron a hacer un llamado a los diputados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que no aprueben la llamada “Ley Bonilla 2”.
“La idea es hacer un llamado a la reflexión a los diputados de Morena que hoy francamente están retando a la SCJN. Hay una resolución de la Corte que establece con claridad que el próximo gobernador será del 1 de noviembre de 2021 al 31 de octubre de 2027. Cualquier modificación estarían contraviniendo lo que establecieron los ministros y que además lo hicieron de forma contundente”, afirmó el líder blanquiazul, Enrique Méndez.
La iniciativa que promovió la líder de la bancada de Morena y presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Montserrat Caballero, había sido programada para discutirse y ser aprobada en la sesión virtual de ayer, sin embargo, luego de diversos recesos la iniciativa no fue votada y sin explicación se cortó la transmisión de la sesión.
Aunque había trascendido que sería hasta el viernes 12 de junio cuando nuevamente los legisladores afines a Bonilla Valdez intentarían aprobarla, la tarde de este 11 de junio fue programada una sesión virtual para dicho efecto; sin que hasta el momento haya comenzado.
En la conferencia de prensa con los líderes partidistas, el regidor, Fernando Rosas, indicó que si los diputados vuelven “a pisotear” la Constitución, por el artículo 112 constitucional de Baja California la iniciativa tendría que remitirse a los Ayuntamientos. Para que ésta fuera válida tendría que ser aprobada por tres de ellos.
En ese sentido, resaltó la importancia de que los regidores se sumen y ponderen el estricto apego a la norma constitucional, y lo que ya está resuelto el artículo 116 constitucional fracción 4, que la diputada Montserrat Caballero desconoce totalmente e insiste en “esta infame reforma constitucional al artículo 44”.
En el peor escenario, que se validara la iniciativa se podría interponer un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Apuntó que lo que pretenden con esta “Ley Bonilla2” es trastocar el Estado de derecho, “cometer un nuevo fraude electoral y querer estar enjuiciados de por vida con la vergüenza que van a llevar, además de las consecuencias penales y/o administrativas que pudiera conllevar”.
En su oportunidad, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mexicali, Ernesto Elorduy, mostró su preocupación por que los gobernantes actuales están confundiendo el voto de confianza que recibieron el año pasado en las urnas donde efectivamente ganaron y ganaron por mucho y tienen la representación del pueblo, sin embargo, eso no equivale a un cheque en blanco para hacer y deshacer la Constitución del estado como lo intentaron el año pasado con la primera Ley Bonilla utilizando argumentos que ya mostró la SCJN que eran fraudulentos.
Acusó que este nuevo intento de cambiar el periodo gubernamental es “una política de corto plazo, miope, mediocre y es una política patética. Esto es gobernar a espaldas de los ciudadanos, que va a llevar a que el estado pierda su liderazgo en el área democrática y a futuro en el desarrollo económico”.
Por otro lado, el abogado Miguel de Loera señaló que aún está pendiente la responsabilidad de los diputados de la XXII Legislatura y regidores que aprobaron la llamada Ley Bonilla, que el pasado 11 de mayo fue declarada inconstitucional.
Así como la responsabilidad en la que incurrieron los diputados del la actual Legislatura (XXIII) por haber gastado 247 mil 451 pesos para hacer una “consulta ciudadana” para tratar de validar la Ley Bonilla, que extendía el periodo de 2 a 5 años del actual gobernador.
“Los diputados y regidores de los municipios que hicieron las aportaciones, que pagaron con el dinero de los ciudadanos este intento de legitimar el fraude a la constitución” deberían auto sancionarse, señaló el representante de MC ante el Instituto Electoral de BC, y adelantó que los partidos también interpondrán recursos legales para fincar las responsabilidades.
