Estudiantes del quinto semestre de la Escuela de Derecho de la UABC elaboraron una demanda de amparo indirecto contra el presunto incumplimiento del Estado en el otorgamiento de insumos, equipo médico y medicamentos para atender casos de COVID-19 en hospitales públicos de Tijuana.
Los alumnos, quienes configuraron el recurso como proyecto académico para la materia de Derecho Procesal Constitucional, interpusieron la demanda a través de un paciente de COVID-19.
El titular de la asignatura, Sergio Bravo Gibert, explicó a ZETA que en este caso una persona aquejada por la enfermedad respiratoria tuvo que fungir como la parte quejosa en aras de que el instrumento jurídico surtiera efectos en beneficio de la ciudadanía.
El recurso fue interpuesto contra autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales figuran el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz y los titulares del área de Salud federal, estatal y municipal, Jorge Alcocer Varela, Alonso Pérez Rico y Juan Carlos González Valle.
Otros funcionarios demandados fueron el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, y su homólogo a nivel estatal, Rodolfo Castro Valdez, así como el tesorero municipal, Víctor Manuel Cerda Romero.
En total fueron 22 servidores contra los que se presentó la demanda, bajo el argumento general de violar el artículo 4 de la Constitución, referente a que “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud”, de manera que en ese contexto ellos son responsables “de garantizar los insumos médicos en los hospitales públicos para combatir el COVID-19”, según explicó el docente, Bravo Gilbert.
Para interponer el recurso, el paciente (de quien se omite su nombre en vista de constituir un dato personal) ofreció copia de resultados de dos exámenes de detección de COVID-19 en los que dio positivo.
En el documento correspondiente, se dijo con “interés legítimo” para solicitar amparo, “porque al estar contagiado de covid-19, es de suma importancia, que los médicos estén protegidos, para el caso de que el suscrito necesite hospitalización, y no corra el riesgo, de que por la falta de protección, no vaya a haber médicos sanos y disponibles, y que tampoco, llegase a faltar respirador al suscrito”.
También puntualizó que se trataba de un “interés legítimo colectivo” en el sentido de que a la sociedad en general y a los infectados de coronavirus se les garantizara ese beneficio.
Sostuvo que fundamentaba su queja en el hecho de que el 12 de abril de 2020 “se hizo público la falta de insumos médicos y las omisiones de la Autoridad Responsable”.
Añadió que el 13 de abril, “Jaime Bonilla Valdez reconoció mediante una conferencia la falta de insumos de protección a los médicos y enfermeras que atienden los casos de COVID-19, por lo que en consecuencia los médicos ‘están cayendo como moscas’”. Ello en referencia a las presuntas deficiencias que el mandatario estatal atribuyó al Instituto Mexicano del Seguro Social.
El demandante igualmente refirió que luego de que el 31 de marzo, Alonso Pérez Rico informó sobre el primer deceso por COVID-19 en la entidad y mencionó que había otros casos de posible contagio, “las autoridades responsables no actuaron de manera inmediata para abastecer hospitales y clínicas”.
En el mismo tenor arguyó que la Autoridad Responsable reconoció públicamente que en Tijuana, B.C., no había medicamento, camillas y respiradores suficientes.
Por lo que respecta a su propio caso, el 21 de abril y el 12 de mayo se hizo sendas pruebas de COVID-19, resultando positivo en ambos casos, de ahí que se propusiera proceder legalmente, reveló.
El recurso, presentado el 15 de mayo, finalmente surtió efectos el martes 19, con la concesión de una suspensión provisional otorgada por el Juez Brando Arturo González Ramírez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en Baja California.
En alusión a la suspensión, Sergio Bravo Gibert expuso que fue solicitada “para efectos de que cesara esa omisión de todas esas autoridades de los tres órdenes de gobierno y que de forma inmediata se le proporcionara todos esos insumos a todos los hospitales públicos de la ciudad de Tijuana a favor de la población para combatir el COVID-19”, dado que en términos del derecho humano a la salud “no te puedes esperar hasta una resolución final”.
Aclaró que con la demanda se persiguió el objetivo de que saliera “la orden judicial”. De modo que una vez consumado ese paso “la cancha está del lado de la autoridad”, en el sentido de que “ellos tienen que dar cumplimiento a eso”, puso de manifiesto.
Finalmente, asentó que la interposición del recurso surgió como una idea del grupo 154, de la materia de Derecho Procesal Constitucional I, de la Universidad Autónoma de Baja California campus Tijuana, y que el objetivo de los “jóvenes como futuros abogados” fue “poner en práctica lo que aprenden en las aulas” en el ánimo de “aportar algo desde el mundo del derecho de beneficio a la sociedad”, más aún cuando prevalece la pandemia del coronavirus COVID-19.
