Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), “celebró” la determinación que tomó por unanimidad el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó el proyecto de sentencia 112/2019, elaborado por José Fernando Franco González Salas, para declarar inconstitucional la llamada “Ley Bonilla”, con la cual se ampliaba de dos a cinco años el periodo de mandato del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
El proyecto que se votó a favor por todos los ministros del Máximo Tribunal del país, establece que deberá regresarse al texto original de la Constitución de Baja California, según el cual el mandato estatal de Jaime Bonilla Valdez terminará el próximo 31 de octubre de 2021. La funcionaria federal recordó en un comunicado, “que su posición siempre apuntó a ese criterio”.
“En el Senado de la República el pasado 26 de septiembre, la titular de la política interior del país subrayó categóricamente que desde su punto de vista personal la llamada ‘Ley Bonilla’ era inconstitucional (se anexa participación al respecto en la tribuna de la cámara alta) y señalaba que no podría haber intromisión del gobierno federal en un asunto del congreso local que debería resolver la Suprema Corte”, dice el texto de la SEGOB.
“Con respecto a versiones periodísticas, basadas en un video que se difundió por redes sociales el día de la toma de posesión de Jaime Bonilla, la secretaria sostiene una vez más que, además de sacarse del contexto en el que se realizó esa plática privada, en ningún momento constituyó un pronóstico de lo que tendría que resolver en su soberana autonomía la Corte”, indicó la Secretaría en su comunicado.
“Si se ve el video completo, lo que estábamos haciendo era un esgrima jurídico de la situación, en el que el debate era entre quien tenía la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad y que dependía de la naturaleza del acto, ya que si no había legitimación la norma iba a pervivir, que es un tema que tendrá que analizar la Corte, aunque yo sostengo que la ley es inconstitucional”, abundó la SEGOB.
“Se usó el término ‘perviva’, por razones de legitimación o por el número de votos, en esto consistió entre otros lo que era un esgrima jurídico”, esa ha sido la postura que durante todo noviembre y cada vez que fue cuestionada ha sostenido la secretaria y que obra en las versiones estenográficas de la dependencia y hoy vuelve a refrendar a través de este texto”, recalcó la Secretaría.
“Fui ministra de la Corte por 20 años, y defendí desde esa posición como la sigo defendiendo desde la posición que actualmente ocupo, a la Constitución federal y, por ende, el orden constitucional. Soy partidaria y defensora del Estado Constitucional de Derecho. Y, en un Estado Constitucional, siempre será el Tribunal Constitucional quien tenga la última palabra en los temas que le sean sometidos a su jurisdicción”, citó el comunicado a Sánchez Cordero Dávila.
“Respeto la Constitución y he jurado defenderla en este y en anteriores cargos y, por ello, respeto el federalismo, la división de poderes y la independencia de los poderes locales, tanto como la independencia de los jueces constitucionales”, afirmó la ex ministra de la SCJN.
“He sido respetuosa, desde la conducción de la política interior del país, de esos principios. Desde esa posición, he manifestado siempre lo que pienso. Lo voy a seguir haciendo siempre. Por eso refrendo lo dicho desde un inicio: sostuve, sostengo y sostendré la inalterabilidad de los principios democráticos de la Constitución y promoveré, desde la posición que me encuentre, el respeto al Estado Constitucional de Derecho y a sus principios”, dijo la senadora con licencia.
“Celebro la decisión de la Corte y emito este posicionamiento en aras de la claridad, la transparencia y la libertad que deben privar en el debate de un Estado democrático”, finalizó Sánchez Cordero Dávila, quien el año pasado fue exhibida aparentemente celebrando y dando su aval a la reforma que había sido impugnada ante SCJN, por diversas instituciones, gobiernos y partidos políticos.
