El senador Germán Martínez Cázares presentó el pasado 11 de mayo, ante la Fiscalía General de la República (FGR), una denuncia de hechos, posiblemente constitutivos de delito cometido en agravio y en contra de los ciudadanos del Estado de Baja California, por los diputados que aprobaron la llamada “Ley Bonilla”.
La denuncia especifica que los ex legisladores locales presumiblemente cometieron de actos de corrupción constitutivos de los delitos de abuso de autoridad, pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito.
El legislador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara alta, argumentó que el 9 de julio del 2019, 21 de los 25 diputados del Congreso bajacaliforniano, avalaron con su voto, modificar el Artículo Octavo Transitorio del Decreto No. 112 de la Constitución estatal.
Ello para que el Gobierno de Jaime Bonilla Valdez concluyera en octubre del 2021, y no en 2021, como ya había resuelto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la sentencia de juicio de revisión constitucional electoral No. SUP-JRC-22/2019 y acumulados, con fecha del 29 de mayo de ese mismo año.
Asimismo, según lo indicó el senador de la LXIV Legislatura, con fecha 24 de Julio del año en curso, fue cuando oficialmente la mayoría de los legisladores del Congreso local, en sesión extraordinaria y a puerta cerrada, aprobaron por mayoría la declaración de procedencia de la reforma constitucional para que el gobernador electo intentara permanecer en el cargo por cinco años.
“Sesionando para tal efecto en una sede alterna en Rosarito, bajo el argumento de que las instalaciones del Congreso del Estado en Mexicali se encontraban ocupadas por protestantes y activistas”, según lo recordó el ex titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Tengo conocimiento de que obran en la Fiscalía General de la República, denuncias contra diversos funcionarios, por la entrega de entre 200 mil y 400 mil dólares a representantes de los diputados locales a cambio de aprobar la Reforma Constitucional que amplió el mandato de dos a cinco años, mismos que fueron reunidos en un hotel de la localidad de la ciudad de Mexicali, y quienes eran recibidos y subidos al séptimo piso de ese hotel donde se les hacía entrega de los recursos”, aseguró Martínez Cázares.
“Diversos ocursos demandaron vía acción de inconstitucionalidad, la invalidez de la reforma al artículo octavo transitorio de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California aprobado mediante Decreto 112 de fecha 11 de septiembre de 2014 y publicada en el Periódico Oficial de dicha entidad el 17 de octubre de 2019, mediante Decreto 351”, dijo el legislador.
“El suscrito, el 22 de octubre de 2019, presentó un amicus curiae demandado la nulidad del referido Decreto, por ser notoriamente inconstitucional y hurtar el derecho al sufragio que tienen los ciudadanos de Baja California”, según recordó el senador de Morena.
“Con fecha 11 de mayo de 2020, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, discutió las acciones de inconstitucionalidad 112/2019, 113/2019, 114/2019, 115/2019, 119/2019 y 120/2019, respectivamente, relativas al Decreto que ampliaba la temporalidad del mandato del Gobernador de Baja California”, detalló el legislador.
“El pleno [de la SCJN] declaró por unanimidad la inconstitucionalidad de la norma, incluso el presidente del máximo tribunal del país, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, aseveró en la discusión sobre el Decreto que ampliaba el término de la gobernatura de Jaime Bonilla, que el Congreso de Baja California ‘con el pretexto de usar su poder reformador de la constitución y su competencia para decidir sobre su régimen interior, la legislatura local fraguó, en realidad, un fraude a la Constitución’”, insistió el ex titular del IMSS.
“Las denuncias precedentes realizadas por el presunto soborno a legisladores locales de la entidad para aprobar una reforma constitucional a modo que extendiera el mandato constitucional del actual Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, así como la manifestación del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los hechos constitutivos de fraude por parte de la legislatura local, dejan de manifiesto la comisión de actos de corrupción presumiblemente constitutivos de los delitos de (i) abuso de autoridad, (ii) pago y recibo indebido de remuneraciones de los servidores públicos, (iii) coalición de servidores públicos, (iv) tráfico de influencias, (v) cohecho y (vi) enriquecimiento ilícito, en términos del artículo 215, 216, 217 Ter., 221, 222 y 224 del Código Penal Federal, respectivamente”.
Ante ello, Martínez Cázarez solicitó a la FGR “se ordenen las diligencias necesarias a efecto de esclarecer los hechos posiblemente constitutivos de delitos cometidos y descritos en la presente denuncia de hechos, además de que “Por existir un efecto corruptor a la Constitución, tal y como lo señaló el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, someter a investigación y a evolución patrimonial a los legisladores y quienes intervinieron en ese proceso legislativo que, presuntamente, fueron sobornados para la votación y trámites del Decreto que pretendía ampliar el mandato del Gobernador de Baja California”.
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