Un juez federal admitió dos demandas de amparo contra el Acuerdo que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emitió el pasado 29 de abril, con el cual se frena el acceso de la electricidad generada mediante energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional.
La resolución del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones también concedió la suspensión provisional a los quejosos, sin embargo, no se informó para qué efectos.
En las demandas, los quejosos reclamaron la omisión de no evaluar la competitividad en el mercado de los Certificados de Energías Limpias antes de tomar tal decisión, así como la omisión de iniciar una investigación para conocer si existen o no condiciones de competencia en la materia, dio a conocer El Universal.
El rotativo reveló que uno de los quejosos es la empresa FV Mexsolar XI, que habría invertido más de cien millones de dólares en el parque solar en Perote Veracruz.
Cabe señalar que, según un reporte de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, el Acuerdo del Cenace pone en riesgo más de 6 mil 400 millones de dólares de inversión directa en 18 estados de la república mexicana, así como 29 mil 517 empleos en la cadena de valor de ambas tecnologías.
Ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la Secretaría de Gobernación y a la Consejería Jurídica de Presidencia revocar “de forma inmediata” el “Acuerdo por el que se emite la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional”, publicado el pasado 15 de mayo de 2020. Documento que está en línea con el Acuerdo del Cenace y que limita el uso de energías renovables en la generación de electricidad.
El organismo empresarial señaló que el Acuerdo emitido por la Secretaría de Energía viola “flagrantemente el marco constitucional y legal mexicano”, y constituye “un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones” en el país.
“La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumento de expertos, autoridades, representantes diplomáticas y participantes de la industria, atropella los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. No sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado”, expuso.
El CCE -encabezado por Carlos Salazar Lomelín- advirtió en el comunicado del domingo pasado que el sector privado, incluyendo generadores, comercializadores y consumidores de energía, agotará los recursos jurídicos que ofrece el orden constitucional mexicano, así como los acuerdos comerciales e instrumentos internacionales en vigor, para salvaguardar la integridad del Estado de Derecho en México y defender al sector energético mexicano como motor de desarrollo del país”.
El viernes, 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo mediante el cual la dependencia a cargo de Rocío Nahle asumió el control del Sistema Eléctrico Nacional, frenando las inversiones privadas en el sector eléctrico ya que se suspenden las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes de energía generada por parques eólicos y fotovoltaicos.
El mismo día, la embajada de Canadá en México señaló en una misiva dirigida a Nahlé que el Acuerdo pone en riesgo la operación y continuidad de proyectos de energía eléctrica de empresas canadienses en el sector de energía renovable.
Mientras que la Unión Europea expuso que el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), emitido en días previos al Acuerdo de la Secretaría de Energía, pero en línea con este último, podría afectar la inversión privada y extranjera en el país.
“Lamentablemente ha habido un acontecimiento adicional en el sector que ha aumentado nuestras preocupaciones y que hace la necesidad de una reunión con representantes gubernamentales relevantes sea incluso más apremiante hoy que nunca”, indicó Jean Pierre Bou, encargado de Negocios de la Delegación de la UE.
Así ambas representaciones diplomáticas solicitaron una reunión para expresar “sus preocupaciones”.
Con información de El Universal
