Una segunda iniciativa presentada en el Congreso
del Estado, busca dar la estocada final al Sistema
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Estatal Anticorrupción de Baja California.
Diputado Miguel Ángel Bujanda presentó un
proyecto para evaluar en el pleno, con el objetivo
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de retirar a más de la mitad de la representatividad
ciudadana del Comité Coordinador del SEA y
renovar los nombramientos para que -según
Francisco Fiorentini Cañedo, presidente del
organismo- busquen consejeros ciudadanos “a modo”.
Los argumentos de Bujanda para reformar la
Constitución local son la austeridad y algunas
opiniones de ministros que no forman parte de la
sentencia de la SCJN
Los poderes Ejecutivo y Legislativo no desaprovechan una oportunidad para arremeter contra el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), el cual ni siquiera había podido iniciar operaciones en su totalidad, cuando ya estaba siendo desarmado por los nuevos gobiernos emanados de Movimiento Regeneración Nacional.
De ser un ente con intervención activa en las decisiones relacionadas con el combate a la corrupción y la impunidad, hoy en día es un ente raquítico y a la deriva; ni siquiera puede ya convocar a una sesión del Comité Coordinador -máximo órgano del sistema donde se incluye a once funcionarios e igual número de consejeros ciudadanos- para revisar los temas pendientes.
Por si fuera poco, el 1 de junio, el diputado sin partido -no independiente- Miguel Ángel Bujanda Ruiz presentó una iniciativa de reforma cuyo objetivo es modificar el Artículo 95 de la Constitución de Baja California, así como los 10, 16, 17, 19, 21 y 22 de la Ley del SEA para reducir el número de integrantes ciudadanos del Comité Coordinador y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), conformado por todos los consejeros ciudadanos.
Los argumentos de Bujanda radican en que esa iniciativa representaría ahorros, pues se pagarían menos sueldos de consejeros. Además, sustenta su reforma en los comentarios de algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que consideraron exagerada la cantidad de representantes ciudadanos que conforman el SEA.
Francisco Fiorentini con integrantes del SEA
Francisco Fiorentini Cañedo, presidente del Comité Coordinador, ironizó sobre la propuesta de Bujanda Ruiz, asegurando que “el hombre que le llevaba las cubas al ex gobernador (Francisco Vega de Lamadrid) y que representa su herencia en la política local, con todo lo que implica”, ahora enfoca sus esfuerzos en legislar sobre temas anticorrupción.
Por su parte, el secretario técnico del SEA, Luis Irineo, calificó de deshonesta la iniciativa de Bujanda, a razón de que tergiversó argumentos de la SCJN para justificar una iniciativa que carece de sustento económico y jurídico, y están listos para recurrir ante cualquier instancia en caso de que proceda.
LA PROPUESTA DE BUJANDA
El documento de 21 páginas dirigido al hoy ex presidente de la Mesa Directiva, Luis Moreno Hernández, establece reformas constitucionales y a la Ley del SEA de Baja California, cuya intención es homologar lo más posible la legislación local con la nacional.
Y es que en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNS), la presencia de ciudadanos es minúscula, pues el CPC cuenta con solo cinco miembros y su representación en el Comité Coordinador es muy reducida.
Es por ello que la reforma de Bujanda pretende reestructurar tanto el CPC como el Comité Coordinador, para dejarlo de la siguiente manera:
El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por:
- a) La o el auditor superior del Estado.
- b) La o el fiscal especializado en Combate a la Corrupción del Estado.
- c) La o el secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Ejecutivo del Estado.
- d) La o el presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa.
- e) Las y los síndicos procuradores.
- f) La consejera o consejero presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.
- g) Un representante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.
- h) Dos representantes del CPC. La presidencia del Comité Coordinador del SEA estará a cargo del ciudadano en quien recaiga la presidencia del Comité de Participación Ciudadana, el cual contará con voto de calidad en la toma de decisiones del Comité Coordinador.
