Alrededor de 150 amparos contra el impuesto estatal a los combustibles seguirán pese a que en abril pasado el Congreso de Baja California avaló modificaciones a dicho gravamen, señaló el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías, quien afirmó que al cabo de dos años estos serán devueltos porque son inconstitucionales.
“Seguramente el que lo diseñó en el Congreso dijo para que se sobresee el amparo, pero eso no va a pasar, no se actualiza una causa de improcedencia sobre sobreseimiento”, dijo el especialista, quien también consideró que los nuevos impuestos establecidos el mes pasado serán impugnables de nueva cuenta.
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Los gasolineros son una de las estructuras más organizadas de esta sociedad, y se esperaría que nuevamente salieran en bloque.
“Prácticamente 98 por ciento de las estaciones de servicios del estado, que son casi 600 estaciones, se amparó” contra el impuesto que la mayoría Morenista y sus aliados avalaron el 31 de diciembre de 2019, destacó durante la sesión virtual de la Agrupación Política de Baja California (APBC).
Indicó que en este momento el Estado no tiene ninguna afectación en cuanto a la liquidez del no pago, dado que todos los contribuyentes lo pagaron o lo garantizaron pese a obtener suspensiones; sin embargo, “lo que es importante es el efecto financiero que va a tener el estado en dos años cuando se resuelvan los amparos, que va a tener que devolver todos esos impuestos”.
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Esto será un problema financiero para el próximo gobierno que tendrá que devolver el recurso.
Aseguró que los gravámenes son inconstitucionales, y estaban tan mal “que el artículo 136 de la Ley de Hacienda que se había modificado hacía referencia a la Ley del Impuesto a las Gasolinas que desapareció en 1981”.
Por otro lado, explicó que aun cuando las modificaciones al impuesto a los combustibles que el Congreso hizo en abril pasado entraron en vigor hoy, no podrán ser aplicados, ya que no están contemplados en la Ley de Ingresos. De modo que sólo podrán aplicarse hasta 2021.
Si el gobierno se empeña en aplicarlos durante este año, también serán impugnados y tendrá que reembolsarlos.
AMPARO PERMITIRÍA REORIENTAR EL GASTO FEDERAL
El pasado 11 de abril, el juez segundo de Distrito de Baja California, concedió la suspensión en el juicio de amparo 293/2020-2A promovido por Solís Farías para pedirle a funcionarios federales -encabezados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reorientar el presupuesto del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, así como de proyectos de infraestructura como el Tren Maya y la refinería Dos Bocas a aplicar medidas que salvaguarden los empleos ante las afectaciones económicas derivadas de la epidemia del coronavirus.
Ante ello, la autoridad pidió que se revocara la suspensión del juez pues enumera diversas acciones que según el gobierno federal ya hizo para satisfacer la solicitud de la demanda.
Entre ellas destacó las gestiones hechas por la iniciativa privada con el Banco Interamericano de Desarrollo para que micro, pequeñas y medianas empresas puedan acceder a créditos, en contradicción con lo que manifestara el presidente respecto a ese acuerdo; sin embargo, el juez respondió que las promociones de la autoridad son antagónicas y no son oportunas, reservando su tratamiento para cuando se reinicien las labores.
“Ahorita estamos esperando los informes del gobierno sobre la denuncia de violación a la suspensión”, y si la administración mandó recursos para proyectos no prioritarios en vez de salvar vidas y reactivar la economía habría incurrido en un delito, que podría llevar al presidente a vivir una situación similar al desafuero en 2004.
Consideró que el Gobierno “va a hacer hasta lo imposible para no incurrir en responsabilidad”, y añadió que la autoridad presentó una queja de más de 100 páginas y su informe previo llegó a las 200 páginas, cuando normalmente este documento es de dos páginas.
Abundó que la importancia del amparo, más allá del resultado que tenga, es que “abrió a la ciudadanía temas presupuestales. Vamos a poder decir el día de mañana, no le mandes al PRI, al PAN, al PRD, a Morena, a los partidos políticos dinero, porque ese dinero puedes mandarlo mejor a otro sector”.
