La iniciativa que pretende reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el Ejecutivo pueda reorientar sin restricciones el Presupuesto de Egresos, sería votada el 5 de mayo en una sesión extraordinaria del pleno de la Cámara de Diputados.
Así lo adelantó Mario Delgado Carrillo, líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en San Lázaro, además de asegurar que la Comisión de Presupuesto dictaminará la iniciativa el 4 de mayo. Luego de aprobarse en la Cámara de Diputados, la Comisión Permanente (instalada ante el fin del periodo ordinario de sesiones) convocaría al Senado de la República para hacer lo propio.
El 23 de abril, la Presidencia envío la iniciativa al Congreso, y, según justificó, la reforma pretende mantener proyectos prioritarios, fomentar la actividad económica y atender emergencias de salud y programas sociales ante la contingencia por COVID-19.
Ante el rechazo de la oposición y hasta del ex Presidente de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, Delgado Carrillo afirmó: “Si ellos se oponen a que se legisle, le están abriendo la puerta a que el Presidente haga de cualquier manera sus cambios sin consultar a la Cámara, para poner tal cual las cosas”.
El mismo día, 29 de abril, el Presidente Andrés Manuel López Obrador atacó a quienes critican la iniciativa tildándolos de conservadores, y atribuyó el rechazo a que “ya se van acercando las elecciones y ya todo lo quieren convertir en política, ya todo es electoral”.
Especialistas consultados por ZETA consideraron que, de prosperar la iniciativa, será “un retroceso” social, financiero y de gobernanza, al dar discrecionalidad al Ejecutivo para modificar el presupuesto de forma unilateral para otorgar recursos a programas “prioritarios” que el propio Presidente determina, así tendría un poder “omnímodo”.
Lamentablemente hemos observado que los programas que la actual administración considera prioritarios, son aquellos que obsequian el dinero a diversos sectores “sin mecanismos de recuperación (…), regresando al paternalismo”, señaló el abogado fiscalista Adolfo Solís Farías.
“Lo que esta iniciativa pretende, es que el gobierno pueda seguir regalando el dinero sin considerar que México vive, desde hace una década, un problema para sostener un sistema de jubilaciones y pensiones, y ahora tenemos que sostener los programas que traen clientela política, cuando en realidad lo que tendríamos que buscar como país es cómo transparentar y reorientar recursos para actividades prioritarias ante una emergencia y no para sostener caprichos personales sobre obras y proyectos”.
Esta iniciativa refleja que “el país no tiene la madurez para tener instituciones sólidas, seguimos actuando como hace 80 años, con un sistema presidencialista, donde todos los demás son un instrumento de obediencia del Ejecutivo, y eso en materia de economía y de confianza de las instituciones, trastoca los principios básicos que le dan libertad y crecimiento a un país”, complementó.
En su opinión, la opacidad que tendría el Presidente con esa iniciativa generaría desconfianza a los inversionistas sobre el ejercicio del presupuesto, con lo que podría profundizarse la crisis económica, al haber mayor desempleo y menor inversión.
Por su parte, el académico de la Universidad Autónoma de Baja California, Martín Vera Martínez, consideró que una reforma de ese calibre tendría que ser analizada a profundidad, con estudios técnicos y una visión a futuro de por lo menos 40 años, pero no parece que ocurrirá la próxima semana.
“El nivel de desconfianza en términos de manejo fiscal y de administración pública hacia la 4T es muy alto porque ha habido un desastre en las compras consolidadas de medicamentos y terminado en dos años el Fondo de Estabilización Presupuestal, que llevó mucho tiempo establecer”.
Aunque el Legislativo mexicano no modifica más allá del 10% del presupuesto que todos los años envía el Ejecutivo, es facultad de los legisladores, por lo que “es impresionante que se le quiera dar reversa a eso”, indicó el académico, quien lamentó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no se pronuncie al respecto, pese a tener el carácter de garante de la Constitución, ya que la propuesta amenaza al Poder Legislativo.
Para finalizar, el catedrático citó al constitucionalista Manuel Crescencio: “Lo peor que le puede pasar a la democracia es cuando quien encabeza el Estado confunde los intereses propios con aquello que debe representar, entonces mata a la democracia”.
