El secretario General del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac, Miguel Ángel Badiola Montaño adelantó que los restauranteros interpondrán un amparo contra la reforma a la Ley de Salud recientemente aprobada por el Congreso local.
En entrevista con ZETA, indicó que ya preparan la estrategia jurídica luego de que la disposición que los obligará a tramitar una licencia sanitaria ante el gobierno estatal fue publicada en el Periódico Oficial el pasado 15 de mayo pasado.
“El sector restaurantero se encuentra molesto y preocupado por la propuesta de la Comisión de Salud del Congreso de Baja California, en la que pretenden aplicar un nuevo cobro a los establecimientos, de por sí, afectados con la crisis económica que ha desatado la pandemia de coronavirus”, señaló y consideró que la nueva disposición sería “un tiro de gracia”.
Indicó que la gran mayoría de los establecimientos cerraron cuando comenzó la fase 2 de la emergencia sanitaria, y los pocos que se mantuvieron operando lo hacen a su mínima capacidad.
“Hemos comentado que después de esta contingencia, entre 30% y 35% de los negocios podrían ya no abrir sus puertas, porque ha sido muy difícil sostenerse sin tener ingresos, y todavía los diputados pretenden aplicar otro impuesto, me parece increíble”, subrayó.
Explicó que la iniciativa de la Comisión de Salud reformó los artículos 2, 149, 150, 153 y 153 BIS de la Ley de Salud Pública del Estado para que 10 giros comerciales tramiten una licencia sanitaria, con un costo que aún no se especifica.
Los giros son: expendios de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas; los que presten asistencia social; los rastros; las albercas y baños públicos; centros de reunión y espectáculos; así como los dedicados a la prestación de servicios estéticos como peluquerías, salas de belleza o masaje.
Además, de los servicios que prestan servicio de hospedaje; funerarias; los transportes de carga de alimentos y perecederos; y los centros de desarrollo infantil.
Abundó que si bien, el dictamen de la Comisión de Salud no menciona aún un cobro específico de esta licencia, señala que será conforme a lo que disponga la Ley de Ingresos del Estado, la legislación fiscal y los acuerdos que celebren el Ejecutivo federal y las autoridades sanitarias del estado.
“Estamos de acuerdo en generar una bitácora de seguimiento y regulación sanitaria en todos los establecimientos, y que la autoridad correspondiente coadyuve auditando esos procedimientos, de la mano de la propia cámara, pero no a imponer un nuevo pago de permiso cualquiera que este sea”, afirmó Badiola Montaño.
Consideró que la industria gastronómica ya está “bastante sobre regulada”, como para enfrentarse a más contribuciones en este momento de crisis.
Por el contrario, dijo, lo que se busca es conservar los 200 mil empleos que se generan en la entidad, a través de los 10 mil establecimientos de elaboración de alimentos que existen, según datos del INEGI.
El líder del sector restaurantero hizo un llamado a los diputados locales y al Ejecutivo a reconsiderar su intención de cobrar una licencia más a los establecimientos, ya que se trata de incentivar la economía, severamente golpeada por la contingencia sanitaria, y no de hundirla aún más. (Julieta Aragón)