Las modificaciones de la propuesta solo agregaron el artículo “la”, argumentando promover el lenguaje incluyente. También se redujo de once a dos, el número de consejeros ciudadanos que participarán en el Comité Coordinador.
En párrafos siguientes, también contempla reducir el CPC de quince integrantes a solo cinco, eliminando a los honoríficos -que no cobran- y dejando solo a la mitad de los técnicos.
Esta iniciativa es muy similar a la que propusieron el gobernador Jaime Bonilla Valdez y el diputado Juan Manuel Molina, en marzo, contemplando la desaparición del Consejo de la Judicatura, pero entre sus últimas páginas también modificaba el Artículo 95 constitucional, que reduce a cinco el número de consejeros.
Los argumentos de Bujanda son, por un lado, la austeridad, pues reducir la cifra de consejeros técnicos de diez a cinco beneficiaría al ahorro. Sin embargo, como dijo el secretario técnico Luis Irineo, no existe un documento que avale los ahorros, o bien, que establezca el beneficio o destino del recurso que se ahorrará.
Sin embargo, la fundamentación de Bujanda radica en los alegatos de algunos ministros de la SCJN, en la revisión de la acción de inconstitucionalidad 117/2017 presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CEDH), que consideró injusta la división de consejeros técnicos y honoríficos en el CPC del SEA, además de no considerar que el SNA y el SEA fueran equivalentes -como establece la Ley- ni en número, ni por la división de consejeros.
En la versión taquigráfica realizada por la SCJN sobre la discusión y sentencia del tema, el ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo declaró la invalidez de los artículos 16 y 17 de la Ley que regula el SEA, pero además propuso derogar el 95 constitucional, pues a su juicio, el SEA no podía considerarse “equivalente” al SNA porque “además del número de integrantes que se prevé en las normas locales -obviamente diferente-, se advierte una clara discrepancia al dividir en dos grupos a los miembros del comité, dándole a unos el carácter de técnicos, mientras la ley general concibe a un sólo cuerpo ciudadano; asimismo, determinar que existirán cinco miembros de carácter honorífico, mientras que la ley general consideró que, por la naturaleza de su encargo, los miembros del comité debían percibir una remuneración, la cual sería determinada mediante contratos de prestación de servicios por honorarios”.
Bujanda Ruiz utilizó los argumentos de los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, que respaldaban extender sus facultades y deshacer el Comité Coordinador por considerarlo inconstitucional, ya que dista mucho de la conformación del SNA.
La iniciativa remata indicando que el nuevo CPC tendrá que conformarse con ciudadanos de por lo menos tres de los cinco municipios, dos de ellos tendrán que ser del mismo género, buscando que por lo menos dos sean mujeres.
Juan Manuel Molina
En uno de los transitorios establece que después de publicada la reforma, el Poder Legislativo tiene un periodo de 30 días para elegir a los nuevos consejeros del SEA, dejando fuera al Comité Evaluador.
LO QUE BUJANDA NO DIJO
Para el secretario técnico del SEA, Luis Irineo, Bujanda Ruiz fue un individuo deshonesto al utilizar los argumentos sesgados de la SCJN para desacreditar el trabajo y conformación del organismo ciudadano.
En la propia versión taquigráfica se puede observar que por decisión de la mayoría calificada de la SCJN, decidieron mantener el Artículo 95 de la Constitución de Baja California, toda vez que dejaron abierta la libertad configurativa de los estados en torno al número de consejeros, siempre y cuando cumplan con los requisitos de Ley.
Para Irineo, Bujanda pretende aprovecharse del nombre de una institución respetable para beneficiar a un grupo, pues sus intenciones no representan la decisión de la SCJN.
Consideró “ridículo” que diputados -tanto Molina como Bujanda- intenten interpretar una sentencia de la Corte cuando ni siquiera ha llegado el engrose al Poder Legislativo, por lo que están intentando modificar una Ley con base en algo que desconocen.