Como defensora del Estado de Derecho, celebro la decisión de la @SCJN sobre la inconstitucionalidad de la “Ley Bonilla”, criterio que siempre sostuve. Comparto lo que dije en su momento en el Senado. https://t.co/7T5EgPp417 pic.twitter.com/dRBadodVRc
— Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) May 11, 2020
En un video que circuló a través de las diversas redes sociales y que se transmitió de forma original en la plataforma Periscope, se observa cómo Sánchez Cordero Dávila conversa con el ahora gobernador Jaime Bonilla Valdez, al cual la funcionaria federal le indicó que dicha ley de amplitud de mandato va a “pervivir”.
El encuentro se dio luego de que el mandatario estatal rindiera protesta. Fue entonces cuando Sánchez Cordero Dávila le presumió sus declaraciones a la prensa. “Ahorita acabo de hacer una declaración importante. Me dijeron: ¿es legal los 5 años? Les dije: es legal porque la norma está vigente y es una norma que está así”, agregó la funcionaria federal.
“Estábamos en un debate estrictamente jurídico, de hecho lo dije yo así, es un debate jurídico. Una cosa es legal y otra cosa es constitucional, entonces, es legal, sí, porque la norma es vigente, es inconstitucional o no, eso lo tiene que determinar el Tribunal Constitucional del Estado mexicano”, dijo Sánchez Cordero Dávila, para luego acotar que “fue una opinión mía”.
“¡Es todo lo que necesitamos, aunque no nos den los cinco años, con eso tengo!”, exclamó Bonilla Valdez. Alguien aplaudió, mientras Sánchez Cordero Dávila respondió con una sonora carcajada. No obstante, la SEGOB dijo que el video “no fue autorizado” para su difusión en redes sociales.
Otra muestra del proyecto de Morena.
Ahora @M_OlgaSCordero dejó de lado la ley para sumarse al proyecto de reelección de Bonilla.
Exigimos una explicación oficial de su doble discurso. pic.twitter.com/mH00axZ9Lh
— Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) November 1, 2019
La secretaria de Gobernación se sumó a la discusión aclarando que la “Ley Bonilla” es legal, porque hay una norma vigente del Congreso bajacaliforniano. “En relación al asunto del Gobernador de Baja California @Jaime_BonillaV, que inició funciones en el primer minuto de este viernes, mi postura ha sido muy clara”, dijo en su cuenta de la red social Twitter.
“Soy respetuosa de las jurisdicciones y declaré que es legal, porque hay una norma vigente del Congreso del estado que así lo establece. El problema radica en quién está legitimado para promover la acción y en su caso será la @SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) quien decida”, tuiteó Sánchez Córdero Dávila.
Antes, en el marco de la toma de protesta de Bonilla Valdez, la titular de la SEGOB declaró que la ampliación del mandato del gobernador bajacaliforniano es legal porque el Congreso de dicha entidad emitió la norma y está facultado para hacerlo.
En una posterior entrevista para W Radio, Sánchez Cordero Dávila aseguró que ella no se dio cuenta que la estaban grabando. “Soy muy ingenua en el tema de las redes sociales. No me di cuenta de que me estaban tomando video. Acuérdate que yo soy de la era de piedra”, dijo.
“Estábamos en una esgrima jurídica, eso era todo, luego hablé sobre mesas de justicia, yo no tengo nada que esconder y como dice el presidente benditas redes sociales”, abundó la funcionaria federal. Tres meses antes, Sánchez Cordero Dávila dijo que la ampliación de mandato en Baja California era inconstitucional.
No obstante, dijo que la Federación debe ser respetuosa de las disposiciones soberanas de los estados. “Yo voy a respetar tanto lo que hizo el Congreso, aunque en mi opinión como ministra en retiro, sí puedo decir, ya no como secretaria de Gobernación, es que se trata de una reforma inconstitucional”, señaló entonces.
El 17 de julio del 2019, la titular de la SEGOB señaló que de los recursos que se han interpuesto contra la reforma para ampliar el mandato, “Lo políticamente correcto y lo jurídicamente correcto es la interposición de las acciones de inconstitucionalidad y de los medios de impugnación que se tiene al alcance a través de las instituciones del Estado y de los poderes públicos”, recalcó.
