Si el Congreso de la Unión no modifica la propuesta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se le estaría entregando “un cheque en blanco” al mandatario, con el que podría reorientar más de 300 mil millones de pesos, indicó el diputado de Encuentro Social, Héctor Cruz Aparicio.
“Lo que a nosotros nos preocupa es que (a la reforma) no la acompaña un plan de acción y que no está delimitado a cierto tiempo. Eso quiere decir que si él no presenta un plan y nosotros se lo aprobamos como viene, él pudiera agarrar ese recurso y reorientarlo a proyectos de infraestructura”.
“La postura de Encuentro Social y la mía es votar en contra si la Comisión de Presupuesto no genera un dictamen que permita enfrentar la crisis de salud y rescatar la economía del país, que está golpeando muy duramente a las familias y al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs)”, afirmó.
En entrevista con ZETA, Cruz Aparicio explicó que actualmente la Ley permite que el Ejecutivo pueda reorientar hasta el 5 por ciento del presupuesto aprobado por el Congreso, es decir, alrededor de 300 mil millones de pesos.
Ante la caída de ingresos que está teniendo el país derivada de la pandemia de coronavirus y la reducción de los precios del petróleo, el legislador estimó que podría tratarse ya de “un boquete financiero”. En medio del cual, “se puede leer entre líneas que el Ejecutivo pretende blindar con el presupuesto que se tiene sus 38 programas prioritarios”, sin embargo, solo uno de ellos es para compra de medicamento y equipos de salud, cuando en estos momentos ese rubro es prioritario.
Expuso que los 38 puntos que el mandatario considera prioridad, entre los que se incluyen los programas sociales para el Bienestar y los proyectos de infraestructura, como la construcción del Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y la refinería Dos Bocas, entre otros, requieren más de 38 mil millones de pesos.
Pero “no es posible que los recursos se vayan primero a la construcción de una refinería antes que a un equipamiento de un hospital. Eso no va a pasar, por lo menos no lo vamos a permitir los diputados”, aseveró la tarde de este 1 de mayo, luego de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Baja California contra el presidente municipal Arturo González Cruz por falta de aditamentos médicos para proteger a la Policía de Tijuana contra el COVID-19.
“En una situación de emergencia no podemos discrecionalmente permitirle (a AMLO) que los oriente, que si son prioritarias para él no son urgentes ante lo que está viviendo el país”, sostuvo.
Aunque dijo no estar en contra de los programas sociales, Cruz Aparicio acotó que éstos deben ir acompañados de un programa económico de rescate a las MiPyMES, toda vez “que los programas de Bienestar no generan empleo” y una vez que termine la emergencia sanitaria habrá una gran pérdida de empleo.
“Ahorita no la podemos dimensionar, pero van a ser millones de empleos perdidos. Ya van cientos de miles de empleos, no sólo en Baja California, que se están perdiendo, sino a nivel nacional”.
El dinero que va encaminado a los programas de Bienestar viene de la recaudación que tiene el gobierno federal, de modo que, “no va a haber recaudación si no tenemos quien genere empleos”, consideró.
“Nos preocupa que solamente se esté pensando en dar dinero a sectores vulnerados -que yo no estoy en contra de eso- pero tiene que haber una justa medida, porque al rato no vamos a tener dinero ni para eso”, agregó.
Horas antes, Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que se había reunido con Mónica Fernández Balboa, presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, para consultar a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud federal, quien les recomendó no realizar sesiones extraordinarias en las siguientes dos semanas, dado que el próximo 6 de mayo será el pico de la pandemia.
Con ello, quedaría en espera la reunión de los integrantes de la Comisión Permanente para convocar a un período extraordinario, para que ambas cámaras discutieran y votaran la iniciativa presidencial, que anula las atribuciones de contrapeso del Congreso de la Unión para el control del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Cabe señalar que 37 legisladores conforman la Comisión Permanente, de los cuales 24 son de Morena y sus aliados, mientras que el resto es de la oposición, por lo que es necesario que haya dos terceras partes a favor (25) para que se apruebe el periodo extraordinario.
No obstante, de acuerdo con Cruz Aparicio la Comisión de Presupuesto sí podría llevar a cabo una sesión remota o presencial -observando los protocolos sanitarios- en los próximos días, para analizar la propuesta presidencial, y elaborar un dictamen que podría ser validado por dicho organismo legislativo, para luego pasar al pleno.
La propuesta de AMLO fue enviada el pasado 23 de abril, y con ella pretende, de forma discrecional, realizar las modificaciones presupuestarias que considere necesarias para afrontar la crisis económica derivada por la pandemia del coronavirus SARS CoV2 (COVID-19).
Asimismo, pretende agregar el artículo 21 Ter a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria e incluir un transitorio para establecer un procedimiento bajo la figura de “emergencia económica”, sin precisar el concepto, quién lo determinará o por cuánto tiempo estaría vigente.
