Los diputados del Congreso del Estado suspendieron el pasado miércoles 13 de mayo la recepción de trámites, con el argumento de que no se recibirá este tipo de documento por la propagación del COVID-19.
Uno de los trabajadores que se encuentra en la unidad informó que la instrucción es que será hasta el 1 de junio cuando reanuden las operaciones, antes no, respondió a quienes intentaron tramitar un juicio político.
Tras la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de invalidar la reforma al Artículo Octavo Transitorio, mediante el Decreto 351, para ampliar el periodo de la gubernatura del actual mandatario Jaime Bonilla Valdez, dos agrupaciones civiles han intentado promover juicio político en contra de la XXII Legislatura.
Han sido tres los organizamos a quienes se ha rechazado el trámite: Artículo 39 PRO BC que lo presentó el 12 de mayo; el Comité Ciudadano de Fiscalización y Denuncia (COCIFIDE) el jueves 14 de mayo.
La solicitud de juicio presentada por Artículo 39 PRO BC iba contra los 21 diputados estatales de la XXII Legislatura y tres ex presidentes municipales.
Ex legisladores
Rocío López Gorosave, PRD
Iraís María Vázquez Aguilar, PAN
Victoria Bentley Duarte, PAN.
Alfa Peñaloza Valdez, PAN
Mónica Hernández Álvarez, PAN
Trinidad Vaca Chacón, PAN
Blanca Patricia Ríos López, PRI
Claudia Josefina Agatón Muñiz, PT
Raúl Castañeda Pomposo, PAN
Carlos Torres Torres, PAN
Alejandro Arregui Ibarra, PRI
Bernardo Padilla Muñoz, PRI
Ignacio García Dworak, PAN
Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, PRI.
Job Montoya Gaxiola, MC
Catalino Zavala Márquez, MORENA.
Víctor Manuel Morán Hernández, MORENA.
José Antonio Casas del Real, Transformemos
José Félix Arango, PAN
Sergio Tolento Hernández, PAN
Édgar Benjamín Gómez Macías
Ex alcaldes
Nereida Fuentes González, PRI, Tecate
Mirna Cecilia Rincón Vargas, PAN, Playas de Rosarito
Marco Antonio Novelo Osuna, PRI, Ensenada
El representante estatal de los organismos empresariales recordó que,
en el caso de Ensenada, se han presentado denuncias contra ex alcaldes como Enrique Pelayo y Gilberto Hirata, sin embargo, siguen libres y no pasa nada.
La COPARMEX trató de presentar un “extrañamiento” a la XXIII legislatura porque su trabajo no está fundado y motivando en los más grandes intereses, preocupaciones y angustias de los ciudadanos, dicta el documento el cual no fue recibido.
Reconocieron la labor de médicos como de enfermeras ante la pandemia y sugirieron a los diputados ver y seguir ese ejemplo de trabajo.
“Vemos que la agenda legislativa ha estado enfocada en temas que no coinciden con las necesidades de BC, en temas esenciales y de vida o muerte para muchas personas”.
Propusieron a los servidores públicos crear mecanismos para mitigar los fallecimientos, el desempleo y protección a los sectores vulnerables.
Implementar mecanismos para salvaguardar la salud de los ciudadanos, ya que al 13 de mayo el sistema de salud de Baja California está colapsado.
Aportar su gasto social y de módulos de 400 mil mensuales por diputado a cubrir suministros médicos a personal de hospitales, camas y ventiladores.
Identificar y reasignar ahorros y subejercicios del presupuesto para priorizar en la pandemia y Hacer recorte de personal como ya lo hizo el Gobierno Federal.
