El 10 de mayo muchas personas celebramos el Día de las Madres en México; pero ante el contexto actual que plantea la pandemia mundial, esta vez tuvimos que honrar a las mamás da manera distinta a lo acostumbrado: prácticamente en privado o a la distancia, con ayuda de las tecnologías, para evitar ponerles en riesgo de contagios por el virus que nos azota como humanidad en más de un sentido.
Así como cambiamos las maneras de celebrar, también los movimientos de víctimas convocaron a una movilización digital, para suplir las marchas que desde hace varios años realizan las madres que exigen verdad y justicia en la búsqueda de sus hijos e hijas desaparecidas. Porque no todas las madres en México reciben flores, regalos, pasteles o mensajes de felicitaciones de quienes nacieron de ellas.
Aunque -de acuerdo con las cifras oficiales- existe una reducción de aproximadamente un 60% en las desapariciones del 2017 al 2019, este fenómeno continúa sucediendo, y en muchos de los casos lleva a que las familias de la persona desaparecida emprendan una búsqueda independiente a la de las autoridades. Y casi siempre son las madres las que buscan.
El 6 de enero del presente año, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas publicó su informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, en el que se señala que hasta el 31 de diciembre de 2019, había 61 mil 637 personas no localizadas y desaparecidas en todo México; por otro lado, en este indicó que en los últimos 60 años se registraron un total de 147,033 personas desparecidas y no localizadas, de las cuales 2,848 pertenecen al estado de Baja California, donde igualmente se muestra la existencia de seis fosas clandestinas.
Durante mi gestión al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California, se documentó que la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California contaba con un registro de 8,220 denuncias de personas desaparecidas y no localizadas; se trabajó con diversas personas activistas en el tema, se recibieron quejas de varias decenas de familias y se emitió la Recomendación No. 8/2018 buscando hacer justicia por las víctimas.
Otro de los mecanismos de apoyo en este tema es el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, el cual ayuda a los familiares de las personas desaparecidas a averiguar la suerte y el paradero de dichas personas. Este recibe y examina los informes sobre desapariciones presentados por las personas afectadas y, tras verificar si esos informes cumplen determinados criterios, transmite los distintos casos a los gobiernos de que se trate, pidiéndoles que realicen indagaciones y que le informen sobre sus resultados.
Este último ha observado en México que el ejército y la policía son diferentes, y por lo tanto los operativos militares desplegados en el contexto de la seguridad pública deberían ser estrictamente restringidos y adecuadamente supervisados. Toda vez que el personal militar está entrenado para enfrentar fuerzas extranjeras enemigas y no para realizar actividades propias de la policía o interactuar con civiles. Por ello, ha recomendado al gobierno de México en varias ocasiones que considere a corto plazo el retiro del Ejército de las labores de seguridad pública, toda vez que no está facultado para dicha labor.
Bajo esta misma tesitura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, han manifestado una serie de preocupaciones con relación a la Guardia Nacional, destacando que esta no brinda garantías de no repetición respecto de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares en el pasado, entre estas las desapariciones forzadas; la indebida regulación de los alcances de la jurisdicción militar y la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad.
Por otra parte, en días pasados en medios de comunicación nacionales circuló la noticia de que la ONU le pidió al gobierno revisar el decreto que amplía facultades de las fuerzas armadas.
Así como esa, muchas voces se estarán escuchando en relación al tema en los días que corren pues resulta ampliamente polémico. A la par y en silencio, muchas madres seguirán buscando con picos y palas a esos hijos o hijas que algún día les llamaron “mamá”. Va mi abrazo solidario en la distancia por esas grandes madres, por la justicia y la paz.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California
Correo: melbaadriana@hotmail.com
