El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Carlos Jiménez Ruiz, exigió que el cateo realizado este viernes 8 de mayo a la residencia del ex gobernador Francisco Vega ubicada en el fraccionamiento Cumbres Juárez, en Tijuana, B.C., derive en “resultados contundentes” y no termine siendo mera estrategia mediática.
“Ya dejémonos de cuestiones mediáticas, porque ahorita no hay pretexto”, dijo el líder partidista, quien agregó que “el gobierno del estado, como el gobierno federal, tiene las instituciones de procuración e impartición de justicia bajo su mando, entonces lo que exigimos es que con estos operativos haya resultados, para que se proceda legalmente en consecuencia”.
En entrevista con ZETA, indicó que a su modo de ver no está del todo claro por qué presuntos delitos se llevó a cabo el operativo. Dijo tan sólo saber que obran denuncias en contra del Vega de Lamadrid como de su esposa Brenda Ruacho de Vega.
Contra el ex mandatario existe una denuncia por presunto desvío de mil 586 millones de pesos, en tanto que en lo referente a Ruacho de Vega, quien fue presidenta del patronato del DIF, hay otra por presunta administración fraudulenta.
“Lo que exigimos es que se determine y se finquen responsabilidades ante órganos de impartición de justicia para que ellos tengan oportunidad de argumentar en su defensa lo que puedan argumentar y que haya un debido procesos”, manifestó Jiménez Ruiz.
Observó que así como en el curso del actual gobierno del estado, encabezado por Jaime Bonilla Valdez, se han emprendido investigaciones de esa índole, del mismo modo, tampoco deben quedar rezagados asuntos las supuestas aportaciones económicas que habrían recibido por colaboradores del gobernador (la ex secretaria de Bienestar Cynthia García y el ex oficial mayor, Jesús Núñez), quienes previo a la entrada de esta administración las habrían recibido por parte de empresarios a cambio de contratos de proveeduría con el estado.
“La misma exigencia es para un caso como para el otro, es decir, con la vara que midas tienes que medir a los tuyos también, entonces la exigencia en el asunto de los moches que está ciertamente en el archivo del olvido están tan obligados a revivirlo y a decir cuál fue el resultado de las indagatorias para ver quién salió responsable y qué sanciones van a aplicar”, expresó.
Finalmente mencionó que en caso de que la diligencia emprendida hoy por elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y otras áreas afines, no constituya un mero distractor, “toda vez que el lunes se resuelve el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de determinar la duración de la gubernatura (de Bonilla Valdez), la cual resultó de un proceso en el que la gente salió a votar para un periodo de dos años (y no de cinco, como se pretende que sea en virtud de una reforma sobre la cual obran distintas acciones de inconstitucionalidad)”.
