A la llegada del Gobierno Federal de Andrés Manuel López Obrador, una de sus primeras determinaciones fue la desaparición del Seguro Popular, programa iniciado en la administración del panista Felipe Calderón Hinojosa; este programa está casi extinto, de no ser por trabajadores que aún no son liquidados.
Tras el anuncio de la extinción de este programa federal y con operación en los estados, la mayoría de las entidades dejaron sin atención a los empleados destituidos; en cambio, en Baja California Sur se determinó signar un convenio de liquidación, mismo que no ha podido ser respetado debido a la llegada de la pandemia del coronavirus.
“Los días 29 y 30 de enero se firmaron convenios ante La Junta Local de Conciliación y Arbitraje, representante legal del Instituto de Servicios de Salud y aproximadamente 30 trabajadores del casi extinto Seguro Popular del Estado, todavía a cargo de la Dra. Ana Luisa Guluarte Castro. Trabajadores de los cinco municipios del estado, que laboraron hasta el día 31 de diciembre 2019 en oficinas administrativas del Seguro Popular, módulos de afiliación y gestores, firmaron convenios donde se estipularon importes y fechas de pago”, así lo dieron a conocer los trabajadores a través de una carta dirigida a ZETA.
Según el acuerdo firmado con cada uno de los trabajadores, el primer pago -de diez- sería el pasado 03 de abril de este año, sin embargo, no quedó cubierto el primer pago como se había estipulado.
En el convenio aparece el pago total y cómo se dividiría en diez pagos, con descuento de ISR o no; pero ya quedó establecido que, por cada día que no se cumpla, el convenio ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje establece el pago de hasta 300 pesos por cada día de mora.
La denuncia de los trabajadores indica que en la Secretaría de Salud no les pagaron porque había errores en los cheques, además de que les quieren dar menos de lo establecido.
“Nos piden comprensión debido a la situación en que estamos, pero nosotros no tenemos empleo; además de que se nos dijo que el convenio diferido en 10 pagos sería completo, ya que nos querían descontar el ISR del pago, pero el acuerdo era que se descontara ese impuesto. Pero con pago de una exhibición, ni una ni otra cumplieron”, dijo uno de los trabajadores despedidos.
Afirman que las autoridades laborales están a favor de los trabajadores, pues dicen que una vez establecido el convenio no hay manera de modificarlos, tal cual lo está haciendo el patrón, el cual se ha responsabilizado hasta el momento (Secretaría de Salud).
“Hemos tenido acercamiento con el Lic. Ángel César Serrano de Recursos Humanos y solo nos da argumentos, como que el administrador, el C.P. Renato Carlos Cuevas López, tiene coronavirus y no está laborando, y que no hay personal que tenga facultades para tomar decisiones ante el tema de nuestros pagos; pero asegura que tienen los recursos. Derivado de la emergencia sanitaria, hemos tenido contacto vía telefónica con el personal de guardia de la Junta de Conciliación y la Procuradora General de la Defensa del Trabajador, y ambas instituciones nos dicen que se debe dar cumplimiento a los importes y fechas fijados en los convenios. El patrón no puede de forma unilateral cambiar esos datos”, indicaron.
La Secretaría de Salud afirmó a ZETA que los trabajadores están siendo atendidos y que nunca se les ha dejado de lado, como sí ocurrió en otras entidades del país; que, aun siendo un programa federal, en Baja California Sur el Gobierno del Estado absorbió el asunto para que los trabajadores puedan tener atención.
Sobre el convenio, argumentaron que son los trabajadores quienes no aceptan se haga el descuento del ISR.
“Los compañeros aceptaron un convenio, pero se negaron a la retención del ISR (que es aproximadamente del 30 por ciento). El tema es que son procesos que no puede exentarse de pagos fiscales”, refiere la Secretaría.
Pero, como ya lo mencionaron los trabajadores, ellos aceptan que se haga el descuento de ISR, siempre y cuando se haga el pago en una sola exhibición; reiteran que así fue el convenio.
“Estamos desesperados. No sabemos a quién recurrir, no sabemos qué puerta tocar. Somos alrededor de 30 personas que quedamos sin trabajo de un día para otro, el sustento de nuestras familias, los ingresos que teníamos para hacer frente a nuestros compromisos desaparecieron, y lo único que teníamos seguro eran los pagos por concepto de liquidación. Nosotros también pedimos comprensión ante esta emergencia sanitaria sin precedentes”, solicitaron los ex empleados, en su comunicado.
El último pago que estarán recibiendo sería en el mes de enero del 2021 (así establece el convenio de pago).