La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ensenada solicitó al Cabildo de esa ciudad frenar el proceso e aprobación de la reforma a la Constitución de Baja California que permitirá que diputados, alcaldes, síndicos y regidores puedan reelegirse sin separarse del cargo.
El pasado 11 de mayo, la mayoría de diputados de Morena y afines a ese partido avalaron la reforma a los artículos 78 y 80 de Constitución del estado, con lo que inició el proceso para que al menos tres de los cinco Ayuntamientos la convaliden, y de ese modo pueda publicarse y estar vigente.
Ante ello, el presidente de la Coparmex Ensenada, Martín Muñoz Barba, presentó un escrito al XXIII Ayuntamiento de Ensenada para solicitarle al Cabildo que, sin omitir los protocolos de salud y sana distancia, convoquen a regidores, síndico y presidente municipal, para dar trámite al proceso legislativo, a efecto de no permitir se dé el supuesto aceptación tácita -afirmativa ficta- que prevé del párrafo segundo del Artículo 112 de la Constitucional Local.
Con ello, también hizo un llamado a los regidores a la reflexión para evitar otro atropello contra de la democracia y a impedir otro fraude a la Constitución, como ya se intentó con la llamada “Ley Bonilla”, recientemente desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se espera y se exige -dijo el líder empresarial- que el resultado de la votación de los integrantes del Cabildo sea de contundente rechazo a la impropia e inoportuna reforma constitucional votada por los diputados morenitas y sus aliados con el fin de otorgarse el beneficio de seguir en el cargo disfrutando de prerrogativas económicas mientras hacen campaña para reelegirse.
En un comunicado, lamentó que “los diputados antepusieron cínicamente sus intereses personales, priorizando una agenda política para reelegirse sin pedir licencia de sus cargos para el proceso electoral 2021”.
Los diputados pretenden obtener ventajas inmorales durante las campañas, ya que mientras ellos buscan mantenerse en sus puestos ganando salarios onerosos y disponiendo de otras prerrogativas económicas como partidas para “atención social”, viáticos, personal de apoyo y compensaciones, sus oponentes tendrán que competir sin todos esos recursos, lo que atenta en contra la democracia.
En su opinión, los esfuerzos legislativos y de todo servidor público deberían enfocarse en atender la contingencia sanitaria, reorientar y modificar presupuestos que ayuden a prevenir los contagios y evolución de la pandemia, mantener una red integral de infraestructura hospitalaria, brindar tratamiento médico adecuado a las personas que lo requieran, y crear un plan estratégico de reactivación económica y no de satisfacer sus ambiciones políticas.
