El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el que dio revés a la llamada “Ley Bonilla” este lunes 11 de mayo, con la cual ampliaban el mandato de gobierno de Jaime Bonilla a cinco años, fue aplaudido por presidentes y coordinadores de distintas agrupaciones Tijuana, quienes además solicitaron juicio político a los diputados que aprobaron la ampliación. Asimismo, lamentaron las expresiones del gobernador, al decir que podría pedir licencia para apoyar al que sea candidato en la campaña electoral del 2021.
El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California (CCSPBC), Juan Manuel Hernández Niebla, externó que el fallo de la SCJN es una “bocanada de aire fresco para la democracia y fortalecimiento del Estado de derecho”, reconoció que lo dicho por los magistrados fue acertado, y consideró hubo violaciones a la Constitución Mexicana.
Agregó que debería revisarse si es viable un juicio político y cuestionamiento serio tanto al Congreso anterior como al actual, quienes validaron la reforma para ampliar la gubernatura, y a quienes la SCJN les envió el mensaje de que las leyes deben ser respetadas y se tiene que respetar la voluntad e intereses de los baja californianos.
Al ser cuestionado sobre las declaraciones de Bonilla Valdez hechas al portal de noticias AFN, donde dejo ver la posibilidad de pedir licencia al cargo, si se lo solicitaba Morena para apoyar al candidato en su campaña durante el año 2021, manifestó: “Le solicitaría al gobernador que los bajacalifornianos lo elegimos, y el hecho de que sea un periodo de dos o de cinco años, no cambia el juramento que hizo de trabajar a favor de los baja californianos. Ojalá que el gobernador Bonillo cumpla con el término de su mandato y trabaje en los puntos buenos que ha venido trabajando”.
Mario Armando Baylon Rebelin, coordinador del Grupo 21, celebró que se mantenga el Estado de derecho y se respete el periodo para el cual Bonilla Valdez fue votado y electo.
Recordó que uno de los argumentos utilizados para ampliar la gubernatura, era que en dos años no se podían lograr muchas cosas, por lo que mencionó que en la entidad han existido gobiernos que han durado menos tiempo, y dieron buenos resultados.
“Creo que cuando se tiene el oficio político, va más allá de los intereses personales de cualquier actor político, él debería terminar su periodo, tiene muchos temas que sacar adelante, entonces creo que lo conducente es que concluya cómo debe ser… La función pública debe ser un compromiso político, social, personal y ético de hacer el trabajo según el cargo que le fue conferido, los gobernantes deben cumplir sus funciones para todos y no sólo para algunos actores políticos”, puntualizó.
Por parte del coordinador del Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI), Carlos Atilano Peña, dijo que por parte de su agrupación siempre buscaron que se estableciera la inconstitucionalidad de la reforma que ampliaba la gubernatura, por lo que el falló de la SCJN vino a reivindicar el derecho al voto de la ciudadanía porque todos votaron por un periodo de dos años y no de cinco.
“Creo que el comentario de una de los ministros que calificó la reforma como indignante, fue un mensaje muy terrible para los diputados y el Congreso local, quienes establecieron esta reforma para ampliar la gubernatura, tanto la legislatura pasada como la actual, porque llevaron a cabo una consulta completamente al margen de la ley y la Constitución para tratar de legitimar esta reforma; le dieron un uso muy perverso a las instituciones para validar tres años más de gobierno a Bonilla sin que fuera así en las urnas”, indicó.
Atilano Peña enfatizó que este revés dejó un precedente local pero con trascendencia nacional para evitar la intención de reelegirse o actitudes autoritarias y dictatoriales. Se dijo esperanzado que lo ocurrido con el tema de la Ley Bonilla, sirva de aprendizaje a los políticos involucrados para no utilizar las instituciones para el bien común de un grupo político.
“Va a pasar a la historia el gobierno de Jaime Bonilla, como el gobierno que quiso robarse tres años más, de una manera ilegal, y eso va a ser una marca y una mancha que no se van a poder quitar, sobre todo para los diputados que están intentando reelegirse, yo creo que el mensaje de los ciudadanos es no darles otra oportunidad”, sentenció el coordinador de COCI.
Sobre la posible licencia de Bonilla Valdez, en tiempos electorales, señaló que es una ilegalidad porque un gobernador no puede pedir licencia para ser parte de una campaña política, porque no está contemplado en la ley, únicamente pedir licencia para alcaldes y diputados. De hacerlo, dejaría en claro que está dispuesto a proteger los intereses ajenos a Morena y a la población de Baja California.
Luís Dugay Pedroza, coordinador de la Agrupación Política de Baja California (APBC), celebró la resolución, después que se había violentado la soberanía del pueblo bajacaliforniano cuando votaron por Bonilla Valdez por dos años, y en el Congreso local, en donde no radica el poder electoral, hicieron la reforma para la ampliación de la gubernatura.
“Juicio político para los diputados que todavía están en un cargo, tal es el caso de Víctor Manuel Morán que se reeligió y llevó la iniciativa de la ampliación de la gubernatura.
A los que ya no están en cargo, se les puede aplicar una acción penal directa, porque hay una responsabilidad”, opinó Dugay Pedroza.
Por su parte, el presidente del Grupo Madrugadores de Tijuana, Mario Octavio Fausto García Cardona, dijo que respaldan la resolución de la Suprema Corte, porque están a favor de la legalidad y de que se respete lo que dicta la Constitución, pero, resaltó que no ponen en duda el desempeño de Bonilla Valdez, sino que, cuestionan la manera en cómo se desempeñaron los legisladores involucrados en la ampliación.
“Fue una maniobra de los anteriores diputados, esto nos abre los ojos a algo improcedente desde el momento de su aprobación, definitivamente era algo que si ya estaba acordado tiempo atrás, se tuvo que respetar la Constitución”, puntualizó García Cardona.