“El objetivo de las dos iniciativas es reducir la proporción en la integración del Comité Coordinador, que delibera, acuerda y establece directrices; este órgano se vería afectado en su composición actual, y en la Ley del Sistema, es un modelo que apuesta al equilibrio de la representación de gobierno y ciudadana. Es un sano, bueno y atinado ejercicio en un espacio donde se delibera y toman acuerdos para tener un balance en la toma de decisiones”, argumentó.
En su opinión, Bujanda Ruiz y el morenismo están legislando por consigna y no les importa que sus exposiciones de motivos o justificaciones sustenten sus iniciativas, “entonces están legislando por consigna, cuando no tienes ese cuidado, esa mesura de hacer una exposición de motivos un poemario de razones sociales, políticas, las mejores expresiones deben estar ahí para convencer, y cuando vez la iniciativa de Bujanda y lo que hace es soportarse en una parte de la sesión del pleno de la Suprema Corte y usarlo de manera dolosa, para decir que su sustento está en lo que la Corte”, planteó.
Acorde con Irineo, hasta para justificar austeridad es necesario presentar estudios e información que sustenten la iniciativa y no dar las cosas por hecho, por lo que se declaran listos para presentar las quejas o recursos necesarios contra cualquier medida que pretenda el Congreso del Estado y se considere alejada de los intereses originales del SEA.
BONILLA BUSCA UN SEA “A MODO”: FIORENTINI
Poco a poco, los poderes Ejecutivo y Legislativo han ido desarticulando el SEA. Desde octubre de 2019, cuando desaparecieron la Comisión Especial para la elección del fiscal, auditor y magistrado Anticorrupción, poco a poco el Ejecutivo ha ido desapareciendo al sistema, al grado de tenerlo contra las cuerdas.
Francisco Fiorentini Cañedo, presidente del Comité Coordinador, reconoce que la Confederación Patronal de la República Mexicana es una de las impulsoras del proyecto SEA, pero argumenta que la intención es que la ciudadanía tenga una mayor intervención en la prevención, desarrollo de políticas públicas y participar en la investigación de corrupción gubernamental.
Ante ese escenario, aseguró que el gobierno de Jaime Bonilla Valdez mantiene una postura en contra del SEA, con la intención de lograr un organismo “a modo”, que no tenga intervención activa ni poder de decisión en los temas de rendición de cuentas.
Fiorentini criticó que, durante este periodo, con una mayoría abrumadora en el Poder Legislativo, Movimiento Regeneración Nacional podría hacer grandes reformas para reducir y castigar la corrupción, pero durante este tiempo no ha reformado nada por esa causa, la causa del Presidente.
“Hoy podríamos tener un sistema de mayor avanzada si estuviéramos trabajando en hacer las leyes para que esto funcione, no pensar en estupideces en reducir el próximo gobernador, o la Ley gandalla a permitirles buscar reelección sin cargo. Bienvenida la reelección, lo que no se vale es que el actual constituyente sea el primer beneficiario de la Ley que están cambiando, eso en todos lados es un conflicto de intereses”, opinó.
El titular del SEA aseguró que en BC se tenía el organismo más vanguardista del país, en el cual los ciudadanos tenían una intervención mucho más activa e incluso mayoritaria en muchos temas, donde además los grupos apartidistas elegían a los consejeros. Sin embargo, las presiones y bloqueos del gobernador Jaime Bonilla Valdez, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y la secretaria de la Honestidad, Vicenta Espinoza, esta última que incluso promueve acciones para “reventar” las sesiones del Comité Coordinador, que pretendía solicitar explicaciones sobre actos de corrupción como el de los moches, por los que Cinthia Gissel García Soberanes y Jesús Núñez, ex funcionarios bonillistas, supuestamente cobraron sobornos a empresarios mexicalenses; o la cancelación de las notarías de Rodríguez Lozano.
ZETA buscó una reacción del diputado Juan Manuel Molina García, quien en reiteradas ocasiones ha criticado el desempeño del SEA, pero decidió no emitir una postura.
