Como antes lo hiciera el sector gastronómico, este martes 26 de mayo de 2020, el sector turístico y el de comerciantes de Tijuana expresaron su rechazo contra la reforma a la Ley de Salud de Baja California. Disposición con la que tendrán que pagar una licencia sanitaria para operar.
La iniciativa fue aprobada por la mayoría de Morena y partidos afines el 11 de mayo pasado, y establece que los rastros, albercas y baños públicos, centros de reunión y espectáculos, así como establecimientos dedicados a la prestación de servicios estéticos, como peluquerías y salas de belleza o masaje, y los dedicados al expendio de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, requerirán licencia sanitaria.
Además de éstos, también tendrán que tramitar la licencia los establecimientos de hospedaje, funerarias, transportes de carga de alimentos y perecederos, centros de desarrollo infantil, así como los que presten servicios de asistencia social.
Ante ello, el presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, Gilberto Leyva, señaló que el sector no está en contra de que se tomen medidas sanitarias, pero consideró que “una sobrerregulación y nuevos cobros en estos momentos, puede impactar de manera importante a diversos sectores”.
En un comunicado, destacó que los prestadores de servicios turísticos ya implementan medidas sanitarias contra el virus SARS CoV2 (COVID-19) tanto para proteger a sus empleados como a los clientes
Agregó que el sector turístico tiene una caída de alrededor del 90%, y “va a ser muy difícil una reactivación”, la cual no se contempla para este año, por lo que, un nuevo cobro por concepto de licencia parecería más un obstáculo, cuando en este momento se requieren apoyos y flexibilidad por parte de las distintas instancias de gobierno.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tijuana, Jorge Macías, también se pronunció en contra de la citada reforma que contraviene la tan prometida mejora regulatoria gubernamental, aspecto que una y otra vez ha venido insistiendo la Cámara de Comercio ante los tres niveles de gobierno y el propio legislativo federal y estatal.
“Este exceso de regulaciones, duplicidad de medidas, cambios constantes a las mismas y el burocratismo que implica su cumplimiento es de las losas más pesadas que viene ahogando al empresariado de todos los tamaños, mermando sus capacidades operativas, productividad y competitividad, significando también un alto costo administrativo para los negocios formales”, concluyó el presidente Canaco.
“Es intolerable ya tal cúmulo de regulaciones y disposiciones, cuando lo que en estos momentos realmente requiere el sector empresarial es el respaldo, apoyo e incentivos de su gobierno para la activación de los negocios cerrados al retomar la nueva normalidad”.
Expuso que las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas que hoy atraviesan por una delicada situación, y se encuentran en riesgo de cierre de operaciones definitivo.
Asimismo, consideró inaceptable la actitud de legisladores bajacalifornianos, que hasta el momento no han tomado en cuenta a los sectores detonantes de la economía en la región.
En entrevista con ZETA, Gina Villalobos, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Tijuana se sumó al rechazo de esta reforma, toda vez que la disposición no fue cabildeada con el sector privado y se desconoce cuál es el objeto que se va a regular.
La Comisión de Salud no ciudadanizó la propuesta, no nos consultó como cámaras y si tomamos en consideración que Cofepris ya regulaba algunos giros que eran de su competencia, no sabemos a ciencia cierta cuál es el objeto del porqué sobre regular a los establecimientos.
Refirió que en la última fracción del artículo 153 de la Ley General de Salud deja un margen para que se incluya a criterio de la autoridad otros giros aparte de los que establecieron en la reforma, lo cual genera “mucha incertidumbre” de qué se trata máxime cuando la Federación ya emitió la normatividad de los protocolos de seguridad a seguir en cualquier establecimiento.
A propósito de las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Salud, Montserrat Caballero, en el sentido de que se acabaron los tiempos en los que los legisladores iban a tocar pedir permiso a los empresarios; la líder de los comerciantes pequeños consideró como “fuera de lugar” lo expresado por la diputada.
“Las Cámaras somos órganos de consulta y la ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones nos obligan a defender los intereses de los sectores organizados”, apuntó y agregó que todo trámite de licencia tiene un fin recaudatorio.
